Familiares y allegados de piloto comercial Braulio Amaro, quien se encuentra detenido en los calabozos del Cicpc subdelegación San Felipe, denuncian retardo procesal en el caso que se le investiga a este imputado.
El hombre está detenido desde hace año y medio por una investigación que se abrió en 2008 con el hallazgo de una narcoavioneta en el municipio Bruzual de la entidad yaracuyana.
Pasaron años cuando Amaro fue apresado en el estado Miranda y posteriormente su caso fue radicado en el Circuito Judicial Penal del estado Yaracuy. El punto álgido de este proceso es que el hombre se encuentra enfrentando un estado de salud bien complicado.
Estando recluido en el citado recinto, tuvo que ser trasladado en junio pasado al hospital central de San Felipe, allí los médicos tuvieron que hacerle un drenaje en un pulmón porque presentó un derrame pleural.
Además del dilatado retardo procesal, ahora la familia teme que como ha sido dado de alta del centro asistencial, su cuadro de salud comience a empeorar nuevamente, pues fue reingresado en la celda del Cicpc, lugar en el que se encuentra hacinado y donde obviamente no podrá recibir los cuidados médicos que requiere para recuperarse y hasta mantenerse con vida.
El caso
En septiembre de 2008 fue localizada una avioneta en el municipio Bruzual la cual aparentemente tenía en su interior varias panelas de cocaina, tras labores de inteligencia, los organismos de seguridad determinaron que el último hombre que piloteo esa aeronave fue Amaro.
La familia aclara que ciertamente el movió esa avioneta, tal cual lo refleja el INAC en la bitácora de vuelo, pero afirman que después que él hizo el trabajo por el que lo contrataron, otra persona pudo haberlo hecho con esa carga ilegal. Sostienen que mientras él movió el avión lo hizo desde aeropuertos habilitados por las autoridades y cumpliendo los requerimientos exigidos por la ley.
De hecho los familiares añaden que el caso tiene una connotación política, pues alegan que han llevado las denuncias de irregularidades ante la Fiscalía General de la República, Inspectoría General de Tribunales y otras dependencias con competencia en la materia y todos sus reclamos y escritos prácticamente han sido ignorados.
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