Equipo UVL Zulia
Hace unos 15 días la abogada Ligia Mercedes Pérez Córdova, de 69 años, inició una huelga de hambre desde su celda, en la Tercera Compañía del Destacamento 111 de la Guardia Nacional Bolivariana en el Aeropuerto de Maracaibo. En tres oportunidades ha solicitado medida humanitaria y se la han negado. Ante el rechazo de los tribunales a otorgarle el beneficio procesal, la detenida empezó la protesta.
Morelia Pérez, hermana de la detenida, se siente preocupada. Antes de la detención, su hermana por su edad ya presentaba trastornos en su salud y estos se agravaron tras su reclusión el 2 de agosto de 2018. En los últimos exámenes forenses solicitados ante El Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia le diagnosticaron: escleritis necrotizante, cataratas en el ojo derecho, desprendimiento total de haloides posterior, piodermitis, hipertensión arterial y desorden inmunológico a raíz del Zika. Los médicos recomendaron cambiar su sitio de reclusión. Pero el tribunal desestimó la evaluación médica.
“Ella ha perdido casi completamente la visión. Presenta crisis depresivas, pérdida de peso e infección en la piel. Temo que su condición empeore tras la protesta que inició y muera”, declaró Pérez. Mientras acotaba que la familia reside en Caracas y desde que el tribunal fijó el sitio de reclusión en Maracaibo no ha podido visitarla. “Ambas somos de la tercera edad, ella no tuvo hijos y movilizarnos sale costoso y no tenemos recursos”.
Ligia Pérez es una abogada, trabajó por años en un organismo del Ejecutivo Nacional. Tras retirarse del ejercicio profesional fundó Yoga Libre e impartía clases en las instalaciones de La Estancia PDVSA en Caracas, al lado de otros importantes maestros de yoga. Estuvo a cargo de su fundación durante 15 años, antes de su detención por tráfico de drogas. El Tribunal Segundo de juicio, a cargo de Jorge Díaz, lleva su causa 2U-1119-20. Morelia Pérez denunció que el juez se ha negado a otorgarle una medida humanitaria, pese a las enfermedades que ha contraído durante su reclusión y las complicaciones propias de su edad.
Junto con Ligia conviven otras 40 privadas de libertad, en un espacio de 6×6. No tienen aire acondicionado ni ventilación, el área solo cuenta con una ventana de 1×1. Todas duermen en el piso, no poseen sala de baño, ducha o letrinita, ni tienen acceso al agua potable. Los funcionarios de la Guardia Nacional les permiten cocinar con hornos eléctricos en el calabozo, pero sufren de ayunos prolongados durante los racionamientos eléctricos. “No podemos protestar, porque nos castigan. Nos esposan de pies y manos por horas y sin derecho a comida o hacer necesidades”, denunció una compañera de Pérez.
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