En horas de la madrugada, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana irrumpieron en los pabellones que alberga a los reclusos que manifestaron
Equipo UVL Zulia
Sin importar las amenazas recibidas, los privados de libertad del Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado Rosales, ubicado en el sector El Marite, al oeste de Maracaibo, se unieron a la huelga de hambre convocada en todos los penales del país. Dos horas después de la manifestación, la Guardia Nacional ingresó a los calabozos que participaron.
Los dos vídeo circularon, a través de la cuenta @porlalibertad en TikTok, uno a la medianoche del domingo 9 de junio de 2024 y otro cerca de las 2:00 de la madrugada de este lunes 10 de junio. Aunque las imágenes de la protesta fueron grabadas en horas del día.
A los internos se les ve vestidos de amarillo, desplazándose en lo que sería el patio central del antiguo retén El Marite, mientras entonaban las notas del himno nacional.
La protesta se hizo a pesar de las amenazas, que según los familiares, recibieron los privados de libertad de que se le suspendería cualquier beneficio procesal a quien participara de la protestas, hasta ahora pacífica.
En conversación con algunos familiares, Una Ventana a la Libertad conoció que a la manifestación no se unió toda la población penal, muchos se negaron a participar por temor a represarias y castigos.
El reclamo de los internos se centra en solicitar a las autoridades que se les permita el acceso regular de alimentos y agua, traslado de los reclusos foráneos a las cárceles de sus estados y celeridad.
El penal, adscrito al Ministerio de Asuntos Penitenciario, es uno de los centros de detención en los que mayor número de reclusos ha fallecido en los últimos meses, a pesar de que en sus instalaciones existe un área de enfermería.
Édgar Alexander García Semprún, de 44 años, fue el último deceso que ocurrió dentro de las instalaciones del recinto carcelario. Falleció, el 2 de mayo de 2024, como consecuencia de una hemorragia interna provocada por el síndrome de “corazón roto”.
Los privados de libertad adjudican el decaimiento de la salud a la mala alimentación que les proporcionan, en su mayoría basada en carbohidratos con grasa de cerdo; a la falta y mala calidad del agua que se le suministra. En algunas ocasiones, según denuncian los familiares, se ven obligados a consumir agua de lluvia.
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