Equipo UVL – Guárico.
¨No existe celeridad debido a que normalmente los detenidos no tienen sus causas judiciales en este mismo estado¨, contó un abogado a Una Ventana a la Libertad (UVL), al consultarle por las últimas protestas contra el retardo procesal en el Centro para Procesados 26 de Julio y el Anexo Femenino de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), en San Juan de los Morros, estado Guárico.
La afirmación del experto en material de derecho penal coincide al menos con la denuncia que en días recientes enviaron mediante un comunicado unos 130 reclusos de la cárcel 26 de Julio, que manifiestan tener sus expedientes a las órdenes de los Tribunales de San Fernando y Guasdualito, en el estado Apure, donde aún no son atendidos.
“Los tribunales de Guárico hacen solicitudes a los tribunales de Apure y no reciben respuesta al respecto. Los jueces de ejecución no quieren laborar ya que un grupo de privados están aptos para beneficios y otros están pasados de 75 (%) y cómo van si no los atienden”, denunció uno de los reos.
De acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por UVL en la región, la presencia de reclusos provenientes de San Fernando y Guasdualito en la cárcel de Guárico, es debido principalmente a que el estado Apure no cuenta con un centro penitenciario.
La huelga y su pasado
El lunes 10 de junio los reos de la cárcel de San Juan se sumaron a una huelga de hambre nacional, que también se cumplió en más de 50 recintos penitenciarios de Venezuela, para denunciar el retardo procesal y exigir un efectivo Plan de Revolución Judicial.
“Somos muchas personas las que estamos procesadas y no nos atienden, difieren las audiencias y no podemos seguir así, queremos libertad”, cuestionó vía telefónica uno de los reclusos desde el centro penitenciario “26 de Julio”, el lunes 10 de junio.
Luego de conocerse la protesta carcelaria, UVL confirmó que el pasado jueves 13 de junio inició un plan judicial, que se extendió durante unos tres días, el cual presuntamente comprendía la revisión de los expedientes y el cumplimento de medidas en casos donde correspondiera.
Vale recordar que la población en el centro carcelario de hombres, ubicado en la capital guariqueña, supera los mil presos, de los cuales más de 340 ingresaron entre septiembre y diciembre de 2023, trasladados desde las cárceles desalojadas en los estados Bolívar, Yaracuy, Carabobo y Aragua, como consecuencia de la Operación Gran Cacique Guaicaipuro.
Al respecto, el abogado consultado por UVL en Guárico aseguró que para lograr el descongestionamiento y la celeridad judicial es necesario otorgar las libertades condicionales o plenas a quienes correspondan, según lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (Copp). Al mismo tiempo, sugirió reubicar a los privados de libertad en los centros penitenciarios de sus estados o los más cercanos: “Deben estar en su penal de origen, con su juez de la causa y con sentencia firme¨.
Retardo procesal en CDP
Las dificultades de traslado a los tribunales y el diferimiento de audiencias son dos de las causas frecuentes de retardo procesal en los Centros de Detención Preventiva (CDP) del estado Guárico.
En tal sentido, actualmente sigue vigente aquella aseveración de un abogado penalista en entrevista publicada por UVL a finales de junio en 2022: “La Revolución Judicial no arrancó el problema del retardo procesal de raíz”, dos años más tarde queda en evidencia la deficiencia en materia de celeridad judicial en el estado: “Aún existe retardo procesal como consecuencia de la falta de infraestructura, de jueces, de transporte y otros elementos¨, sostuvo para entonces.
En el presente, los familiares con reclusos en los CDP de Guárico siguen padeciendo la falta de transporte de los organismos judiciales y de seguridad, tan igual, como las vicisitudes que enfrentan a diario para solventar los distintos gastos y para llevarles de comer a sus detenidos.
Protestas en CDP de Guárico
En los últimos 10 meses entre 2023 y 2024, UVL documentó 2 protestas en recintos de la Guardia Nacional (GN):
En el CDP del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la GN, en Valle de La Pascua, municipio Infante, el pasado viernes 27 de octubre de 2023, en la cual familiares exigieron a los funcionarios del referido organismo que detengan los maltratos contra sus detenidos: “Ellos -reos- dicen que tienen dos y tres días sin comer, porque no les pasan la comida; les echaron gas lacrimógeno… días atrás les echaron agua con cloro”, denunció un vocero de los familiares de reclusos en la sede del Conas de La Pascua.
La otra protesta ocurrió el 29 de octubre de 2023, en la Segunda Compañía del Destacamento 341 de la GN, ubicado en la entrada de la desalojada Penitenciaría General de Venezuela (PGV), en San Juan, donde un grupo de reos inició una reyerta y amarraron a cuatro presos, entre ellos ex funcionarios policiales, para denunciar las condiciones infrahumanas en las que se encontraban.
“Queremos traslados pacíficos, porque nos tienen viviendo mal… independientemente que estemos pagando un error, somos seres humanos, no merecemos vivir así”, dijo uno de los reclusos encapuchados.
Es importante aclarar que la opacidad informativa de los organismos de seguridad como la policía regional (PoliGuárico), Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional y otros, limita el acceso a mayores detalles respecto a presuntas manifestaciones internas por condiciones de salubridad y retardo procesal, en algunos CDP de la entidad.
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