
En su primer balance en el municipio Colón, en el estado Zulia, la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial informó que hasta el 5 de agosto de 2021 se había atendido al 38% de los privados de libertad del Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de San Carlos de Zulia, equivalente a 320 causas, informó, a través de un boletín de prensa, Gerardina Parada, diputada a la Asamblea Nacional (AN) por la Zona Sur del Lago.
“Se brindó la atención a 235 casos por delitos menores, con un retraso procesal de dos años; y se otorgó el beneficio de detención domiciliaria a 92 reclusos, 19 bajo presentación periódica, mientras que a otros 124 casos se les ratificó la privativa de libertad. En la fase de ejecución por delitos menores, el equipo del Ministerio de Asuntos Penitenciarios valoró 55 casos y otorgó 17 libertades”, detalló Parada.
La diputada mencionó que 30 expedientes serán traslados a los tribunales de otros estados del país, a fin de que reciban la atención correspondiente. Mientras que los casos por abuso sexual, extorsión, secuestro, homicidio, narcotráfico y drogas, catalogados como delitos graves, recibirán beneficios si cuentan con el tercer cuarto de la pena cumplida.
La representante de la Comisión destacó que el trabajo ha sido arduo, porque “en el municipio Colón no se cuenta con un Tribunal de Ejecución, por lo que el proceso de revisión es minucioso, para dar conclusión al mayor número de causas posibles”.
Al segundo día de instalarse la Comisión Presidencial en el retén de Colón, los privados de libertad se declararon, el 24 de julio de 2021, en huelga de hambre y denunciaron a través de las redes sociales que los jueces asignados estaban pidiéndoles divisas a cambio de otorgarles un beneficio procesal. La protesta culminó a las 12:00 del mediodía luego de que se presentara el diputado Juan Romero, coordinador regional de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial.
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