UVL – Vargas
Una protesta pacífica frente a la sede de los tribunales realizaron los familiares de los siete policías estadales detenidos por presunto delito de prostitución forzada, en el Retén de Caraballeda.
La manifestación se llevó a cabo frente a la sede del Circuito Judicial Penal de Macuto, durante la espera de la primera audiencia del juicio, a cual fue diferida posteriormente.
“Pedimos al Fiscal General de la República, Tarek Willaam Saab, la revisión del caso. Estos funcionarios tienen una excelente hoja de servicio y están siendo inculpados por algo en lo que no participaron”, asegura Jenny Rodríguez, familiar de una de las imputadas, la Comisionada Sudelina Suárez.
Como se recordará, el pasado 27 de enero, siete funcionarios de la Policía Regional de Vargas fueron presentados ante el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal de la entidad costera, tras ser acusados por la Fiscalía X de Derechos Fundamentales, de estar involucrados en una presunta red de prostitución en el centro de detención preventivo que funcionan en el Retén de Caraballeda.
Los funcionarios a los que se les abrió la investigación son Leandnemy Marcano Blanco, quien es la jefa de la Dirección de Investigación y Estrategia Preventiva (Diep) de la policía regional; junto a Sudelina Suárez Bolívar, Luzbaudy Caraballo Suazo, Omaira Vera Terán, Fabián Guzmán Velázquez, Luis Monroy Cuevas y José Ramos Vallejo.
Cabe destacar que aunque el Tribunal Cuarto de control les instruyó cómo sitios de reclusión El Rodeo y el INOF, los uniformados fueron trasladados a la sede de Policía Nacional en La Yaguara, y posteriormente, para garantizar su traslado a juicio, fueron llevados a la sede de Policía Municipal de Vargas, donde se encuentran recluidos.
De acuerdo a fuentes de la Fiscalía Superior de la región, la investigación se origina tras la denuncia interpuesta por Yanselis Frontado, quien según su versión, habría víctima de estos funcionarios mientras estuvo recluida en ese retén. Frontado, quien salió en libertad con medidas cautelares, interpuso la denuncia en la fiscalía, señalando a los funcionarios de haberla obligado a prostituirse a cambio de obtener ciertos beneficios en el centro de detención preventiva.
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