Equipo UVL – Vargas
Familiares de los detenidos tras las protestas post electorales registradas en el litoral central el 29 y 30 de julio, denuncian que los privados de libertad no han podido tener acceso a un defensor privado por orden de los tribunales donde se realizan las audiencias.
De acuerdo a estos familiares, al menos ocho abogados privados fueron desalojados de las instalaciones del Circuito Judicial Penal ubicado en Macuto, la tarde de este miércoles 31 de julio, cuando se celebrarían las audiencias de presentación de los detenidos por participar en las protestas en Vargas.
Los detenidos se encuentran privados de libertad en el Centro de Detención Preventiva de Macuto y en el Centro de Detención Preventiva para Adolescentes de Caraballeda, ambos bajo la custodia de la Policía Regional litoralense y en el Centro de Detención Preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicado en Playa Grande en la parroquia Urimare.
«Hemos recibido apoyo de algunos abogados y hay familiares que han traido los suyos. Pero al momento de realizar la audiencia telemática los mandan a salir o son desalojados los abogados y dicen que tienen que esperar afuera con los familiares», explicó a Una Ventana a la Libertad la madre de uno de los privados de libertad que no quiso ser identificada.
La mujer indicó que a estos detenidos «se le están violando sus derechos, porque no tienen defensa. Es a juro que acepten la Defensoría Pública que les dice que se declaren culpables para agilizar el proceso».
De acuerdo a datos suministrados por el Ministerio Público, en el litoral central hay 63 personas detenidas en el marco de las protestas post electorales. De estas 63, ocho serían adolescentes entre 14 y 17 años.
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