Pedro Izzo / UVL Guárico
En un país quebrantado por conflictos sociales, económicos y políticos el sistema judicial no es la excepción y una evidente muestra está marcada en el retardo procesal, causa y efecto de una crisis carcelaria que hoy tiene como foco los Centros de Detención Preventiva (CDP) del país.
Los últimos registros de Una Ventana a la Libertad durante 2018, en 15 estados del país, denotan el hacinamiento de los principales CDP y como consecuencia una serie de violaciones a los derechos humanos (DDHH) de los reclusos, irregularidades que son denunciadas en reiteradas oportunidades por las madres de los detenidos.
«En los tribunales, fiscalías y policías hay muchas debilidades, primero por falta de cualidades de los funcionarios y segundo por la falta de presupuesto», comentó a UVL un reconocido abogado de la región llanera, quien pidió mantener su identidad en el anonimato.
Violación a la libertad
El especialista en derecho penal aseguró que en Venezuela es bastante frecuente el incumplimiento al principio de la libertad en los reos, lo cual es una clara violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV); así como al Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
La CRBV establece en su artículo 44: «La libertad personal es inviolable, en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…»
El abogado penalista del estado Guárico lamenta que en la actualidad haya intereses económicos individuales por encima de las layes venezolanas, en perjuicio del sistema judicial.
«Regularmente los jueces en la audiencia de presentación o preliminar dejan privados de libertad a los ciudadanos, aún cuando estos cumplan los requisitos; simplemente por un capricho o por intereses particulares, para cobrar comisiones a los familiares de los detenidos», detalló.
Cuestionó que las sedes policiales, concebidas como centros de detención preventivos, estén funcionando como retenes judiciales. Explicó que los CDP de los entes policiales están colapsados de ciudadanos que están esperando por una audiencia de presentación preliminar o hasta el juicio.
El calvario de los diferimientos
Es la quinta vez en dos años, aproximadamente, que Juan (nombre ficticio) acude a los tribunales en la capital de Guárico y la tercera vez que difieren su juicio por falta de víctima acusadora, en las otras dos oportunidades que lo trasladaron al Circuito Judicial no se presentó el juez encargado del caso.
Al menos en los últimos cuatro años las madres de los reos que se encuentran en los CDP coinciden, de cierta forma, en sus relatos de diferimientos: por falta de juez, incomparecencia de la víctima o falta de vehículos para traslados a tribunales.
Además consideran que el retardo procesal es la causa principal de hacinamiento en los CDP de la policía estadal (PoliGuárico), al igual que en las sedes del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Ana (nombre ficticio), la madre de Juan, no cierra sus ojos a la realidad que afronta, pese a las dificultades. Asegura que aunque su hijo cometió un delito, tiene derechos que deben ser respetados por el estado y los funcionarios.
«Aquí se violentan los derechos humanos de esos muchachos. Porque si cometieron un delito, no quiere decir que los traten como unos perros; le revuelven la comida en bolsas y en ocasiones ni se la pasan. Ya son casi dos años en lo mismo y yo solo quiero que pasen a mi hijo a la 26 de Julio -cárcel de San Juan de los Morros-«, comentó Ana, quien dijo sueña con el momento en el que su hijo reciba algún beneficio de los tribunales.
Ana es una de las miles de mujeres venezolanas que hoy atienden las necesidades de sus hijos detenidos, en CDP donde no garantizan sus necesidades básicas. Las madres y demás familiares son quienes a diario llevan los alimentos, medicamentos, ropa y artículos de aseo personal para sus hijos. Además de estar alertas a las irregularidades que pudieran ocurrir dentro de los CDP.
Discrepancias de poderes
Una fuente judicial, anónimo, que conversó con UVL en Guárico, resaltó que el retardo procesal es el resultado de la discrepancia de poderes entre el sistema judicial y penitenciario.
«La verdad es que cada vez hay más detenciones por diversos delitos, el tribunal los recibe, fija lugar de detención judicial -centros carcelarios-, pero luego el sistema penitenciario no los recibe y en ocasiones los policías no se toman ni la molestia de llevarlos, porque ya saben las respuestas, pero tampoco informan a los tribunales», aseveró.
Los efectos del retardo procesal no solo derivan en el hacinamiento de los reclusos. A juicio del abogado penalista consultado por UVL los constantes diferimientos y las precarias condiciones de los CDP generan desconfianza en el sistema judicial.
«Hay reos que intentan fugarse o pagar sobornos para recibir un beneficio que pudieran obtener bajo mecanismos regulares, esto se suma a los actos de corrupción del estado», preciso.
Dejar una contestacion