Tres delitos les imputan a los miembros de Azul Positivo y ordenan encarcelarlos en la DGCIM-Zulia

Foto: Cortesía

El Tribunal Cuarto de Control del Zulia dictó, la noche del 14 de enero de 2021, privativa de libertad contra los trabajadores humanitarios de la ONG Azul Positivo, Johan León Reyes, director general de la organización; Yordy Bermúdez Gutiérrez, director ejecutivo; Layners Gutiérrez Díaz, director de finanzas; Alejandro Gómez Di Maggio, asistente administrativo; y Luis Ferrebuz, promotor social. Les imputan los delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Serán recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Maracaibo, informó, a través de su cuenta en Twitter, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).

“La detención de los integrantes de Azul Positivo representa riesgos para la vida de las personas con VIH que atienden en el Zulia, deja sin protección a las familias en inseguridad alimentaria y a las comunidades beneficiarias de sus programas”. Además que crea un “precedente en la criminalización de la labor humanitaria en el país, que se verifica mientras millones de personas en Venezuela sufren las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja”.

La detención de los miembros de la ONG ocurrió, el 12 de enero de 2021, luego de que  funcionarios de Servicio de Investigaciones Penales del Estado Zulia (SIPEZ) y la  Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) irrumpieron, a las 11.30 de la mañana,  en la sede de Azul Positivo. Se los llevaron para interrogarlos y no volvieron a sus casas.

Juan Berríos, coordinador de CODHEZ, señaló, en rueda de prensa, que la investigación que adelanta la policía militar a la ONG tiene que ver con el “financiamiento de  tarjetas de alimentación que otorga Azul Positivo a través de su programa de ayuda humanitaria”. La investigación comenzó, el 11 de enero de 2021, luego de que funcionarios de la DGCIM detuvieron a un comerciante en el municipio San Francisco por el uso de los instrumentos de pago en su establecimiento. El comerciante fue liberado y comenzaron las detenciones arbitrarias de los defensores de derechos humanos.

Codhez en unión con la directiva de Acción Solidaria contra el Sida (ACCSI), Alberto Nieves; de Acción Solidaria, Feliciano Reyna; y otras organizaciones de derechos humanos exigen primeramente la libertad plena y sin cargos de los miembros de Azul Positivo  y que el cese de la criminalización de la defensa de Derechos Humanos en el país.

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