UVL Zulia
En hacinamiento e incomunicados con sus seres queridos quedaron los detenidos durante las manifestaciones contra Nicolás Maduro desde su arribo a los Destacamentos 113 de la Guardia Nacional Bolivariana, en Mene Grande, municipio Baralt; y en la sede del municipio Cabimas, estado Zulia, en el occidente venezolano. Las visitas de familiares y de abogados fue suspendida en las sedes militares hasta nuevo aviso.
Solo se les permite el ingreso de alimentos. Eso ha dificultado a los parientes verificar la condición de salud de los manifestantes y de los privados de libertad por delitos comunes. En el calabozo de 3X2 metros cuadrados, donde esperaban por su proceso judicial 35 detenidos en el comando militar de Mene Grande, se le sumaron el 23 de enero de 2019 ocho nuevos detenidos, a todos los capturaron en la avenida principal del sector Niquitao, en la parroquia Libertador de Baralt.
Los uniformados de Polibaralt, Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia, Policía Nacional Bolivariana y Comando Rurales de la Guardia Nacional dispersaron la concentración y detuvieron a ocho jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 18 y 24 años. Los acusaron de quemar la estatua del Comandante Hugo Chávez, en la plaza del sector El Venado; de destruir la sede del sindicato petrolero municipal SOEP y causar daños en la plaza del sector Pueblo Nuevo.
Samuel Contreras Blanco, alcalde de la localidad, aseguró en un boletín de prensa que tenían “identificados plenamente a algunos de los autores materiales y a los autores intelectuales de estas atrocidades, quienes trasladaron combustible y cauchos en vehículos particulares para quemar la sede del sindicato”.
Pese a que el procedimiento estuvo a cargo de policías, los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana asumieron la elaboración de las actas y de recluir a los ocho detenidos en su calabozo. Ese reducido espacio no cuenta con ventilación ni iluminación artificial ni natural. No existe la privacidad y deben hacer sus necesidades fisiológicas en el mismo lugar, dentro de un
tobo. Los encerraron con los privados de libertad por delitos comunes. A simple vista ninguno fue maltratado físicamente, detalló un familiar.
En la sede de Mene Grande permanecen aún dos de los manifestantes. Seis recibieron el 28 de enero de 2019 una medida cautelar y regresaron a su casa. Aún se trabaja para la liberación de los otros dos.
La situación de sobrepoblación la sufren los 24 de los 25 manifestantes recluidos en el Destacamento de Cabimas, en el grupo aprehendieron a una chica, de 19 años, y a esta la recluyeron en otra área del comando.
Los familiares denunciaron que los mantienen en un área no mayor a 6X6 metros cuadrados y con delincuentes comunes, entre todos suman una población de 50. No tiene acceso al agua, a un baño o a una ducha. La comida deben proporcionarla ellos y para asegurarse que se las entreguen le llevan una ración de alimentos a los guardias.
El jurista Raiber Carmona aseguró que no ha tenido acceso para verificar el estado de salud de sus defendidos dentro de los Destacamentos. Denunció que la jovencita necesita atención psicológica tras su liberación bajo régimen de presentación. “Se han logrado algunas libertades, bajo régimen de presentación periódica y presentación de fiadores. Pero se trabaja arduo para lograr en la fase de investigación la libertad plena de cada uno”.
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