Los únicos dos casos registrados por Una Ventana a la Libertad, en los últimos dos años, fueron hallados a través de las jornadas médicas desarrolladas por el Proyecto Once Trece
Equipo UVL Miranda – Lidk Rodelo Ruidiaz
Descartar el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), o garantizar tratamiento médico a quienes ya les hayan diagnosticado el virus, es una utopía en los centros de detención preventiva (CDP) ubicados en las regiones Guarenas-Guatire y Barlovento, ambas en el extremo este del estado Miranda.
Ninguno de los 10 CDP que son monitoreados por Una Ventana a la Libertad en estas localidades mirandinas, maneja programas para diagnosticar o, en su defecto, tratar el VIH en las y los privados de libertad.
En los últimos dos años, sólo dos casos han sido diagnosticados y registrados por Una Ventana a la Libertad en estos CDP. Ambos fueron hallados en las jornadas de atención médica integral desarrolladas por el Proyecto Once Trece.
La ausencia de políticas públicas para descartar casos de VIH en los centros de detención preventiva representa un riesgo de propagación del virus, de acuerdo con lo expresado por el Dr. Juan Manue Hidalgo, especialista en infectología.
“El VIH debe ser tomado en cuenta como un problema de salud pública. En consecuencia, se hace necesaria la intervención del Estado para mantener programas permanentes no sólo de detección, sino también de prevención efectiva, tratamiento, seguimiento y programas de apoyo tanto para el afectado como para la familia, en caso de que sea necesario”, detalló Hidalgo.
En tal sentido, el especialista sugiere que, por estar bajo la custodia del Estado, éste debe garantizar a los privados de libertad, programas permanentes de prevención, como la entrega de preservativos, así como políticas permanentes para la detección y el acceso a tratamientos médicos.
“Es una realidad que en los recintos carcelarios los privados de libertad mantienen relaciones sexuales, no podemos ocultar el sol con un dedo, entonces, además de informar oportuna y permanentemente, también se debe hacer un esfuerzo en la prevención”, recalcó.
Sin acceso a tratamiento
De acuerdo con el monitoreo realizado por Una Ventana a la Libertad, ninguno de los dos casos de VIH detectados en las jornadas de atención médica integral recibe tratamiento farmacológico con antirretrovirales, lo que eleva el riesgo de complicaciones por enfermedades comunes, e incluso, de morir.
“En Venezuela, desde 2019 el Estado es el único autorizado para la distribución y entrega de medicamentos antirretrovirales para el VIH, por tanto es ante el Estado que se deben hacer los trámites respectivos. Por otra parte, la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país, ha marcado una disminución en el acceso al tratamiento médico farmacológico de pacientes con VIH. Si a esto le sumamos el miedo a la discriminación por la exposición, así como la lentitud del Estado para dar respuesta a cualquier caso, las probabilidades de éxito para que un privado de libertad con VIH en Venezuela lleve una vida normal, son mínimas”, destacó el especialista consultado por Una Ventana a la Libertad.
En el caso de la tuberculosis, una de las enfermedades que representa la principal causa de muerte por enfermedades en los CDP, son los familiares de los privados de libertad quienes deben tramitar ante el Estado la entrega de medicamentos, para combatir la enfermedad.
Igualmente ocurre con el VIH. Los familiares de los detenidos son quienes deben acudir a las instancias estatales para registrar los casos, así como para que les sean entregados los antirretrovirales para sus respectivos tratamientos.
La falta de información sobre dónde acudir, pero sobre todo las trabas encontradas en el sistema judicial para conseguir una orden de un tribunal que permita trasladar a un privado de libertad para hacerle los estudios médicos para descartar VIH, representan dificultades adicionales para los familiares.
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