En el estado Mérida, desde que inició la revolución del sistema judicial, han sido descongestionados los centros de detención preventiva en un alto porcentaje. Aun cuando no existen cifras oficiales, los casos de más de 600 privados de libertad que ocupaban los calabozos de los diferentes cuerpos de seguridad fueron objeto de revisión por parte de la comisión designada por la Asamblea Nacional por orden de la presidencia de la República, de los cuales, muchos de ellos recibieron medidas de traslado y boletas de excarcelación por medidas cautelares que permitieron reducir en un alto grado el hacinamiento de los recintos de reclusión temporal.
En el caso de la policía de Mérida, la cifra de más de 450 privados de libertad recluidos hasta junio de 2.021 en las diferentes comisarias, se redujo en más de un 75%. A la fecha, aproximadamente un tercio continua en los diferentes CDP de este cuerpo de seguridad, de los cuales un promedio de 40 personas están presas en la comandancia general de policía ubicada en el sector de Glorias Patrias de la ciudad de Mérida.
Cabe destacar que la cantidad de mujeres detenidas en el anexo femenino de la policía estadal conocido como “La Alcaidesa” se redujo drásticamente. De más de 30 privadas de libertad que se encontraban en estas instalaciones, según el último reporte del mes de mayo de 2.022 de la policía estadal, solo tres de ellas se encuentran en este CDP exclusivo para mujeres.
No existen cifras oficiales
Aun cuando el descongestionamiento ha sido significativo, no han sido publicadas cifras oficiales que detallen el número de privados de libertad que gozaron de medidas cautelares que permitiera su excarcelación o traslado desde los CDP hacia el Centro Penitenciario de la Región Andina, CEPRA, u otras cárceles del país.
Sin embargo, en enero de este año, el director de polimérica, coronel Elisaul Infante Weffer, luego de una protesta de familiares por el traslado de privados de libertad a otras cárceles del país, hizo referencia al trabajo que realizan diariamente de traslado y custodia de los privados de libertad desde los diferentes recintos de reclusión temporal al Circuito Judicial Penal, para el respetivo proceso de juicio que les corresponde. Sin embargo, en algunos reportes publicados, es muy común el diferimiento de audiencias por diferentes motivos, lo cual retrasa los procesos y por ende, alarga la estadía de personas detenidas en los centros de detención.
Hablan los familiares
En conversaciones sostenidas con familiares de privados de libertad, aun cuando se llevó a cabo las acciones correspondientes a la revolución del sistema judicial, el retardo procesal aún continúa siendo el común denominador en muchos de los casos. Algunos de ellos aseguran que existen personas privadas de libertad siendo inocentes de los delitos que se les imputan, sin embargo pasan años inclusive dentro de los calabozos.
Consideran que tales dificultades en el proceso judicial representa una violación a los derechos humanos de los detenidos, quienes permanecen recluidos en instalaciones no aptas ni acondicionadas para estadías de larga data.
Corrupción dentro del sistema judicial
Otra de las causas denunciadas por familiares y abogados que obstaculiza los procesos que en ocasiones impide la liberación de los privados de libertad, es la corrupción dentro del sistema judicial.
En lo que va del año 2.022 fueron detenidos en el estado Mérida tres fiscales del Ministerio Público, dos de ellos liberados posteriormente, incursos en casos de presunta corrupción. Los ex funcionarios fueron apresados el pasado 21 de enero en Tovar estado Mérida luego de ser grabados “solicitando 5mil $ a un investigado para no detenerlo”, señaló el Fiscal Tarek William Saab en su cuenta de Twitter.
Los ex fiscales del MP, Yulimar Ureña Camperos y Freddy Antonio Freites Lugo fueron detenidos el pasado 21 de enero de 2.022 en la capital del municipio Tovar, y posterior acusados de los delitos de corrupción y agavillamiento. Se conoció que ambos ex funcionarios habrían sido puestos en libertad condicional luego de admitir los hechos, lo cual, según publican comunicadores sociales en redes sociales, permitió beneficios, entre los que señalan: “condenatoria a la mitad de los años, decisión que fue apelada por la defensa la corte de apelaciones del Circuito Judicial de Mérida, procedió a dar efectos suspensivos, con lo cual quedaron en libertad condicional”.
Antes de ser detenidos, los ex fiscales, laboraban en la Fiscalía 8va de Tovar, estado Mérida. En su momento, el caso fue dado a conocer por el Fiscal Nacional, Tarek Wiliam Saab, en su cuenta en la red social Twitter @MinpublicoVEN, en el que señaló: “La #sanción a funcionarios del MP @MinpublicoVE que pretendan hacer un #MAL uso de sus atribuciones: aliados a mafias #tribunalicias, agentes #policiales o #bufetes de abogados: siempre ha sido y será una línea de acción en pro de la #JUSTICIA durante nuestra gestión”
El 22 de enero de 2022, el Fiscal informó en la red social la detención de los funcionarios: “#DETENIDOS para ser #IMPUTADOS ahora por el @MinpublicoVE los ex fiscales de Mérida FREDDY FREITES y YULIMAR UREÑA quienes fueron #grabados solicitando 5mil$ a un investigado para no aprehenderlo… #DEPURACIÓN Hemos #JUDICIALIZADO a 284 Fiscales por hechos de #Corrupción”.
En el hilo posteado por el Fiscal, también escribió que “la #sanción a funcionarios del MP @MinpublicoVE que pretendan hacer un #MAL uso de sus atribuciones: aliados a mafias #tribunalicias, agentes #policiales o #bufetes de abogados: siempre ha sido y será una línea de acción en pro de la #JUSTICIA durante nuestra gestión”.
Una tercera persona también fue detenida, quien según el Fiscal Tarek William Saab, habría estado implicada en el caso. “#DETENIDA #ahora Alexandra Janett Rodríguez quien siendo Fiscal Auxiliar Superior de Investigación (Mérida) formó parte de la red de #Corrupción conformada por los ex fiscales Fredy Freites y Yulimar Ureña, -también #Detenidos- al ser grabados solicitando 5.000$ a un ciudadano”, señaló.
Denunciaron violación de derechos constitucionales: Posterior a su detención, La defensa de la abogada Alexandra Rodríguez, denunció presunta violación de sus derechos constitucionales. Los abogados aseveraron que desde su aprehensión el pasado 28 de enero, no se le garantizó sus derechos constitucionales.
“Necesitamos exponer ante la opinión pública la necesidad de que se tome en cuenta las graves fallas que ocurren en el presente caso por la ausencia de garantías que son necesario resguardar desde el punto de vista constitucional procesal, nos referimos al debido proceso de la tutela judicial efectiva la correcta administración de justicia y el derecho oportuno a la defensa adecuada”, señaló el abogado defensor Nathan Barillas.
Presos políticos: años de reclusión siendo inocentes
En el caso de los denominados “presos políticos” existen denuncias de violaciones a sus derechos. Abogados, familiares y representantes de ONG’s de derechos humanos aseguran que en casos como los de Marller González, Walter Mayorga, Daniel Parra y Steven García, fueron violentados sus derechos fundamentales luego de pasar años privados de libertad sin pruebas que los incriminaran en los delitos que se les imputaban.
El día 22 de septiembre de 2.021 fue liberado Daniel Parra, quien fue calificado por organizaciones no gubernamentales como preso político. Permaneció detenido durante cuatro años por un asesinato que no cometió. Sin embargo, aun cuando fue absuelto por un juez en octubre de ese año, no fue sino hasta el 22 de septiembre que fue liberado. Según explicó en su momento el representante de Foro Penal en Mérida, Francisco Cermeño, el Fiscal 4to del Ministerio Publicó ejerció la apelación en la modalidad de efecto suspensivo y paralizó la libertad de Daniel Parra, aun siendo declarado inocente. Explicó que apenas surgida la reforma legal del COPP donde se deroga el efecto suspensivo para las sentencias absolutorias en juicio los abogados del Foro Penal introdujeron un escrito pidiendo la libertad de Daniel. Dicha solicitud se materializó de inmediato con la liberación de Daniel Parra durante la tarde del 22 de septiembre, luego de permanecer recluido durante cuatro años en los calabozos del CICPC.
Daniel Parra fue detenido cuando tenía 19 años de edad durante las protestas del año 2017 en contra del presidente Nicolás Maduro. Luego de un año fue realizada la audiencia de presentación y dos años después, en 2020 fue iniciado el juicio. En 2018 Foro Penal asumió la defensa. Luego de revisar el expediente se percataron que el joven se encontraba preso sin ninguna prueba de su culpabilidad. La fiscalía 4ta del Ministerio Publicó lo imputó y acusó, sin pruebas, por homicidio calificado, lesiones graves, y otros delitos. Según los abogados, fue acusado sin elementos de convicción.
Seis años tras las rejas sin motivo alguno
Otro caso emblemático en Mérida es el de Steven García, quien permaneció seis años detenido por el presunto asesinato de una maestra chilena durante las protestas del año 2.014. Durante el proceso fue diferida su audiencia en múltiples oportunidades, hasta que una juez falló a su favor en abril de este año. En una de las oportunidades, en marzo de 2.022, el Observatorio Venezolano de DDHH de la ULA Mérida denunció a través de un mensaje de Twitter que “La fiscal 3 del @MinpublicoVEN Dayana Coromoto González #Merida suspendió la audiencia de juicio de Steven Garcia, alegando no tener las conclusiones preparadas. Steven García continúa ilegalmente privado de su libertad porque la fiscalía no realizó su trabajo”.
El 19 de julio de 2021 el @uladdhh señaló que la madre del joven oriundo de Caracas denunció que su hijo era inocente. “Soy Edith Sanz, madre de Steven Ricardo García Sanz. Mi hijo fue acusado por un delito que no cometió, a quien le han arrebatado su libertad. La parte acusadora con tal cinismo me dicen en mi cara que ellas saben que él es inocente y aun así sigue privado de libertad. Se le ha violado su derecho de ser juzgado en libertad, en un juicio en el que se evidencian irregularidades que se esconden en este caso”.
El primero de abril de 2.022, la jueza promisoria Yoyreli Mata Granados dictaminó libertad plena para Steven García luego de determinar que no existían pruebas que lo hicieran responsable de la muerte de la docente Gisela Rubilar, asesinada durante las protestas que se produjeron en la capital andina durante el mes de marzo del año 2014.
Otros casos importantes son los de Marller González y Walter Mayorga, a quienes les fue otorgada libertad plena el miércoles 13 de mayo de 2.022. Los jóvenes acusados del asesinato de un guardia nacional durante las protestas del año 2.014 en la ciudad de Mérida, permanecieron presos desde el año 2016, luego de ser detenidos y acusados del homicidio cometido durante las manifestaciones efectuadas en contra del presidente de la República Nicolás Maduro y su gobierno. Según abogados del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, Mérida, encargados de la defensa de los dos jóvenes, la jueza Lucy del Carmen Terán, dictaminó la medida que permitió a Mayorga y González salir en libertad. El juicio de cierre de los jóvenes había sido diferido en cinco oportunidades durante el último mes, y no fue sino hasta este viernes 13 de mayo cuando se ejecutó la medida.
Retardos procesales
El retardo procesal es una de las principales causas que mantiene a privados de libertad tras las rejas. Aun cuando no les han sido otorgadas boletas de excarcelación, familiares de personas detenidas denuncian violación de sus derechos procesales y penales. Según representantes de organizaciones de DDHH, las constantes irregularidades que se cometen en el sistema de justicia retrasan los procesos lo cual afecta a quienes, en muchos casos, se encuentran detenidos sin evidencias que soporten las privaciones de libertad.
“Ya estoy cansada de tantas violaciones en el proceso de él que ya lleva seis años, cada vez que le abren el juicio, algo pasa y se interrumpe”, señaló Luz Marina Manrique, familiar de un privado de libertad. Su hijo desde hace seis años se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA), sin que hasta ahora haya sido concluido el juicio y emitida una sentencia.
Explicó que debido a problemas que se presentaron durante el juicio entre el fiscal y el juez encargado, han retraso el proceso, “porque yo estoy viendo que el juez está parcializado en primer lugar, y después el juez, como que es una falta de respeto a la defensa privada, en la manera de que les faltó los respetos a ellos en plena sala, donde el fiscal se les fue prácticamente a golpear a uno de los abogados defensores, y en la próxima audiencia les faltó el respeto porque les dijo que fueran a estudiar, no se qué le pasa a ese juez, él ya está recusado y denunciado. Él quiere seguir con el proceso adelante y de mi parte como la mamá del privado de libertad, yo no quiero que ese juez continúe en la causa
Acusan abusos de autoridad
Enyer Puerta, abogado de procesos penales y defensor de derechos humanos, señaló que no es la primera vez que hacen el llamado a las autoridades acerca de esta situación. “Hemos denunciado anteriormente el abuso de autoridad y la manipulación de los expedientes, así como la violación de derechos humanos, prohibición en el acceso a las medicinas, a la salud, la negación de justicia con el derecho a los traslados para los chequeos y tratamientos médicos de urgencia”, señaló. Aseguraron que muchos de los privados de libertad atraviesan por esta situación, razón por la cual exhortaron a las autoridades a garantizar el derecho al libre proceso.
Misoginia y patriarcado afecta a la mujer privada de libertad
Por su parte, la coordinadora de la ONG de derechos humanos de la mujer, “100% Estrógeno” Venus Fadoul, citó el caso de Naybelis Noel, privada de libertad desde hace tres años, según dijo, sin que existan pruebas que la responsabilicen del homicidio de su hijo. “Naybelis es una chica de apenas 23 años que hace tres, fue víctima de violencia de género física y psicológica en toda su expresión y también de violencia arbitraria. Su hijo fue asesinado por quién fuera su pareja, el sujeto asumió su responsabilidad del hecho y un sistema de justicia misógino y prejuicioso la involucra a ella en el hecho sin ninguna prueba y sin ningún testigo. La están jugando por ser mujer y por ser la madre del bebé”, explicó la abogada.
Aseveró que dentro de las penitenciarías y centros de detención preventiva son múltiples los casos de esta naturaleza, en los que se ven violentados los derechos humanos de la mujer.
Familiares exigen se respeten los lapsos y procesos judiciales
En resumen, dada la problemática existente dentro del sistema judicial que afecta a cientos de personas detenidas en los diferentes centros de reclusión temporal, familiares, abogados defensores y organizaciones de derechos humanos exigen a las autoridades judiciales respeto a los procesos y lapsos correspondientes establecidos que garanticen el derecho que tienen los privados de libertad de un juicio justo.
Estiman que en el entendido que la revolución del sistema judicial fue ordenada por el presidente Nicolás Maduro para precisamente agilizar los procesos para descongestionar los CDP, se debe respetar la decisión de los jueces y por ende otorgar la libertad plena a quienes les sea dictaminada tal decisión, como garantía del derecho a un proceso judicial justo en beneficio de quienes son juzgados por diferentes delitos.
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