Entes como la Gobernación y la Alcaldía suelen cancelar el costo de las exequias a quienes mueren en los centros de detención preventiva. No obstante, los altos costos ha obligado a “regular” este apoyo
Eva Riera, Equipo UVL, Falcón
Catorce reos han muerto en el estado Falcón en 2018 en los centros de detención preventiva de Polifalcón y Cicpc. Las causas de muerte han sido: tuberculosis, desnutrición, suicidio, riña entre reclusos y presuntos enfrentamientos con los cuerpos de seguridad del Estado luego de fugarse. Sus familiares se enteraron de su fallecimiento por los compañeros de celda que logran pagar por tener un celular. Las autoridades no se ocupan de llamarlos, como debería ser el protocolo en cualquier institución que respete los derechos humanos, tal y como lo asegura una abogada penalista que ofrece algunos datos a cambio de la reserva de su nombre.
De manera que, una vez que tienen la noticia, los parientes van hasta la morgue del Cicpc donde, luego de la necropsia, les entregan el cadáver. Antes deben presentar el acta de defunción emitida por la oficina de Registro Civil Municipal. Esto es lo regular. Pero cuando se trata de muertes de sujetos implicados en delitos como narcotráfico, homicidio o violación, la familia no da la cara por temor a represalias. A veces no se presentan por desconocer el hecho. Y el cuerpo permanece varios días en la morgue sin ser reclamado.
Paralelamente, los parientes inician las diligencias para cubrir los gastos para enterrar a su deudo. La mayoría de las veces acuden hasta la Gobernación y la alcaldía para pedir la ayuda correspondiente. Debido a la alta inflación y escasez de recursos, últimamente estas ayudas se han regulado. Una fuente gubernamental aseguró que “cuando hay disponibilidad” se ayuda a todo el que llega. No obstante, no todas las funerarias aceptan realizar el servicio debido a que deben esperar al menos una semana por la cancelación de parte de la institución.
Una de las que sí acepta es la funeraria Memoriales Virgen de Guadalupe, ubicada en la avenida Ruiz Pineda, de Coro. Mónica Campos, encargada de la empresa informó que, en estos casos, sólo se ofrece la urna, la preparación del cuerpo y el traslado al cementerio sin acto velatorio, desde la morgue al camposanto. En este momento, este “paquete” está por el orden de los 200 millones. Esto es lo que cubre la “ayuda” de la Gobernación. Si la familia desea otra cosa debe cancelarlo con recursos propios, indicó Campos.
Otras funerarias no le dan crédito a los entes gubernamentales debido a la alta morosidad. “Nosotros tenemos que pagar todo de contado. Las urnas vienen de Barquisimeto o Trujillo y los demás insumos como guantes, formol, algodón y personal tenemos que comprarlos aquí y nadie nos fía. Por eso exigimos pago de contado porque después de enterrado el muerto, es mentira que van a pagar. La apertura de la fosa en el cementerio tiene también su precio”, afirmó el encargado de una funeraria situada en las adyacencias del hospital universitario de Coro.
Tampoco todas las funerarias aceptan hacer el velorio de quienes hayan muerto a manos de los cuerpos de seguridad ya sea estando presos o libres. Aducen que les traen problemas de inseguridad pues suelen presentarse tiroteos entre bandas y hasta venganzas. De manera que, si la familia tiene dinero para costear el velorio, este servicio casi siempre se presta a domicilio.
Consultado sobre precios, el funcionario informó bajo anonimato, que un entierro básico está por el orden de los 400 mil bolívares e incluye una urna de madera o aglomerado porque las de metal no se consiguen y están más costosas; preparación del cuerpo; 60 sillas; crucifijo, cortinas, pedestal, floreros y candelabros.
A las afueras de la morgue, los familiares suelen conceder algunas entrevistas a la prensa, pero esto tampoco es lo usual. Casi siempre evaden el encuentro con los periodistas, a menos que tengan pruebas de que el sujeto fue ajusticiado por los cuerpos de seguridad y usan a los medios de comunicación para denunciar el hecho y pedir justicia. Así ocurrió en el mes de abril cuando en un suceso que aún se investiga, fueron muertos Alexander Francisco Rivero Semeco, de 27 años de edad, y Jorge Luis Ventura Pérez, de 49 años de edad, durante un presunto enfrentamiento con policías que los buscaban luego de supuestamente haberse fugado.
Días después, a las puertas de la Fiscalía del estado Falcón, los parientes de Rivero y Ventura aseguraron tener pruebas de que no se fugaron, tal y como aseguró el director de Polifalcón, comisionado jefe Lenny Leonardi Flores, sino que fueron “secuestrados” desde las 9:00 de la noche del día anterior y nadie sabía dónde se encontraban, tal y como lo reseñó en su oportunidad Una Ventana a la Libertad.
Maira Acosta, esposa de Rivero, exigió al Ministerio Público que se haga justicia y se aclare el caso porque no fue enfrentamiento. “Trajimos pruebas: mensajes de texto, la declaración de las internas que dicen cómo los sacaron de la celda, los montaron en la camioneta y se los llevaron, con nombres de los funcionarios. Lo entregamos en la fiscalía de DDFF, donde se comprometieron a investigar”, informó.
Fuentes judiciales aseguraron que por este caso, fueron trasladadas a una celda de Polimiranda, siete privadas de libertad que fueron testigos del traslado de ambos reos y pidieron protección para su vida. Las familias Ventura, Navarro y Semeco solicitaron al gobernador Víctor Clark la destitución del Secretario de Seguridad y Orden Público, Oswaldo Rodríguez León. La Gobernación canceló el servicio funerario de ambos reos.
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