Tras realizar un análisis y distintas entrevistas para conocer el impacto que han tenido las denuncias ejercidas por las organizaciones de derechos humanos sobre el hacinamiento y las violaciones de derechos humanos a los privados de libertad que se encuentran recluidos en los centros de detención preventiva de Nueva Esparta, pudo evidenciarse que la mayoría de los involucrados en la materia (detenidos, familiares, abogados y autoridades) evalúan como positiva la actuación de estas agrupaciones porque han generado acciones a favor de la población detenida, aunque sea por tiempo limitado.
Los reclusos consultados aseguraron que los custodios de los diferentes centros normalmente mantienen un mejor trato hacia ellos cuando saben que los abogados, defensores de derechos humanos y periodistas los están monitoreando. Las denuncias publicadas en los medios de comunicación referentes a las enfermedades que padecen, por ejemplo, han llevado a las autoridades a realizar jornadas de salud, aunque no se hagan constantemente por falta de recursos y de voluntad, según afirman los afectados.
Por su parte, las fuentes policiales afirman que efectivamente las denuncias son necesarias y positivas, sin embargo, a su juicio hace falta mucho más que esto para que se generen verdaderas soluciones a la crisis penitenciaria que afecta al estado. En su opinión, a esta lucha deben unirse los familiares, quienes necesariamente deben “protestar pública y enérgicamente” para exigir mejores condiciones de salubridad, de salud y alimentarias para los presos. También indican que urge que las autoridades del Ministerio del Servicio Penitenciario asuman su responsabilidad y deje de ignorar a quienes se encuentran en las bases de los diferentes organismos de seguridad.
“Mientras no haya voluntad y un plan serio del Estado para atenderlos no habrá mejoras por más denuncias que haya. Es necesario que los familiares y estas organizaciones hagan presión, pero al final, si el Estado no toma la iniciativa, si no se decide a buscar soluciones, no habrá mejoras. Las policías no tienen la capacidad para resolver los problemas que tiene esta gente. Es el Ministerio el que debe, en primer lugar terminar el centro penitenciario estadal para aliviar el hacinamiento de todas las bases, y el Gobierno, que debe obligar a las instituciones como el Ministerio Público a actuar efectivamente para que el retardo procesal no los siga perjudicando”, comentó un funcionario de la policía estadal, que resumió en palabras más acertadas, el sentir de los detenidos, quienes también dijeron que si el Estado no toma “las riendas” siempre estarán en malas condiciones.
Por otra parte, están los abogados, quienes están convencidos de que existe un impacto tras estas denuncias. Tatiana Aguilar, coordinadora de la Red de Defensores de Derechos Humanos del estado Nueva Esparta, explicó que a modo externo hay una sensibilización importante que se genera cuando se elaboran, elevan y publican los informes de estas organizaciones, pues de otra forma la sociedad civil se mantendría en “desconocimiento total” de lo que está pasando. “Son esos informes los que sensibilizan a la comunidad y mueven a la gente a dar apoyo y exigir mejores condiciones, sobre todo en el tema de salud y la comida”, dijo.
Internamente, señaló que la presión de las ONG ha ocasionado cambios positivos en los lugares de detención, llevando a algunas autoridades a “humanizar” estos espacios. “En otros estados hemos visto como tras esas denuncias han colocado tanques de agua, han hecho mejoras. El problema es que han sido temporales, tienen efecto uno o dos meses por temor a inspecciones y luego caen en lo mismo, por eso el tema fundamental no es levantar los informes sino hacerles seguimiento. Hay que ser constantes, hacerles ver que estamos encima de la situación para que hagan los correctivos que estén a su alcance”, afirmó.
Los familiares son un poco menos optimistas. Si bien agradecen que se haga esta gestión y dicen que de lo contrario “sería peor”, también refieren que el hacinamiento, las enfermedades y todos “los males” que padecen los privados se resolverán cuando las autoridades se sinceren o cuando cambie el Gobierno, pues a su juicio en este momento el Presidente tiene tantos problemas, económicos, políticos y sociales, que lo hacen incapaz de atender esta realidad, incluso poniéndola de última en la lista de prioridades.
En cuanto a la relación entre los comandos policiales y el Servicio Penitenciario, los funcionarios aseguran que las condiciones son iguales o peores, con o sin denuncias, pues el Ministerio sigue poniendo las mismas trabas para realizar el traslado de los detenidos.
Aguilar agregó que este ente no ha hecho grandes cambios, salvo en los centros pilotos que tienen con detenidos procesados, “pero en Nueva Esparta no han hecho nada”. La promesa del organismo fue reactivar cuanto antes el Internado Judicial de San Antonio y pese a que la realidad de los privados del estado ha empeorado notablemente, este proyecto no ha tenido avances notorios desde su clausura en febrero del año 2016.
“La necesidad de habilitar el centro penitenciario de San Antonio es fundamental para el estado Nueva Esparta. Tiene que haber coordinación entre el Ministerio, la Gobernación y los municipios. Todas las autoridades tienen que está enlazadas porque no puede manejarse aisladamente este tema”, sentenció.
Iniciativas
En cuanto a las iniciativas que se han desarrollado en la región para mejorar las condiciones de vida de los privados de libertad pueden destacarse los aportes de la Iglesia, a través de las obras de los pastores, y los de la Red de Defensores de Derechos Humanos del estado Nueva Esparta, cuyos integrantes periódicamente apoyan a los detenidos de los centros de reclusión preventiva haciéndoles donativos de insumos, mayoritariamente de alimentos por las condiciones del país y la incapacidad de las familias de llevarles comida; realidad que empeora con el paso de los días por la misma crisis económica.
Estas acciones, que también realizan algunos grupos de evangélicos, se han visto disminuidas por la crisis económica y la dificultad que enfrentan los neoespartanos en general para adquirir los productos básicos por la escasez y los precios de los productos. Aun cuando los planes de atención de estas organizaciones se mantienen activos, todo esto hace que los presos sigan dependiendo en su mayoría de poco que pueden llevarles sus allegados.
Por parte de las autoridades regionales, el 1 de febrero de 2018 hubo un acercamiento entre la Coordinación de Deportes para Todos del Instituto Autónomo Socialista Bolivariano del estado (Iasdebne), a cargo de la Gobernación insular, y las autoridades del Internado Judicial de San Antonio, tanto el módulo de las mujeres como el de los hombres, para retomar los proyectos deportivos con los privados de libertad y elaborar un plan de acción para el deporte penitenciario.
En lo que respecta a los centros de detención preventiva, el director de Seguridad y Orden Público de la Gobernación, Henry Jaspe, declaró a Una Ventana para la Libertad que en este momento tienen grandes dificultades en relación con los privados de libertad porque no pueden acceder a la policía del estado, que se encuentra en un proceso de intervención. Eso les impide determinar el número de reclusos que tienen en estos lugares, tener control logístico y operativo de las bases que dependen de la institución y hacer cualquier mejora para ellos.
Se conoció que la Oficina Nacional Antidrogas hizo un taller de concientización para los privados en algunas de las bases que dependen de la policía estadal. Además, en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (que es uno de los que más detenidos tienen en la entidad) se hizo una jornada de salud, al igual que en la Policía de Mariño, donde el pasado 25 enero les dieron atención médica de diferente índole a los privados.
En el despliegue se aplicaron antibióticos para los pacientes infectados con diferentes patologías como sífilis, infecciones de la piel y de partas blandas. Este operativo, si bien ayudó un poco a la población no fue suficiente según declararon los policías de esta estación y los familiares de los privados, quienes recientemente informaron que 40% de ellos está desnutrido.
La condición de desnutrición los hace cada día más propensos a contraer diferentes enfermedades, mientras que las autoridades policiales de todo el estado siguen sin poder garantizarles alimentos por la falta de recursos y de espacios apropiados para este fin.
Logros concretos
Uno de los logros más evidentes que se han alcanzado en Nueva Esparta es la activación de un plan diagnóstico en los calabozos de todas las bases policiales del estado, a fin de descongestionarlas y agilizar los procesos penales de los privados de libertad que se encuentran recluidos en estos centros.
Esta acción de concretó el 27 de febrero de 2018 por parte del Ministerio del Servicio Penitenciario, la Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo, a solo una semana de la visita a la isla del coordinador general de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, para exponer la crisis penitenciaria y los padecimientos de estas personas en la región.
Texto: Johanna Bozo
Fotos: Sebastián Guido
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