Táchira | Reclusos del CPO denuncian múltiples irregularidades a sus derechos humanos

Foto: Referencial

San Cristóbal.- En un documento enviado A Una Ventana a la Libertad,  reclusos del Centro Penitenciario de Occidente II (CPO) Rafael de Nogales Méndez, ubicado en Santa Ana del Táchira, expusieron diferentes irregularidades a las que son sometidos desde el mismo momento en que son detenidos, mientras están en custodia y hasta la misma excarcelación.

El texto va dirigido al presidente Nicolás Maduro y dice que a propósito de haberlo escuchado en televisión donde hablaba de la importancia del respeto a los derechos humanos para él y  “para la reconstrucción de la patria” y que en esa alocución instaba a las personas a denunciar “hechos de violación a la constitución y a la integridad moral, física y psicológica de cualquier ciudadano”, optaron por contar la situación que atraviesan en el CPO.

Argumentan que con esa denuncia pretender contribuir  en la reforma del sistema judicial del cual se consideran  “víctimas” y evitar que la justicia actúe “como sistema de represión y extorsión al pueblo venezolano”.

Entre muchos aspectos a destacar, los detenidos aseguran que desconocían la existencia de una Fiscalía de Derechos Humanos porque nunca han tenido contacto con ella; también que no han podido ver a sus hijos o personas del sexo masculino porque solo permiten la visita de mujeres; exigen también  la presencia de  médicos que los atiendan no solo en el  aspecto físico sino también psicológico y emocional así como odontólogos que les arreglen las piezas dentales porque, aunque puedan recuperarse, los obligan a extraérselas.

La misiva compuesta de 17 páginas, con firmas y huellas de los detenidos,  expone:

Denunciamos el sometimiento y la tortura en los calabozos o centros de detención.

Denunciamos la ausencia absoluta de la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos en todas las fases de nuestros procesos.

Denunciamos las condiciones inhumanas de estos calabozos o sitios de supuesta detención preventiva en policías o CIPC  donde no hay ni servicios básicos.

Denunciamos la violación al debido proceso y a nuestros derechos humanos y civiles ya que todo lo contemplado en cuanto a los procedimientos no se cumple y nunca se nos dan a conocer nuestros derechos.

Denunciamos el retardo procesal y la coerción que unidos nos dejan en indefensión y el único camino al que nos obliga esta violación es a aceptar cargos, aunque seamos inocentes.

Denunciamos la extorsión permanente en calabozos para obtener cualquier derecho como agua, comida además de extorsiones para proteger tu integridad.

Denunciamos la ausencia absoluta de atención médica en calabozos o centros de detención y aquí en el penal la ausencia de odontólogo médico, y todo lo que establece el Código Orgánico Penitencial.

Denunciamos el sistema de defensa donde los abogados públicos nos obligan a declararnos  culpables y a los privados nos robaron miles dejando a nuestras familias sin dinero y sin nuestra ayuda.

Queremos denunciar que la mayoría de supuestos defensores se convierten en extorsionadores que, junto con fiscales y jueces corruptos,  comparten el dinero que les roban a nuestras familias y éstos nos dejan sin esperanzas de justicia.

Denunciamos la violación de nuestro derecho de presunción de inocencia.

Sometimiento a convivir con personas con historial violento sin tomar en cuenta ningún riesgo a nuestra integridad.

Denunciamos el derecho de asistir a Tribunales o a los diferentes procesos judiciales y el retardo que accionan para luego extorsionarnos para pagar todo para que nos lleven a Tribunales.

Denunciamos el incumplimiento absoluto del Código Orgánico Penitenciario en especial en cuanto al trato y el respeto de nuestros derechos humanos y la aplicación de sanciones ante las faltas.

Denunciamos la violación de nuestro derecho como hombres y mujeres heterosexuales a una sexualidad sana y organizada.

Denunciamos el derecho que tenemos a conocer sobre nuestros deberes y derechos obligaciones y formas de sancionar, de elaborar denuncias y a quién dirigirlas.

Denunciamos la violación a nuestro derecho a redimir un derecho que establece el Código Orgánico Penitenciario en el numeral 155.

Denunciamos la ausencia absoluta de jueces y fiscales en los penales y de autoridades que velen por el cumplimiento y reconocimiento de nuestros derechos.

Denunciamos la ausencia absoluta de fiscalía de derechos humanos a la que la mayoría de nosotros no sabíamos que existía.

Denunciamos la violación de los derechos humanos a personas mayores de 70 años, personas con problemas mentales, psiquiátricos o con incapacidades

Ante ello, los reclusos exigen:

Solicitamos con urgencia la presencia de organizaciones de derechos humanos en todos los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad y en todas las fases del proceso judicial.

Solicitamos un sistema funcional de denuncias al que familiares y privados puedan acceder a cualquier hora y en cualquier lugar y que tenga participación de organizaciones de derechos humanos.

Solicitamos el cumplimiento del artículo 29 de la Constitución Bolivariana de Venezuela y se investiguen y sancionen legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.

Solicitamos el complimiento al debido proceso, al retando procesal una solución inmediata y que se cumplan los derechos procesales y constitucionales en todas las fases del proceso judicial.

Solicitamos solucionar el transporte en todos los lugares donde se encuentren privados de libertad y puedan ser trasladados a tribunales o emergencias médicas.

Solicitamos solución para nuestras visitas porque actualmente solo dejan entrar visitas de mujeres pero a  los niños o los varones de nuestras familias, no los vemos hace años.

Solicitamos atención médica urgente y humanizada en todos los lugares donde se encuentren personas privadas de libertad; donde sean posibles tratamientos médicos, odontológicos, psiquiátricos, cirugías etc.

Solicitamos la adecuación, reparación, construcción de todos los lugares donde se encuentran personas privadas de libertad y que en todos estos lugares se aseguren los servicios básicos.

Solicitamos que en cada lugar donde se tengan personas privadas de libertad establezcan un cupo limitado que asegure condiciones humanas y que tengan todos y todas acceso a sus derechos y sus deberes y a dónde denunciar cualquiera violación.

Solicitamos el cumplimiento de la autoridad penitenciaria para que envíen nuestras redenciones a los tribunales y que jueces nos actualicen en el tiempo que estipula el Código Orgánico Penitenciario.

Solicitamos asistencia inmediata a personas con problemas físicos, psiquiátricos y con alguna incapacidad al igual que a los mayores de 70 años, que tengan una atención integral, jurídica, médica.

Solicitamos visitas periódicas en los penales de la Fiscalía de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo, pero que no vengan a tomar solo fotos, que vengan a procesar nuestras denuncias y solicitudes.

Solicitamos la dotación de uniformes y de afeitadoras ya que aquí nos exigen el uniforme y mantenernos rasurados, pero no nos dan los implementos y muchos no tenemos quién nos ayude.

Solicitamos con urgencia una jornada de tratamiento odontológico  porque aquí solo nos obligan a sacarnos piezas dentales aunque tengan tratamiento o salvación.

Solicitamos jornadas oftalmológicas y generales urgentes ya que hay muchos de nosotros que estamos mal de salud.

Solicitamos un pronunciamiento nacional sobre las redenciones; valen o no valen.

Solicitamos participar en el proceso de Reforma Judicial, que se conozcan nuestras experiencias para contribuir desde la práctica en esta reforma.

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