
Para hacer verdaderamente una transformación del aparato de justicia se requiere transformar el sistema, no solo agilizar las causas. El hacinamiento en Yaracuy no está solo en los centros de detención y cárceles, también está en la infraestructura del sistema judicial
César Antonio Montes/ UVAL Yaracuy
Martha tiene más de dos años viajando todos los días desde San Pablo a San Felipe y viceversa. En las mañanas el autobús religiosamente la deja en la Plaza Junín y desde allí camina varias cuadras hasta la sede de la Comandancia General de la Policía, el más grande de los Centros de Detención Preventiva de Yaracuy. La pandemia y sus restricciones no han sido obstáculos para Martha en su convicción y decisión de apoyar a su hijo. Ella defiende a capa y espada la inocencia de su “muchacho”, dice que unos policías lo sembraron con un arma y lo involucraron en un robo que él nunca cometió. Sostiene que desde aquel día de mayo de 2019 tuvo que aprender a ver las cosas de manera distinta.
Términos como “pagar la causa”, retardo procesal y hacinamiento ahora hacen parte de su lenguaje y hasta de sus tormentos. Ella afirma que su hijo es el detenido por el Estado, pero a nivel mental y emocional ella también se siente presa. Indica que sus miedos y temores no la dejan quieta, teme que su hijo se contagie de alguna enfermedad infecto contagiosa, o peor aún, que le ocurra algo en ese inframundo que significa el estar preso en Venezuela.
La historia de Martha no es algo inédito, es una constante entre las decenas de mujeres que llegan diariamente, a media mañana, a la plazoleta que está ubicada frente a la sede de este organismo policial. Desde allí esperan ansiosas que los policías las llamen para entregarles los alimentos, ropa e incluso medicinas a sus allegados. Por allí desfilan madres, esposas, hermanas y hasta hijas.
Tanto a Martha como a muchas otras, la luz de la esperanza les iluminó sus sueños de ver a sus allegados en libertad el pasado 21 de junio cuando el jefe de Estado Nicolás Maduro anunció en una transmisión de televisión que comisionaba a su esposa, la diputada Cilia Flores, así como al parlamentario Diosdado Cabello, para que dieran forma a la “revolución del sistema de justicia venezolano”.
Desde esa fecha y hasta el presente, más han sido las dudas que las certezas sobre el accionar de esta comisión, al menos en Yaracuy.
El pasado lunes 28 de junio se conoció que fue formalmente instalada en las oficinas del Consejo Legislativo del estado Yaracuy la citada comisión, la cual quedó integrada con los representantes regionales del Poder Judicial, Fiscalía del Ministerio Público, Defensa Pública, Defensoría del Pueblo, comandantes de organismos policiales y militares así como diputados a la Asamblea Nacional, tanto de Yaracuy como de otras entidades.
Imposible ha sido obtener cifras oficiales sobre el proceso, metodología y planes empleados en los llamados abordajes que ejecutan en todos los comandos policiales y militares existentes en los más de 7.100 kilómetros cuadrados que componen la entidad yaracuyana. El Centro de Detención más grande y poblado de este estado es la Comandancia General de la Policía del estado Yaracuy. Antes del plan de esta revolución judicial, habían casi 400 privados de libertad monitoreados por Una Ventana a la Libertad, según el Informe Anual de los Centros de Detención Preventiva en Venezuela 2020.
El accionar de esta comisión ciertamente ha sido vista con buenos ojos por los familiares de los internos, la semana del 4 al 10 de julio se produjeron por lo menos 100 excarcelaciones solamente de este recinto, pero versiones obtenidas de manera extraoficial, pero con conocimiento de causa, refieren que por lo menos 160 privados de libertad han salido de sus reclusorios, bien sea con un beneficio procesal o con otra medida sustitutiva de libertad.
Mientras los abordajes se dan y se conocen de estas excarcelaciones, algunos familiares de privados de libertad que están en centros de detención preventiva que están en municipios alejados de San Felipe, reclaman que a los suyos también los atiendan. Las respuestas a estos familiares es que pronto irán hasta allá, pero ese pronto sigue sin fecha.
Claridad y verdaderamente administración de justicia
Norma Delgado, vicepresidenta de la Federación de Colegio de Abogados de Venezuela y profesional del derecho de libre ejercicio en Yaracuy, manifiesta que el simple hecho de denominar este plan como revolución judicial deja claro que no existe independencia de poderes en Venezuela, pues claramente se vislumbra que el Ejecutivo simplemente da órdenes al Judicial. “Lo que estamos viendo el reflejo de la politización del ejercicio de la magistratura”, recalca al tiempo que aclara que estudios elaborados a nivel internacional para monitorear el sistema judicial de los países de las américas colocan a Venezuela en la parte más baja del ránking.

La profesional del derecho también criticó la opacidad con la que se ha manejado esta comisión judicial en Yaracuy y en toda Venezuela, además afirma que un sector tan importante como el gremio de los abogados no hayan sido llamados para ser partes de esta proceso.
“Si alguien conoce y sabe las carencias y necesidades del sistema judicial somos los abogados en ejercicio, no solo es que no nos convocaron, es que simplemente no nos dieron cabida. El Ejecutivo convocó a jueces, fiscales y defensores públicos y nunca nos tomaron en consideración, nada más por allí se está violando el derecho a la defensa de muchos procesados”, añade.
De igual manera, hizo énfasis en que la opacidad es tal que no hay manera de tener número de excarcelaciones, beneficios y mucho menos condenas impuestas.
Insta a los directivos del Poder Judicial y de la Fiscalía a verdaderamente trabajar para transformar el sistema de justicia venezolano. “Este problema no debe atenderse con fines electorales, sino con fines integrales, de formar ciudadanos y de hacer una mejor sociedad”, finalizó diciendo.
Problema medular
David Lozsán, abogado y ex secretario de Seguridad Ciudadana del estado Yaracuy entre los años 2015 y 2016, sostiene que hablar sobre este tema desde una óptica integral va más allá de una transformación judicial, y es porque el sistema penitenciario venezolano está dado bajo la realidad que atraviesa hoy en día el país, involucrando muchos sistemas, subsistemas y la propia fibra del tejido social de nuestra República. “Pretender pensar que la transformación judicial anunciada el pasado 22 de junio es exclusivamente la solución a todo el problema carcelario es un error del tamaño del propio problema”, afirma Loszán quien se encuentra fuera del país, pero sostiene que siempre ha estado contacto con todo el aparataje judicial del estado.

“La transformación judicial debe centrarse entre muchas otras cosas, en la transformación de todo el Sistema Legislativo Penal, este debe ser adecuado a la realidad del país; ya que seguir generando material legislativo que no se parece en nada a lo que hoy ocurre en Venezuela, es un gran error que han tenido los legisladores desde antes de 1998, entendiendo que el espíritu del legislador ha sido actuar de buena fe”, afirma.
Además Lozsán sostiene que debe buscarse un verdadero cambio del funcionario mediante la idoneidad, cantidad y especialidad de los trabajadores del sistema de justicia. Afirma que los jueces, fiscales, alguaciles y hasta custodios son insuficientes para la cantidad de personas que deben atenderse en el proceso judicial. Aclara que los policías deben estar al servicio de la ciudadanía, no custodiando reclusos en los calabozos policiales.
Refiere que el hacinamiento en Yaracuy no es solo para los privados de libertad, explica que las áreas del Circuito Judicial Penal se quedaron pequeñas ante el volumen de funcionarios que se requieren para que más o menos funcione el sistema de justicia.

Cronología del Sistema de la Revolución Judicial en Yaracuy
28 de junio. En las instalaciones del Consejo Legislativo se reunieron representantes de instituciones administradoras de justicia, parlamentarios regionales y nacionales. La cita fue a puerta cerrada y poco se supo de lo allí hablado.
29 de junio. De manera extraoficial se conoció que 30 privados de libertad que estaban en el Internado Judicial de San Felipe recibieron un beneficio procesal, en un primer momento se informó que fue por el accionar de la comisión recién instalada, pero posteriormente se indicó que ese beneficio se dio en medio del plan de agilización de causas que se venía ejecutando en el penal
30 de junio. Directiva del Colegio de Abogados de Yaracuy pide a la comisión judicial que les dé cabida en la instancia, consideran que ellos tienen planes y propuestas que pudieran servir para acelerar los procesos judiciales.
6 de Julio. Familiares de privados de libertad de varios CDP e incluso el Internado Judicial de San Felipe, realizaron una marcha desde la Comandancia de Policía de San Felipe hasta el Circuito Judicial Penal para exigir celeridad procesal.
7 de julio. Se instala la Comisión Judicial en los calabozos de la Comandancia de Policía, aunque no hubo información oficial, se supo que en las instalaciones del lugar se constituyeron algunos tribunales para ir agilizando los procesos penales.
8 de julio. De manera extraoficial se obtiene información de que en poco más de 24 horas se produjeron por lo menos 100 excarcelaciones, tanto de la Comandancia, como de otros centros de detención preventiva de la región.
12 de julio. La comisión para la transformación judicial llegó a los calabozos policiales del CCP del municipio Sucre, espacio en el que solo hay mujeres detenidas, en esta jornada otorgaron dos beneficios procesales.
13 de julio. Se produce un abordaje similar, en los calabozos de la Guardia Nacional Bolivariana en San Felipe, allí se atienden a más 50 privados de libertad y se conceden seis beneficios procesales.
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