Yamilet Rivas aceptó un encargo de su hermano: pasar droga escondida en una cajetilla de cigarro que a su vez iba dentro de una auyama. Por eso, la joven de 25 años de edad tiene una orden de traslado a la cárcel de La Pica, imputada por el delito de tráfico de estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de suministro. Su hazaña rompió con una racha: la Policía tenía tres años sin presenciar un delito como este
Equipo UVL Monagas
Maturín.- No era la primera vez que Yamilet iba de visita, aunque el día que la detuvieron no era precisamente el momento cuando un preso recibe a su familia sino los alimentos que le llevan. Ese día, Yamilet se despertó temprano, se arregló y salió desde su casa en Prados del Sur, parroquia San Simón, para ir a la Policía municipal de Maturín, en la zona oeste de la capital del estado Monagas, oriente de Venezuela.
Ese 25 de enero de 2022, Yamilet hizo su cola en la entrada de Polimaturín de manera habitual; esperó que avanzara la fila y cuando llegó su turno, puso la bolsa que cargaba sobre el mesón, delante de dos policías y simuló que no ocurría nada.
Un policía abrió la bolsa, tomó una auyama entre sus manos y notó que algo no estaba bien. Sonaba y las auyamas no suenan. Al girarla, se dio cuenta de un corte rectangular. Yamilet sudó y quedó en evidencia. Es el primer hecho de este tipo que ocurre en la Policía municipal desde 2019, cuando hubo cambio en la Dirección de Guarda y Custodia de Detenidos.
El funcionario sacó el pedazo de calabaza que se veía cortado y miró dentro. Observó algo negro. Era una bolsa en la que había nueve cajetillas y un cuchillo pequeño con mango de madera, similar a los que se usan en las casas para cortar el pan, difundió el Ministerio Público el 11 de febrero.
Al revisar, en una de las cajas, el policía encontró 14 envoltorios pequeños de presunto crack en lugar de cigarros. Entonces, Yamilet Coromoto Rivas Carrera, de 25 años de edad, supo que estaba detenida. 18 días después de ese hecho, el Ministerio Público la imputó por tráfico de estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de suministro, publicó el organismo el 11 de febrero.
El Tribunal Segundo de Control del estado Monagas consideró que había suficientes elementos para privarla de libertad y así lo hizo, la dejó detenida con una orden de traslado hasta el anexo femenino del Centro Penitenciario de Oriente, también conocido como cárcel de La Pica.
Mientras espera por un cupo en La Pica, Yamilet pasa sus días en un calabozo de la Policía municipal de Maturín, es una de las dos mujeres que están detenidas en ese centro de detención preventiva; la otra es Rosina Errante, una médico cirujana señalada de supuestamente acaparar suministros y medicinas del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar.
La celda de Yamilet está a pocos metros de su hermano, quien tiene ocho meses detenido por violencia de género. Él fue quien le pidió introducir la droga y el arma blanca camuflajeada en la auyama.
Acción inesperada
La entrega de droga o armas blancas en los calabozos de la Policía municipal de Maturín no es algo habitual en la Policía municipal. Un detenido consultado para este texto señala que antes de 2019 los presos se valían de envases de mantequilla superpuestos para pasar droga debajo. El trabajo se hacía en el calabozo y se le entregaba al familiar, que luego regresaba el envase con la sustancia adentro, asegurándose que no se notara el doble fondo.
Ahora no ocurre eso. El director de Guarda y Custodia, supervisor John Campos, dice que desde 2019 no ocurre una situación como esa y menos como la que protagonizó Yamilet Rivas. Sin embargo, afirma que esperaban que en cualquier momento ocurriera algo similar.
En Polimaturín creían que, en tres años sin incidencia, el primer intento de pasar sustancias prohibidas vendría en un pedazo de yuca, pues en otros centros de detención preventiva del país ya se ha visto y los mismos funcionarios han alertado a los demás sobre esta práctica.
Yuca rellena de droga
Lo que realizan algunos familiares de privados de libertad es que por un costado cortan un pedazo de yuca, sacan el tubérculo e introducen las sustancias; luego, sellan esa parte con los restos del tubérculo que sacaron. Con la experiencia de otros centros de detención preventiva, Campos adiestró a sus funcionarios para evitar la entrada de sustancias prohibidas, sólo que al hermano de Yamilet se lo ocurrió otra idea, que no llegó a feliz término para él.
“Los funcionarios revisan con cuidado la comida frente al familiar, siempre tratando de no desorganizar los alimentos y ese día no fue la excepción. La cosa es que fue muy evidente el corte que le hicieron a la auyama y eso generó suspicacia en el funcionario que hizo el hallazgo”, refiere Campos.
La acción de los hermanos Rivas Carrera trajo una consecuencia: la suspensión de la visita. Sobre esto, Campos explica que es la medida que se aplica ante la violación de la ley, y, aunque está claro que no es justo que paguen todos por pecadores, cree que las sanciones a tiempo son necesarias.
El funcionario señala que hacer respetar el orden les ha permitido que en los calabozos de Polimaturín no haya incidencias negativas, algo en lo que también hay otra clave: el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad.
La Policía municipal de Maturín es el único centro de detención preventiva en la capital de Monagas donde el preso toma el sol, realiza actividades deportivas y tiene la oportunidad de bañarse a diario. Campos considera que esto les ha permitido establecer buenas relaciones con los privados de libertad, quienes respetan las normas policiales dentro de los calabozos.
Normas, sanciones y acuerdos
En la Policía municipal se realiza una requisa semanal. Los reclusos no son agredidos, sino que salen al patio custodiados por funcionarios de seguridad mientras otro grupo revisa las celdas con detenimiento, especialmente las paredes, por donde ya han ocurrido fugas.
Los alimentos se revisan a diario con guantes; no está permitido pasar utensilios de vidrio o metálicos, como cubiertos o cucharillas. “El trato es de respeto y el preso recibe la comida en buen estado y no desorganizada”, explica la hermana de un privado de libertad que omite su identidad por seguridad.
Por otra parte, al familiar se le prohíbe llevar prendas, trenzas de zapatos o correas. Tampoco pueden pasar dinero en efectivo. Las normas de los calabozos no permiten que el detenido tenga objetos con los que pueda atentar contra su vida o la de otro recluso o romper una pared para fugarse.
El director de Guarda y Custodia, supervisor John Campos, explica que cada objeto que entra al calabozo es revisado para verificar que no esconda ilícitos. Adicional, no está permitida la venta de alimentos adentro y tampoco el cobro de lo que en las cárceles venezolanas se conoce como la causa, que es una cuota de dinero mensual que paga un recluso por su seguridad.
Los funcionarios dejan la violencia en las requisas y los privados de libertad cumplen con el orden y las normas internas, incluso colaboran con la limpieza de sus espacios. “Es un ganar ganar”, dice un detenido sobre los beneficios que reciben en Polimaturín al ser consultado por Una Ventana a la Libertad para este texto.
Posición
El respeto de los derechos humanos ha hecho que los detenidos valoren las acciones que los favorecen, asegura el preso. Por eso, sobre lo ocurrido con Yamilet y su hermano opina que es un acto reprochable y que atenta contra las mismas normas internas que ellos han establecido en los calabozos para no perder la oportunidad de recibir un trato digno.
“Ninguno quiere que le quiten los beneficios que nos hemos ganados. Es hasta una forma de irrespetar al director que nos ha dado confianza, porque lo que tenemos aquí no lo hay en otra cárcel, como el Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), donde no se ve la luz”, expresa.
La suspensión de la visita es una de las acciones que toma un cuerpo policial cuando detecta una irregularidad en los calabozos bien sea durante el pase de alimentos o en las requisas semanales. Eso fue lo que ocurrió con el caso de Yamilet.
Esa noticia cayó mal entre los familiares y los mismos presos. Nuria, como pidió llamarse el familiar de un detenido por seguridad, cuenta en contacto telefónico que además de sorprenderse se molestó porque no pudo visitar a su pariente luego que pudo reunir dinero en efectivo para pagar los pasajes en transporte público.
“Las cosas en los calabozos se venían manejando bien porque los muchachos se están portando bien y porque se le están respetando sus derechos. No entendemos como alguien quiso venir a romper con la tranquilidad y la armonía que existe”, expresa Nuria quien pide a los presos reflexionar antes de intentar cometer un ilícito dentro de los calabozos.
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