SUMARIO
Abogados penalistas rechazan la medida por considerarla ilegal
Eva Riera, Equipo UVL, 24/07/2018
FOTOS cortesía
Un mil ciento ochenta y un privados de libertad conviven hacinados en los nueve centros de detención preventiva (CDP) que existen en el estado Falcón. De ellos, 300 están condenados y tienen boleta de traslado a la Ciudad Penitenciaria de Coro lo cual viola sus derechos humanos.
Morella Ferrer, presidenta del Circuito Judicial de la entidad occidental, reveló la cifra durante la apertura de un plan de abordaje de los mencionados CDP con el objetivo de descongestionarlos.
La medida se realizará simultáneamente en los retenes de los organimos de seguridad del estado, vale decir, Polifalcon, Policarirubana, Polimiranda, PNB, GNB y CICPC con la participación del Ministerio Público, Defensa Pública, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Servicio Penitenciario, CNE, Saime, Senamef y Secretaria de Salud del estado.
Se les ofrecerá a los detenidos asistencia jurídica, social y de salud mediante la evaluación de los expedientes de cada uno iniciando por los condenados. También se examinará a aquellos que tengan problemas de salud para gestionar el tratamiento respectivo, su traslado a un centro asistencial o a su casa mediante el otorgamiento de una medida cautelar.
En opinión de Ferrer hablar de retardo procesal es incorrecto sin antes no estudiar bien el expediente de cada reo.
El director de Policarirubana, Jesus López Marcano, quien ha denunciado varias veces el hacinamiento y exigido el traslado de los penados, celebró que los tribunales ya tuvieran jueces titulares al frente e informó que cuatro procesados fueron beneficiados con medidas cautelares de presentación.
Aspira que, al menos 70 reos sean liberados o trasladados para quedar con un número aceptable de reclusos. “Estas no son celdas de reclusión permanente sino preventiva y prácticamente han servido de cárceles aún cuando son calabozos construidos para albergar a 40 personas”, explicó. Actualmente en Policarirubana hay 140 detenidos.
El abordaje también permitirá cedular a los indocumentados e inscribirlos en el Registro Electoral.
Elvira Mora, directora regional del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, Senamed, indicó que desconoce cuántos privados de libertad serán evaluados de manera integral desde un punto de vista médico legal. Los beneficios se otorgarán dependiendo de la patología. En el caso de la desnutrición y la tuberculosis, que son enfermedades con varias etapas, dependerá de la que se encuentre para tomar la medida. Los casos de escabiosis con tratamiento y ambiente adecuado se puede solventar.
El abogado penalista César Curiel aseguró que el llamado plan de abordaje “es totalmente e ilegal porque viola el derecho a la defensa del imputado, enerva la presunción de inocencia y contraviene el derecho al trabajo de los defensores privados”. En su opinión constituye una especie de chantaje al privado de libertad porque sólo se presentan los casos de quienes acepten admitir los hechos.
Dejar una contestacion