Rubén Bolívar Idrogo | UVL Carabobo
Este 28 de marzo de 2021 se cumplen tres años de la tragedia en la Comandancia General de la Policía del Estado Carabobo (Policarabobo) donde producto de un incendio murieron 69 personas, 67 privados de libertad y dos mujeres que pernoctaban en el Centro de Detención Preventiva (CDP) ese trágico día. Hasta este tercer aniversario del hecho, ha resaltado el retardo procesal, violación, frustración y sed de justicia por parte de los familiares de los hoy occisos.
El incendio en los calabozos de Policarabobo ubicada en la calle Navas Spinola de la zona norte del municipio metropolitano Valencia, y que sucedió el Miércoles Santo de 2018, es catalogado como uno de los más graves generados en Venezuela desde el incendio en la cárcel de Sabaneta en 1997; donde fallecieron 127 personas.
Los tres años que han transcurrido de la tragedia están llenos de hechos irregulares, tales como retardo procesal, ya que hasta la fecha no se ha efectuado la audiencia de presentación de los cinco responsables del siniestro, informó la abogada Lyli López, quien encabeza el Comité de Víctimas de la Justicia y la Verdad de la Tragedia de Navas Spinola.
Cabe recordar, que los imputados por este caso son: Comisionado José Luis Rodríguez, quien para el momento era el subdirector de la Policía de Carabobo; José Antonio Loaiza, Aníbal Antonio Padrón Pacheco, José Rafael Colina Palencia y Sergio Enrique Rodríguez Rodríguez.
El martes 03 de abril de 2018, el Tribunal Cuarto de Control de la Circunscripción Judicial Penal del estado Carabobo dictó privativa de libertad para el subdirector de la Policía de Carabobo, así como para los otros cuatro funcionarios.
A José Luis Rodríguez se le imputó homicidio calificado a título de dolo eventual en grado de coautor con los agravantes de omisión al socorro y el delito de introducción de arma de fuego y municiones en retenes policiales; así como corrupción propia, contemplado en el artículo 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, reseñó el Tribunal Supremo de Justicia a través de una nota de prensa.
Aunque posteriormente le quisieron cambiar uno de los delitos al Comisionado Rodríguez.
A José Antonio Loaiza se le imputó homicidio calificado a título de dolo eventual en grado de coautor; omisión al socorro y el delito de introducción de arma de fuego y municiones en retenes policiales.
Mientras que José Rafael Colina, Sergio Enrique Rodríguez, y Aníbal Antonio Padrón Pacheco fueron privados de libertad por el delito de corrupción propia, previsto y sancionado en el artículo 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción.
RETARDO PROCESAL
Los familiares de los privados de libertad que fallecieron en el incendio en los calabozos de la Comandancia General de la Policía del estado Carabobo le exigen a la Defensoría del Pueblo que asuma sus funciones constitucionales con seriedad y se haga parte activa y asista formalmente a la audiencia preliminar fijada para el miércoles 05 de mayo de este año.
Denuncian que hay retraso procesal. La audiencia de presentación de los cinco imputados en los tres años que van se han diferido en más de 20 oportunidades.
También le recuerdan a la Fiscalía del Ministerio Público, que las tumbas de varios de los presos sepultados en el Cementerio Municipal de Valencia han sido profanadas, posiblemente con la intención de hurtar evidencias.
Asimismo, hicieron un llamado a la Fiscalía 35° y a los representantes del Tribunal Cuarto de Control de la Circunscripción Judicial Penal del estado Carabobo, quien lleva la causa, que actúen con diligencia, seriedad y responsabilidad. “Murieron 69 personas, de las cuales 67 estaban bajo la tutela del Estado”, les recuerdan las víctimas indirectas.
Además, manifestaron que las personas que murieron se encontraban en un espacio intencionalmente cerrado para asegurar el efecto letal de la actuación desplegada por los funcionarios policiales. “Ellos debieron garantizar la vida a las víctimas, la integridad personal y a recibir un trato digno, no ser quemados ni masacrados a tiros”, aseveran.
Por su parte, la profesional del derecho que encabeza el Comité de Víctimas de la Justicia y la Verdad de la Tragedia de Navas Spinola, precisó que hicieron la petición de exhumación de nueve cadáveres y hasta la fecha no han obtenido respuesta. Además, los cadáveres de dos privados de libertad que murieron el 28 de marzo de 2018, no aparecen por ningún lado.
EL ESTADO ES RESPONSABLE
El “Comité de Víctimas de la Justicia y la Verdad de la Tragedia de Navas Spinola” asegura que en este caso existe evidente responsabilidad del Estado venezolano por incumplir sus obligaciones de adecuar las condiciones carcelarias a los estándares internacionales para evitar más tragedia como la ocurrida el 28 de marzo de 2018 en la Comandancia General de la Policía del estado Carabobo.
Prueba de ello, explica, es la recomendación realizada en el informe pericial de la Dirección de División de Siniestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que consta de 32 folios y que específicamente señala: “Se pudo constatar que la mencionada comandancia contaba para el momento en que se suscitó el siniestro con 151 detenidos en dicho calabozo, haciendo de esta forma caso omiso en lo establecido en las normas Covenin.
Otra de las irregularidades constatadas es, que tampoco le abrieron un MP (número de caso) a los dos cadáveres de los presos desaparecidos.
En una entrevista con el equipo de UVL Carabobo, el Comité de Víctimas dijo que había varios documentos importantes “ocultos” hasta que el Dr. Dixon Pérez Mota asumió la Fiscalía 35° el 2019.
El fiscal con competencia en Protección de los Derechos Humanos de la Circunscripción del Estado Carabobo, vació todos los escritos al sistema, entre estos la información de todas las diligencias que se habían practicado, como es el caso de las cámaras de seguridad y del informe que hizo la División de Siniestro del Cicpc.
OTROS DETALLES
No se determinaron otras responsabilidades. Solo hay cinco imputados cuando actuaron más de 50 funcionarios y eso está reflejado en las declaraciones, están en las actas.
Otra es, que el día de la tragedia había una venta de alimentos y el Ministerio de Alimentación sabe de ese operativo.
Los responsables de llevar la acusación particular en este hecho, afirman que el Subdirector dio la orden a todos los que estaban presentes en la Comandancia General para que fueran al parque de armas a retirar los armamentos para entrar hasta el calabozo donde estaban los 151 privados de libertad.
Supuestamente iban a practicar una requisa arbitraria y violatoria de derechos humanos que no contó con la debida autorización. Además, el Comisionado José Luis Rodríguez tampoco pidió la presencia del Fiscal de Asuntos Penitenciarios, de la Defensoría del Pueblo ni de Protección Civil, para que estuvieran las condiciones dadas de lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en estos casos.
INVESTIGACIÓN OBJETIVA
“Como la investigación sigue abierta es importante una investigación exhaustiva, efectiva, objetiva e imparcial para esclarecer las causas de estas muertes porque un factor importante son los Grabador de Video Digital (DVR) de las cámaras de seguridad que fueron colectados por el Ministerio Público 48 después de haber ocurrido los hechos.
Fueron remitidos a la División de Análisis de Sistemas de Tecnologías de Información (DASTI) del Ministerio Público, pero se determinó que los DVR fueron dañados de forma intencional para que no quedara un registro fílmico de lo ocurrido el día 28 de marzo de 2018.
Ante todas estas razones, los familiares de las víctimas y el Comité de Víctimas insisten en la creación y conformación de la Comisión de la Verdad por la magnitud del caso, por la cantidad de fallecidos.
CORRUPCIÓN
De acuerdo a las investigaciones, las causas de esta tragedia serían la corrupción unida al hacinamiento, la falta de supervisión, la responsabilidad de la cadena de mando, la ausencia absoluta de la Unidad Criminalística del Ministerio Público, la falta de atención a las víctimas por estos dolorosos hechos y la falta de investigación de los sobrevivientes quemados.
Hay algo más que también consideran muy grave, los dos cuerpos desaparecidos. Y para colmo, el retardo procesal para la celebración de la audiencia preliminar de los únicos cinco acusados de los más de 50 funcionarios que actuaron el día de la tragedia.
Otro de los puntos importantes son los 17 sobrevivientes. “No se abrió una investigación sobre ellos que quedaron quemados, con enfermedades, que tienen secuelas, deficiencia pulmonar. Esto está denunciado ante la fiscalía, en el propio Palacio de Justicia de Carabobo, y nada, lo que se recibió fue un silencio absoluto para no revelar lo que ocurrió ahí y determinar otras responsabilidades”.
Finalmente, el Comité de Víctimas le pide al Ministerio Público, al Fiscal General de la República, que dé cumplimiento al artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los Derechos Humanos cometidos por sus autoridades para que no exista impunidad.
Además, tiene que tomar en cuenta a las víctimas, hay directas e indirectas. Los sobrevivientes que quedaron quemados y con problemas de salud grave- Las víctimas indirectas tampoco han sido tomadas en cuenta ni por el Gobierno regional, ni por ninguna de las autoridades que están al frente del Poder Ciudadano que tiene que velar y proteger a las víctimas y no lo han hecho.
IMPOTENCIA Y DOLOR
Los familiares de las víctimas del caso Policarabobo, aseguran, que hoy a tres años de haber ocurrido, el dolor es el mismo. La amargura y tristeza los embarga cada día que pasa cuando ven que muchos hijos se quedaron sin sus padres o muchas madres se quedaron sin sus hijos porque fallecieron en manos del Estado. “Nuestros hijos fueron asesinados a tiros porque nosotros les vimos las heridas. A uno lo dejaron casi sin rostro de un disparo que le dieron en la cara. No es como dicen ellos que la muerte fue por asfixia, no, los mataron sin misericordia”.
Nelly Guerrero, madre de Charles Jhaniel, todavía llora la muerte de su hijo. Es una de las primeras en llegar al Palacio de Justicia el día que fijan la audiencia y es una de las últimas que se va.
Guerrero, un joven de 23 años, fue una de las víctimas de lo que algunos llaman “masacre de Policarabobo”. Ese 28 de marzo de 2018 los familiares de los reclusos escuchaban desde afuera los gritos desesperados y los disparos que les hacían los policías.
Nelly Guerrero, así como varios sobrevivientes, desmienten categóricamente la versión que da el Gobierno del caso. Aseguran “que se trató de un asesinato en masa”.
Simoney Rodríguez, tía de Maderson Alexander Landaeta Rodríguez, sostuvo que su sobrino murió en las instalaciones de la Comandancia General de la Policía de Carabobo en circunstancias extrañas y que todavía no han sido esclarecidas.
“Él no murió por asfixia mecánica como dicen en la autopsia, él tenía dos tiros en el rostro. Nosotros necesitamos que por favor se esclarezcan estos hechos, ya que no tenemos tranquilidad ni paz como familia, como seres humanos, al ver tanto dolor, tanta impunidad. Tantos hogares destruidos, los hijos de mi sobrino en orfandad pasando trabajo y necesidad por la ausencia de su padre. Veo a mi hermana prácticamente muerta en vida por tanto dolor y sufrimiento”.
Simoney Rodríguez dice que el Gobierno da una cifra de 69 personas, pero que en realidad fueron más.
Hizo un llamado al Estado y al fiscal general de la República, Tarek William Saab, para que hagan su trabajo, que investigue qué fue lo que realmente pasó en la sede de Policarabobo porque es deber ellos actuar con la debida diligencia. “Tiene que identificar a todos los responsables de esa masacre y sancionarlos como debe ser”.
Maderson Alexander Landaeta Rodríguez, de 24 años, tenía más de un año y medio preso y más de 15 audiencias diferidas y nunca se realizó la preliminar. “Nunca se demostró su inocencia ni su culpabilidad. Hubo mucha negligencia en ese caso, mucho retardo procesal”, dijo la tía de la víctima.
Añadió Simoney, que murieron muchas personas que ya tenían la libertad, y otras como su sobrino que no se sabía si eran culpables o inocentes porque “el Estado no se ocupó y la Fiscalía faltó mucho. Hubo muchas irregularidades en su caso. Pido de todo corazón que eso no siga sucediendo porque es muy triste ver a una persona casi dos años presa por un delito que nosotros sabemos que él no cometió, pero el Estado nunca se ocupó de buscar la verdad y lamentablemente murió de esa manera tan trágica, tenía 23 años y era Técnico Medio. Dejó tres hijos en orfandad, una madre, una esposa y toda una familia destruida. No mereció morir así ni ninguno de los que estaban ahí. Ese 28 de marzo de 2018 es un día inolvidable para mí, nunca en mi vida había visto tanta gente sufriendo. Hago un llamado al Gobierno para que esclarezca este caso y que todos los culpables de estos crímenes paguen. La muerte de estas 69 personas, según la cifra oficial, no puede quedar impune”, pidió la tía de Landaeta Rodríguez.
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