Al 5 de agosto de 2020, ninguno de los cinco centros de detención preventivos en la costa central de Venezuela registra casos de VIH. Fuentes no oficiales aseguran que ante la falta de capacidad para atenderles, se acelera el traslado a la cárcel o la salida de los presos con esta patología
Nadeska Noriega/ UVL Vargas.- Hablar de VIH en los Centros de Detención Preventiva del estado Vargas, una entidad ubicada en el litoral central venezolano, a 45 minutos de la ciudad de Caracas, no es tema común.
Fuentes relacionadas con cinco Centros de Detención Preventiva (CDP), en la entidad costera, bajo la custodia de la Secretaría Regional de Seguridad Ciudadana, la Policía Municipal de Vargas y la delegación regional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), coinciden en que la práctica común en estos centros es buscar mantener bajo su tutela a un detenido con ese diagnóstico, el menor tiempo posible.
Al 5 de agosto de 2020, ninguno de los cinco centros de detención preventivos en Vargas, registra casos de detenidos con diagnóstico de VIH. Hablamos de una población de 448 privados de libertad: 398 hombres, 32 mujeres y 18 adolescentes trasgresores, que permanecen en las instalaciones ubicadas en las parroquias La Guaira, Macuto y Caraballeda, donde se concentran otras patologías como tuberculosis, desnutrición, escabiosis, hipertensión y afecciones respiratorias.
En el caso del estado Vargas, existe una particularidad: no cuenta con una cárcel en su geografía. Es por ello lo que los CDP se han trasformado en espacios de hacinamiento y espera del proceso de juicio. Una estadía no mayor a 45 días puede transformarse en años, mientras se cumplen las etapas de investigación e inicio del juicio. En algunos casos esta estadía se extiende hasta después de la sentencia definitiva.
“Aquí no tenemos un espacio construido y destinado especialmente para los reclusos. Aquí los espacios y las celdas de las antiguas jefaturas civiles y algunos comandos policiales tienen sus calabozos y eso se ha convertido en la práctica en centros de detención preventiva. Eso nos coloca en una situación que no tenemos infraestructura adecuada para tratar casos con patologías como el VIH. No hay celdas especiales o enfermerías. Es por ello que, si tenemos la certeza, de un caso positivo de VIH, se busca su traslado al centro de reclusión que le fue asignado por el tribunal. Las cárceles son más grandes y tienen más recursos porque dependen del Ministerio de Asuntos Penitenciarios”, asegura un funcionario adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Vargas, quien desea mantener su identidad protegida, al no tener autorización de sus superiores de realizar declaraciones.
El funcionario también advierte la dificultad para garantizar el acceso al tratamiento médico. “En los centros de detención preventiva tenemos graves problemas hasta para garantizar la comida del recluso, tener a enfermos con patologías como el VIH es muy complicado”, concluye.
Sin reglas frente al diagnóstico
Pruebas rápidas de descarte de VIH fueron realizadas, de forma confidencial y voluntaria, en la Jornada de Salud conjunta entre la Organización No Gubernamental Una Ventana a la Libertad (UVL) y Proyecto Once Trece, el 13 de febrero de este año, en el Centro de Detención Preventiva (CDP) que funciona en el Retén de Caraballeda, al este del estado Vargas.
Una de las pruebas dio positiva. Los médicos la repitieron, como lo amerita el protocolo establecido. No hubo cambio en el resultado, en aquella prueba realizada al hombre de 21 años de edad, y cuyo nombre no es publicado por respeto al acuerdo de confiabilidad médico – paciente. Tras el resultado, la información fue dada al recluso y a los custodios, funcionarios de la delegación regional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Venezuela. El recluso fue trasladado a otra celda más pequeña. La utilizada en algunas circunstancias para castigo. La familia sería informada en su siguiente visita por los funcionarios. En ellos recaería la responsabilidad de buscar la medicina, en este caso retrovirales y llevarlos al centro de detención.
“En los centros de detención de Vargas no existen protocolos para atender a un recluso con VIH. No se cuenta con infraestructura, ni tampoco con algún proceso definido claro o un manual que permita a los funcionarios saber qué pasos seguir. Nosotros avisamos a los familiares, ellos son los que tienen que decidir qué hacer con su enfermo”, explica un funcionario del Retén de Caraballeda, que tampoco puede ser identificado.
25 días después de la prueba y el diagnóstico, el hombre fue puesto en libertad, tras desestimarse la causa de su detención inicial. Si hoy está siguiendo tratamiento contra el VIH es algo que nadie puede determinar, pues en su último sitio de ubicación, en el Retén de Caraballeda, no registraron ningún tipo de información que pudiese permitir seguimiento al caso.
Lo ocurrido con este recluso, sobre la carencia de protocolos, la falta de acción por parte del cuerpo de seguridad encargado de la custodia en representación del Estado y la ausencia de acompañamiento a un reo positivo a VIH, es la respuesta común en cualquiera de los CDP, monitoreados en el estado Vargas.
Familiares de reclusos que se encuentran en los retenes de Macuto y Caraballeda, coinciden en que en ambos centros, los casos de VIH han sido muy puntuales. “Cuando llega un preso con VIH lo despachan rapidito. Es loco, pero tener VIH es como el coco, por eso los policías, en fiscalía, hasta en el tribunal se mueven más rápido con ellos. Dios ampare a la familia de uno, pero parece que hay que tener una enfermedad mala, para que hagan las diligencias como es”, refiere Marisol Laya, cuyo nieto se encuentra en el Retén de Caraballeda, bajo custodia del Cicpc.
Concentrados en el coronavirus
En las celdas de los CDP en el litoral central venezolano, los detenidos no hablan casi del VIH. El tema que los ocupa hoy es la presencia de la pandemia COVID-19, lo que ha afectado el régimen de visitas de los familiares y potenciado el retardo procesal.
“Decir coronavirus es como nombrar al demonio. Aquí en la celda uno está asustado. Porque siguen llegando nuevos. Siguen llegando y aunque no tengan nada, ellos pueden traer el virus, siguen metiendo presos y nadie sale, porque no hay audiencias, no hay preliminar y no hay otorgamiento de beneficios. Aquí ya no cabe más gente. Hay unos chamos con fiebre. Y aquí no hay espacios para aislarlos. Los policías se los llevan a otras celdas, pero igual si es ese virus, nos jodimos todos. Nosotros queremos es que nos apliquen un plan cayapa, que nos dejen salir, que nos lleven para los tribunales. Pero aquí encerrados, metiendo a más gente, esos nos van a traer el virus y nos vamos a morir. Porque si se mueren los que no están presos, para nosotros no queda más nada”, dice a través de mensajería de texto un recluso de Caraballeda a sus familiares.
Aunque los teléfonos no están permitidos en los CDP, algunos presos se las arreglan para conservar comunicación con sus familiares.
Por esta situación, el 4 de agosto, los familiares de los detenidos en el Retén de Caraballeda se apostaron en la zona externa, para protestar y pedir una jornada médica asistencial.
“Nuestros familiares nos han dicho que hay un brote de gripe en las dos celdas. Hay fiebre, malestar, dolor en el cuerpo y mucho miedo, porque ellos saben que hay coronavirus y no se sabe cuando llegue a estos espacios”, contó Marina Rodríguez, madre de uno de los detenidos. Rodríguez asegura que los cuadros febriles iniciaron a mediados de julio.
En el caso de los retenes de Caraballeda y Macuto, las jornadas de descarte de COVID-19 se realizaron durante los meses de abril y mayo de este año. Los únicos detenidos en Vargas que han sido objeto de descarte y operativos, son la población recluida en el Comando de la Policía Municipal de Vargas, en la sede de El Playón en Macuto.
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