Sede de la sub-delegación del CICPC San Fernando
Los centros de detención preventivos (CDP), en Venezuela son órganos encargados del orden público, teniendo como una de sus atribuciones las detenciones de las personas que se encuentran privadas de libertad ante la comisión de un hecho punible. Así como el resguardo de estas personas aprehendidas. El caso de Apure queda a cinco horas de Caracas y fronterizo con la República de Colombia, donde existen 21, (CDP), entre civiles y militares.
Por lo que, en la ciudad de San Fernando de Apure se encuentra un (CDP) en la Comandancia de Policía Regional y adscrito a la gobernación de Apure con niveles de hacinamiento por encima del 100%, donde los funcionarios de azul custodian a los privados de libertad y les permiten algunas garantías como; el derecho a la visita y a recibir alimentos por carecerlos para su consumo diario. El presupuesto policial no alcanza para satisfacer la alimentación de la población presa. Los familiares llevan alimentos para sus presos en los 21 centro de detención preventiva apureños -algunos dependen de gobernación, otros de la institución castrense, del Ministerio de Relaciones Interiores de Justicia y Paz y otros recibe muy poca ayuda o colaboración del Ministerio de Asuntos Penitenciarios-.
La última visita que realizó la Ministra de asuntos penitenciarios, Iris Varela, al estado Apure, fue en el mes de enero de 2018, pero visitó a la comunidad de Campo Alegre del municipio San Fernando para repartir medicamentos del programa; “800 salud”, a sus habitantes, en un acto del partido de gobierno PSUV. Sus funcionarios también participaron en esa actividad política y no visitó ningún CDP apureño o Internado Judicial de San Fernando. Se notó la apatía de la gerencia el Ministerio de Asuntos Penitenciarios para resolver los problemas de la situación carcelaria en la entidad llanera.
Entrevistamos a una abogada, que pidió que resguardáramos su nombre, por lo que la llamaremos“Silvia”, quien nos indicó como ha impactado la relación policías- presos; policías–familiares; familiares–presos; relación de los comandos policiales con el sistema de justicia y el ministerio penitenciario; relación policía–ciudadanía. La respuesta de Silvia a estas inquietudes fue: “lamentablemente en detenciones preventivas policiales y otros de Apure el sistema penitenciario en mucho de los calabozos no cuentan con recursos para la manutención de los detenidos, razón por la cual, los familiares de los presos son los que los sustentan. Para lograr que sus familiares privados de libertad reciban los alimentos o producto de aseo personal, muchos han tenido que exponerse al maltrato de solicitud de dádivas y/o a los malos tratos en revisiones desmedidas”.
Por la actual crisis económica que atraviesa Venezuela, para citar un ejemplo al CDP de la sub-delegación Centro de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) San Fernando, le envían pocos recursos para su operatividad administrativa, para su funcionamiento en criminalística y no escapa a ello su centro de detención preventiva. Esto sucede no solo en la capital apureña sino también en Guasdualito en el Alto Apure, donde deja mucho que desear la manutención de los privados de libertad por falta de capital económico. Esto es reiterado en el resto de los centros de detención preventivos apureños tanto civiles como militares.
En cuanto a la relación familiar, (CDP) policial apureño con el ministerio de asuntos penitenciario y otros, Silvia expresó que: “el Ministerio de Asuntos Penitenciarios se encuentra en la cúspide como órgano administrativo en materia de centros de reclusión creados para detenciones preventivas. Pero ha dejado un déficit de cárceles y centro de reclusión. Por otra parte la morosidad en el poder judicial acumula un exorbitante retardo procesal. La relación de este triángulo en la actualidad es degenerativa, ya que comparte una auténtica violación de derechos fundamentales. En el caso de Apure nos encontramos con un porcentaje de detenidos procesados que supera con creces a los detenidos condenados”.
Por otra parte, existen muy pocos actores no gubernamentales que ayudan tanto a los privados de libertad como a sus familiares en cuanto a alimentación y religión en la gran mayoría de los (CDP) e Internado Judicial de San Fernando. Su intervención es muy reducida porque tiene que ser avalada por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios u organismos ya referidos tanto regionales como nacionales, tal es el caso de organizaciones católicas y evangélicas.
Se discrimina a las ONG en Pro de los Derechos Humanos que defienden a los privados de libertad, tales como Una Ventana a la Libertad Apure, Observatorio Venezolano de Prisiones Apure y Foro Penal de la entidad. Sin embargo, existen organismos que realizan jornadas integrales de operativos médicos, legales gubernamentales que no tienen discriminación, como es el caso del “plan cayapa”, que es un justificativo para atacar el problema y no la raíz del mismo en el que actúan el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, defensoría pública, fiscalía superior y otros. Es de resaltar, que pese a que dejan en libertad, mediante el “plan cayapa”, por un beneficio a privados de libertad, algunos en la calle delinquen generando otro problema de inseguridad en la región llanera.
Uno de los actores no gubernamentales que ha brindado asistencia alimenticia en la entidad, es un programa denominado “Pasa la Antorcha Alimenticia”, dirigida a los privados de libertad sede de la sub-delegación Centro de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas, (CICPC), de Guasdualito en el Alto Apure, fronterizo con la hermana República de Colombia. En el mes de noviembre de 2017, junto a sus aliados ONA, Derechos Humanos, Pastor Jóvenes Salem, Pastora de UNE, Protección Civil, y equipo completo de trabajo llevaron una jornada alimenticia y corte de cabello.
Además, la ONG religiosa de manera gratuita transmitió un mensaje de Dios a cada uno de los reclusos y muchos de ellos fueron ministrados, y recibieron la palabra de Dios como único salvador. Cabe destacar, que esta actividad fue reseñada por la web de Una Ventana a la Libertad y causó un impacto positivo tanto interno como externo, ya que fue la primera vez que esta comunidad cristiana realizó esta obra social en un centro de detención preventiva (CDP), en el estado Apure. Actualmente están gestionando trabajar con otros CDP tanto del Alto como Bajo Apure para implementar la actividad “Pasa la Antorcha Alimenticia”. También hubo comentarios por las redes sociales de UVL, de manera positiva para con esta ONG evangélica en pro de su ayuda alimentaria para los privados de libertad.
A propósito de una denuncia que se efectuó en los meses de septiembre y octubre del año pasado por una Ventana a la Libertad Apure, dada una protesta que realizaron los privados de libertad de la sub delegación Centro de Investigación Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), de San Fernando de Apure, ésta produjo que en el mes de noviembre de 2017, los órganos judiciales apureños llevarán una jornada para diagnosticar si había hacinamiento y retardos procesales, entre otros problemas de ese centro de detención preventiva llanero.
Prensa UVAL.
Dejar una contestacion