Los racionamientos, los apagones repentinos y la reducción de la jornada laboral para empleados públicos hacen que, en el Palacio de Justicia de Maracaibo, en el occidente venezolano, se trabaje a media máquina o escasas horas al día. La situación obligó a trasladar al personal a los comandos policiales y militares y desde ahí procesar a los manifestantes detenidos durante las protestas del 30 de abril y del 1 de mayo de 2019 en contra del presidente Nicolás Maduro y en apoyo a la Operación Libertad comandada por Juan Guaidó.
Foro Penal contabilizó 92 detenciones, de los cuales 33 fueron liberados sin presentación. El resto tuvo que esperar en los Destacamentos 111 Primera Compañía, en el sector La Ciega, y en el Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional, ambos en Maracaibo. Los tribunales que asignaron para los casos tomó la decisión de liberarlos bajo régimen de presentación cumpliéndose las 48 horas establecidas para procesarlos.
“A todos se les procesó por los delitos de ultraje a la autoridad, obstaculización de la vía pública y agavillamiento. Y los soltaron bajo las mismas condiciones: presentación periódica ante el tribunal, prohibición de salida del país y prohibición de para participar en manifestaciones”, acotó uno de los abogados.
La particular de estos detenidos, acotó el jurista, es que no los trasladaron a tribunales y sus audiencias de presentación efectuaron en los comandos de la Guardia nacional. “Primero por la cantidad de detenidos y segundo por las fallas en el servicio eléctrico.
Tanto los familiares como los representantes legales denunciaron que todos los manifestantes fueron “golpeados y maltratados durante la aprehensión y el traslado. Ya en los comandos se les prohibió la verificación médico forense para documentar las condiciones en las que ingresaban al comando, se les negó la llamada telefónica para notificar dónde y en qué condiciones estaban y ningún abogado pudo entrevistarse con ellos hasta el día de la audiencia”.
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