Solución de la problemática penitenciaria de Zulia se estanca por falta de una cárcel

Solución de la problemática penitenciaria de Zulia se estanca por falta de una cárcel

La sociedad civil, juristas, defensores de derechos humanos y cuerpos de seguridad se sienten inconformes por la respuesta del Ministerio de Asuntos Penitenciarios ante la problemática en los comandos policiales y los retenes. Al estado Zulia lo dejaron sin cárcel y esa es la principal causa del hacinamiento y del deterioro de la atención a los detenidos.

Las denuncias continuas de defensores y la divulgación oportuna de las irregularidades en los recintos obligan al Gobierno a organizar y ofrecer jornada judiciales y de salud a los privados de libertad para paliar las demandas. Pero “son insuficientes por la gravedad del problema”, aseguró José Luis Alcalá, abogado y ex director de Polimaracaibo.

Con el cierre de la Cárcel de Maracaibo, en Sabaneta y la posterior clausura del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite se elevó la impunidad, las fugas de los delincuentes, se incrementó el delito, se volvieron infrahumanas las condiciones en las que viven los detenidos en los calabozos de los cuerpos de seguridad y se generó un problema a la sociedad con el aumento de la reincidencia del delincuente, declaró Alcalá antes de acotar que  “no vislumbra voluntad en el Gobierno nacional para solventar la situación”.

Carlos González, abogado y defensor de los derechos humanos, coincidió con Alcalá en el que el principal problema en la región es la carencia de un penal. Explicó que las denuncias oportunas permiten tener un registro de lo que aquí ocurre y permitirá en algún momento generar sanciones internacionales contra los responsables.

“La situación se le salió de las manos al Estado y parece no haber intención de mejorar las condiciones”. González recordó que el retén de El Marite debía reacondicionarse en un mes y aún está en veremos su reapertura. “La decisión de dejar sin cárcel a un estado con una población grande ocasionó un descontrol terrible y son los privados de libertad y sus parientes quienes viven las consecuencias”.

El defensor de derechos humanos aseguró que un temor generalizado hacia el Gobierno flexibiliza la posición de la familia frente a las condiciones de sobrepoblación, enfermedad y hostilidad que viven los detenidos. “Hay miedo. La familia se niega a denunciar para resguardar la integridad física de sus parientes o para no perder alguno de los beneficios que le otorga el Gobierno como la caja del CLAP o la oportunidad de seguir visitando a su detenido”.

Insuficiente

Para mejorar las condiciones de los privados de libertad algunas alcaldías asumieron inversiones dentro de los comandos policiales. Osman Cardozo, director de la Policía Bolivariana de San Francisco (Polisur), explicó que en 2017 se construyeron tres nuevos calabozos en las instalaciones de su comando. Dos se diseñaron como dormitorios, se amoblaron con 14 literas y construyó una sala de baño en su interior. El tercero se acondicionó para darle al detenido una estadía digna por las horas que se presenta en tribunales.

La alcaldía asumió algunos gastos para el mantenimiento de las celdas. Cardozo detalló que forma parte del gasto del ayuntamiento las jornadas médicas, las fumigaciones, suministro de agua  y  una que otra actividad de entrega de medicamentos.

“Pero no fue suficiente. Las detenciones son constantes y el número de detenidos sobrepasa siempre la capacidad del espacio diseñado para albergarlos”. El comisionado declaró que en la actualidad se contabilizan 320 detenidos en las instalaciones de Polisur cuando su capacidad instalada no supera los 200.

Solidarios

Algunas iglesias cristianas se acercan a los comandos para colaborar con alimentos, medicamentos, actividades recreativas y formativas. Cardozo detalló que en Polisur las ayudas de los cristianos llegan trimestralmente. Los líderes solicitan permiso, destinan una mañana y se presentan con alimentos, ropa y libros a las instalaciones. El trabajo y la ayuda es esporádica, pero los privados de libertad la agradecen, especialmente aquellos que no lo visitan los familiares.

Desde abril de 2017 un grupo, denominado Manos Solidarias, apoya a los detenidos durante las protestas y que encarcelaron en el Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional, en el sector La Ciega de Maracaibo. Una de las benefactoras, cuya identidad se mantiene en anonimato por temor a represalias políticas, explica que la ayuda la hacen llegar a través de las familias de los detenidos.

El trabajo del grupo consiste en garantizar la alimentación de los detenidos de lunes a sábado, ayudarlos con ropa, medicinas, colchonetas, productos de aseo personal y todo lo que los detenidos necesiten. Los benefactores no conocen ni han tenido contacto con sus beneficiarios. Proporcionan los insumos y la comida a los parientes de los privados de libertad para que ellos los entreguen.

“Al principio los entregábamos nosotros. Pero no siempre llegaban los alimentos a los muchachos”.

La marabina lamenta que la situación económica del país los obligó a disminuir la calidad y la cantidad de comida que suministraban a los presos. “Nos esforzamos por garantizarles por lo menos una comida al día y así lo haremos hasta que recuperen su libertad”.

Prensa UVAL

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