Esta semana cerró el proceso de abordaje que venía realizando la Comisión para la Revolución Judicial en el Internado Judicial de San Felipe. El balance obtenido de manera extraoficial da cuenta que se otorgaron un aproximado de 50 beneficios procesales.
Y es que en el referido recinto existían unos 800 privados de libertad, la mitad población penitenciaria de Yaracuy (con causas abiertas en tribunales de la región) y la otra mitad presos en su mayoría de los estados Zulia, Lara e incluso del Área Metropolitana de Caracas.
Algunas fuentes extraoficiales confirmaron que el número bajo de libertades se debe a que prácticamente solo se trabajó con los reos de Yaracuy, pues los que tienen procesos abiertos en otros circuitos judiciales no pudieron ser atendidos, de hecho apenas se ejecutaron dos audiencias telemáticas y ha sido imposible que representantes de las comisiones judiciales de los referidos estados vengan a Yaracuy, o en el mejor de los casos, que estos reos sean llevados a sus regiones de origen para la consecución de su proceso judicial.
Otro factor a considerar es que en el Internado Judicial de San Felipe existe una población procesada o penada cuyos delitos no contempla el otorgar beneficios procesales por ser considerados como graves.
Evalúan atender otros espacios De igual manera, trascendió que las autoridades judiciales del estado que integran la referida comisión, esperan atender otros centros de reclusión como el Destacamento de Trabajo Agrícola Dr. Francisco Vargas Muñoz de Iboa, en el municipio Arístides Bastidas y el centro de atención al menor Br. Manuel Segundo Álvarez ubicado en Cocorote.
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