Vacunación de población penitenciaria es un bálsamo para sus familiares

El secretario de Asuntos Penitenciarios del estado Miranda, diputado Yahir Muñoz, aseguró que 80% de los privados de libertad, recluidos en los Centros de Detención Preventiva de la entidad, fueron vacunados contra la COVID-19

Equipo UVL Miranda

Cuando Ana Luisa se enteró de que su hija había sido vacunada contra la COVID-19, sintió un alivio. Desde que se anunció la llegada de la pandemia en Venezuela, en marzo de 2020, la angustia fue parte de su día a día. Sabía que su hija estaba en un espacio que no reunía las condiciones de salubridad.

“En un primer momento, la recomendación fue que uno se lavara las manos constantemente con jabón para evitar el virus, pero en el Centro de Detención Preventiva (CDP) donde está mi hija, no siempre hay agua, así que no se pueden aplicar las medidas preventivas”, señaló.

Ana Luisa conversó con Una Ventana a la Libertad (UVL) el 23 de noviembre de 2021 cuando le llevaba comida a su hija, quien está detenida en la sede de la Policía del estado Miranda en Ocumare del Tuy. “Ahora estoy más tranquila, porque ella está protegida y tiene poco contacto con personas externas, así que el riesgo a contraer la enfermedad es menor”, señaló.  

Para el 5 de octubre de este, en el CDP de la Policía del estado Miranda de Ocumare del Tuy, exclusivo para mujeres, estaban detenidas 11 personas, una de ellas perteneciente a la comunidad LGBTI+. Ese día todas fueron vacunadas en un operativo especial realizado en la zona policial número 2 de Charallave^[1].

En la misma fecha fue inmunizado otro grupo de privados de libertad que permanece recluido en otros CDP de esta subregión mirandina, situada a una hora de la capital de Venezuela, Caracas, y conformada por seis municipios y doce parroquias.

El secretario de Asuntos Penitenciarios del estado Miranda, diputado Yahir Muñoz, aseguró que 80% de los privados de libertad, recluidos en los Centros de Detención Preventiva de la entidad, fueron vacunados contra la COVID-19^[2].

La aseveración la hizo el parlamentario el 16 de octubre durante el cierre de actividades de la Comisión Presidencial para la Reforma del Sistema Judicial, la cual examinó 680 casos de detenidos, durante tres meses. En el marco de estas acciones se otorgaron al menos 300 libertades y se descongestionaron las salas de garantía y resguardo de los organismos de seguridad en un 45 %, según las cifras oficiales^[3].

Fuentes policiales consultadas informaron a Una Ventana a la Libertad que, si bien gran parte de la población penitenciaria fue inmunizada, la llegada a los calabozos de nuevos detenidos comienza a dejar vulnerables a los privados de libertad.

“Todos los días hay procedimientos y personas arrestadas, así que poco a poco se van llenando las celdas con nuevos aprehendidos que no han recibido ninguna dosis contra el coronavirus, pues cuando estuvieron en la calle, sencillamente no se vacunaron”, explicó un funcionario bajo el anonimato.

En su opinión lo ideal es que cada vez que una persona sea detenida, se le haga la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y luego sea vacunada, antes de ser llevada con el resto de los presos. “Esta es una manera de proteger a todos los que hacemos vida en las salas de resguardo de detenidos”, indicó. 

La preocupación de este funcionario la comparte Luisa Montero. Ella tiene un hijo detenido en la sede del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de los Valles del Tuy, ubicada en Santa Teresa. El 24 de noviembre contó a UVL que su descendiente tenía diarrea y dolor de cabeza. Su precaria situación económica limita la compra de comida y medicamentos.

“La alimentación de los presos corre por cuenta de sus familiares, pero a nosotros muchas veces se nos dificulta llevarles comida y si a esto se suman los gastos de cuando se enferman, la problemática es peor. Por eso hay algunos presos desnutridos y otros que no mejoran su cuadro clínico”, señaló.

Los síntomas del hijo de Luisa son comunes en los CDP de los Valles del Tuy. En esta entidad, UVL monitorea un total de 12 calabozos policiales, donde cohabitan al menos 468 presos, 418 hombres y 50 mujeres. Todos de tipo civil.

De acuerdo con la información que se ha logrado recopilar, a pesar de que no hay cifras oficiales, la escabiosis es una de las enfermedades más frecuentes, producto del hacinamiento. El poco espacio de estos lugares ocasiona que los reclusos estén amontonados, sin ventilación ni luz natural.

La falta de baños higiénicos también pone en riesgo la salud de quienes están tras las rejas. De estos 12 CDP, en 3 existen letrinas. Uno de ellos es la sede de la Policía del estado Miranda en Ocumare del Tuy. La madre de una de las reclusas denunció a UVL que su hija contrajo una infección vaginal en estas instalaciones^[4].

En los CDP de los Valles del Tuy también hay casos de VIH –virus de la inmunodeficiencia humana–. Un operativo de la organización Proyecto Once Trece, en conjunto con UVL, permitió detectar dos enfermos. Ninguno de estos reclusos está recibiendo tratamiento médico hasta la fecha.

Dignidad humana

En el marco de este panorama, el sociólogo Ricardo Pérez considera importante que las autoridades gubernamentales tomen en cuenta la dignidad humana de los privados de libertad. “Estamos conscientes que cometieron un delito, pero siempre deben ser tratados como personas, para que una vez que cumplan su pena, se puedan reinsertar a la sociedad sin problemas”.

Pérez estima que garantizar la salud de los presos es una prioridad que el Estado debe tomar en cuenta, a través de políticas públicas eficientes y planificadas, con todos los actores involucrados.

“Los presos están expuestos a un hacinamiento que deja a su paso enfermedades. Igualmente padecen otro tipo de padecimientos como consecuencia de la falta de higiene, sobre todo, durante la manipulación de alimentos. En medio de esos riesgos, en ninguno de los CDP hay personal de salud, tampoco atención médica. Sumado ello, el Gobierno no les garantiza medicamentos y a sus familiares se les dificulta llevárselos. Esto demuestra el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la población penitenciaria en Venezuela”, indicó. 

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