Al igual que la población en Venezuela, los privados de libertad sufren las consecuencias de las irregularidades con los planes de vacunación contra la COVID-19. Incluso, sus casos son aún peores. Esperar a que las autoridades penitenciarias cumplan con una promesa, es lo único que los reclusos en el país pueden esperar. Es un juego de azar, donde solo algunos son beneficiados.
Desde que a mediados de este 2021, cuando la ministra de Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, aseguró que para finales de año serían vacunados al menos 40.000 reclusos contra el coronavirus, el panorama de inmunización en los calabozos policiales tenía potencial. Pese a que en varios Centros de Detención Preventiva (CDP) y penales se han realizado jornadas de vacunación, el equipo de investigadores de Una Ventana a la Libertad ha documentado varias irregularidades del proceso.
De acuerdo con denuncias de los familiares de los reclusos y fuentes policiales consultadas, el proceso de vacunación es aleatorio en los Centros de Detención Preventiva. Muchos de los privados de libertad están a la espera de ser vacunados, y en aquellos casos que ya han recibido la primera dosis, se mantienen a la expectativa de recibir la segunda.
La falta de acción por parte de las autoridades penitenciarias en el proceso de vacunación de los privados de libertad, convierte a los CDP en caldo de cultivo de la enfermedad. Desde inicios de la pandemia, el equipo de Una Ventana a la Libertad ha advertido sobre los peligros de la COVID-19 para los privados de libertad por la insalubridad, falta de agua potable y distanciamiento físico.
Para este boletín, Una Ventana a la Libertad realizó un monitoreo de los centros de detención preventiva en Caracas, Miranda, Carabobo, Aragua, Nueva Esparta, Vargas y Zulia, en donde se determinó que ser reclusos y estar vacunado contra la COVID-19 es un juego al azar.
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