A pesar de las denuncias no se avizora mejoría en Táchira

A pesar de las denuncias no se avizora mejoría en Táchira

San Cristóbal.- A juicio de la abogada y defensora de Derechos Humanos, Raquel Sánchez, la acción y actividades de difusión de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) causan impacto en la opinión pública nacional y hasta internacional pero influye relativamente en las acciones del Ministerio de Asuntos Penitenciarios para tomar acciones concretas que solventen los múltiples problemas que hay en los centros de detención preventiva así como en el resto de recintos carcelarios del país. Considera también que a nivel regional debe activarse un equipo que vele por estos derechos pero ejerciendo acciones judiciales.

Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional y exfuncionario de Politáchira Franklyn Duarte, considera que todas las acciones de las ONG y en el caso particular de Una Ventana a la Libertad son válidas e importantes para dejar testimonio de las constantes violaciones de los derechos humanos y que conllevarán, en algún momento, “a adjudicar a los responsables de estas irregularidades”.

Sobre la situación de hacinamiento, Sánchez explicó que la sobrepoblación en los centros de detención preventiva cada vez se acentúa al mismo tiempo que consideró que no se avizora alguna mejoría en este aspecto y que afecta a un importante número de personas en el país.

“El hacinamiento es terrible. Los denominados Plan Cayapa están limitados a trámites burocráticos y solo están orientados a penados”, expuso.

Sánchez, quien también forma parte del equipo de Foro Penal Venezolano, explicó que las causas de ese hacinamiento en el estado Táchira son muchos pero que en su mayoría, todos son por negligencia y corrupción.

“Para trasladar a un penado a un centro penitenciario, deben tener unos kits y la cédula de identidad. Hace más o menos unos 15 días que estuve en Politáchira, 24 penados que deben estar en el recinto carcelario desde el mismo día cuando   fueron condenados, permanecen en Politáchira por que el Centro Penitenciario de Occidente no los acepta y el argumento es –según fuentes carcelarias- que no autorizan el cupo de ese nuevo grupo”, explicó la abogada.

De igual manera, señaló que  quienes no tienen cédula de identidad pero están condenados, están a la espera desde hace años del Saime quien los recibe para captación de datos pero  no emite las cédulas

A eso también se le añade la provisionalidad de los jueces  que genera que un juez sea cambiado con regularidad por la falta de personal en tribunales ya que todos los días renuncian al menos tres funcionarios por los bajos salarios y como consecuencia eso trae retardo procesal y se interrumpen los juicios  así como se difieren audiencias constantemente.

Otro aspecto a destacar es que la Fiscalía también aporta su grano de arena con respecto al retardo en las investigaciones. “Incluso, personas con el lapso vencido de acusación,  se mantienen detenidas por capricho fiscal y a veces por la falta de criterio del juez  evidenciando demasiadas violación a los derechos humanos de la población reclusa.

Hacinamiento, retardo procesal y familia

El parlamentario nacional Franklyn Duarte consideró que múltiples factores afectan la normalidad de los familiares con relación a las preciadas irregularidades.

“Con esa crisis económica que vive el país, a los familiares les resulta difícil poder llevar comida a los centros de detención preventiva; no hay dinero en efectivo, hay problemas con el transpone público, escasez de gasolina, todo se trastorna. Desde hace tiempo hemos denunciado que la comida en la policía del Táchira no es la adecuada y hasta los funcionarios policiales se afectan. Aunado a ello, el hacinamiento, es decir, la permanencia indefinida de un grupo de personas en espacios no aptos para ello, genera mucha incomodidad entre los mismos presos. Por eso mismo se han presentado motines en diferentes oportunidades en Politáchira”, argumentó el diputado a la AN.

Duarte recordó que la Policial de Táchira está intervenida por el gobierno nacional y le quitaron esa competencia a la Gobernación del Táchira que solo paga los salarios al personal policial.

“Para esa sede policial teníamos muchos planes importantes que buscaban mejorar las condiciones de la población; de hecho, el año pasado pudimos llevar a unos especialistas para descartar tuberculosis pero fue en el momento de transición y no pudimos hacer otras cosas que tuviesen que ver con la salud así como otras actividades”.

El parlamentario está consciente de que otros CDP también presentan hacinamiento y que de igual manera se violan los derechos humanos pero siendo la Policía del Táchira la infraestructura más grande de la región, su trabajo ha estado orientado a monitorear la corrupción, irregularidades y funcionamiento de la sede policial al mismo tiempo que espera que sea devuelta a la Gobernación del Táchira.

Por último, Duarte dijo que era necesario que hubiese varias organizaciones que dictaran talleres de derechos humanos¸ que también realizasen jornadas sociales y humanitarias para todos los detenidos en la entidad ya que considera que ha habido un abandono significativo por parte del Gobierno.

Prensa UVAL

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