En lo que sería la primera fase del Plan de Sistema de Justicia Social Carabobo 2000 para atender a los privados de libertad con retardo procesal penal, las comisiones presididas por diputados de la Asamblea Nacional y funcionarios del Circuito judicial, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Ministerio del Servicio Penitenciario visitaron unos 60 Centros de Detención Preventiva (CDP) en los 21 municipios de la región zuliana, en el occidente venezolano. Hasta la fecha, ningún de los miembros que preside la comisión ha emitido un balance oficial de las libertades otorgadas ni del número de detenidos atendidos.
Las mesas multidisciplinarias de revisión de casos se instalaron, el 29 de junio de 2021, en el salón de los Espejos del Palacio de Gobierno. La meta planteada por Juan Romero, diputado de la Asamblea Nacional y quién presidió el acto, era atender a unos siete mil privados de libertad por delitos menores. Aunque se conocía de un retardo procesal de unas 40 mil causas en Zulia.
Durante el proceso de visitas de la comisión presidencial, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamefc) hizo unas 100 jornadas de valoración médica, forense y psicológica en los CDP con el propósito de otorgar medidas humanitarias a los reclusos enfermos. También hubo traslados a la cárcel de Trujillo y al penal de Coro.
Entre julio y agosto se reportaron dos protestas por parte de los privados de libertad, quiénes se quejaban y denunciaban que la comisión la conformaban los mismos jueces y fiscales que les contaba en divisas durante sus presentaciones en los tribunales. Además denunciaron la intención de los funcionarios para que los detenidos admitieran hecho y recibir condena. Solo en la manifestación pacífica del Centro de Arrestos y Detenciones de San Carlos de Zulia, en el municipio Colón, se hizo presente el diputado Romero y negoció con los detenidos la instalación de un tribunal de ejecución.
Bajo la dirección de Yonder Durán, diputado de la Asamblea Nacional, se mantienen las visitas por el estado. Siendo su último lugar de trabajo el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas, dónde se instalaron mesas de trabajo desde el 24 de agosto de 2021, para atender a unos mil privados de libertad.
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