Los familiares de estos privados de libertad solicitan en tribunales las órdenes de traslado para que sus parientes puedan ser evaluados por un médico especialista y les realicen la prueba del esputo y una radiografía de tórax. También son los familiares quienes deben ubicar los medicamentos en Sanidad y luego pedir a los oficiales del Centro de Detención Preventiva que los vayan a retirar. Todo este proceso tarda varios meses, tiempo en el que el paciente empeora rápidamente
Lidk Rodelo, UVL/ Guarenas
El acceso a la atención médica, que consta de evaluación de especialistas, tratamiento farmacológico y seguimiento, no es garantizado por el Estado venezolano para los 19 privados de libertad que padecen de tuberculosis pulmonar en los Centros de Detención Preventiva (CDP) del eje Guarenas-Guatire y la región Barlovento, ambas en el Estado Miranda, en la periferia de Caracas.
El monitoreo que realiza Una Ventana a la Libertad desde el pasado mes de noviembre de 2020 en 10 CDP de ambas regiones, ubicadas al extremo este del estado Miranda, permitió constatar que, de los 19 reclusos afectados por esta grave y altamente contagiosa enfermedad respiratoria, ninguno recibe el tratamiento médico, ni la evaluación de los especialistas, ni los cuidados mínimos requeridos, así como tampoco un seguimiento de control para atacar la enfermedad.
Los medicamentos para combatir la tuberculosis en Venezuela son manejados y distribuidos por el Estado, a través del Ministerio de Salud, mediante las oficinas regionales de Sanidad.
En los casos de los privados de libertad, la distribución de los medicamentos debería realizarse directamente entre Sanidad y el cuerpo policial en el que se encuentra recluido el detenido. Sin embargo, terminan siendo los familiares de los reclusos, quienes asumen el papel protagónico para garantizar que sus detenidos reciban el tratamiento requerido.
Son los familiares quienes se dirigen a las oficinas de Sanidad a preguntar por los medicamentos. Generalmente, en ese lugar se les informa del protocolo para tener acceso al tratamiento farmacológico, en el que se solicita informe médico, con los respectivos soportes como radiografías, exámenes de laboratorio, evaluación médica, prueba del esputo, entre otros.
En tal sentido, también son los familiares quienes acuden a los tribunales para solicitar una orden, para que el privado de libertad sea trasladado a un centro asistencial en el que le puedan realizar una radiografía de tórax, lo evalúe un médico o le puedan tomar una muestra de laboratorio para hematología o estudio del esputo.
Los gastos económicos en todas estas diligencias corren por cuenta de los familiares. De hecho, en el eje Guarenas-Guatire en ninguno de los tres hospitales, ni en los ocho Centros de Diagnóstico Integral (CDI) se cuenta con servicio de imagenología para poder realizar una radiografía de tórax gratuita, por ejemplo.
De los 19 casos de tuberculosis pulmonar detectado por Una Venta a la Libertad en estos 10 CDP, el familiar del único privado de libertad que aún no cuenta con diagnóstico, pero sí presenta los síntomas (fiebre, tos continua, esputo de sangre al toser, dificultad respiratoria y pérdida de masa muscular), detalló que ha gastado el equivalente a 100 dólares, sólo en los exámenes de laboratorio y radiografía de tórax, así como gastos de pasajes.
Este proceso puede tardar meses. Todo dependerá de la celeridad del tribunal que lleva la causa, para otorgar las órdenes de traslado para los diferentes exámenes y consultas requeridas. Vale resaltar que desde que se ordenó la cuarentena en Venezuela, por el COVID-19, en el mes de marzo, el sistema judicial mantuvo paralizadas las actuaciones de los tribunales que llevaban causas, y sólo se permitía que laboraran los tribunales de guardia para audiencias de presentación a los nuevos detenidos. Todos los procesos tuvieron que esperar hasta el mes de octubre, cuando nuevamente comenzaron a trabajar los tribunales.
Una vez cumplido el protocolo exigido por Sanidad, o parte de él, los familiares acuden nuevamente a estas oficinas a ver si están en existencia los medicamentos recetados por el especialista. En caso de encontrarlos, los familiares regresan al CDP en el que se encuentra su detenido a informar a los oficiales responsables de los calabozos, para que vayan a retirar los medicamentos y comiencen a administrárselos.
En este punto, los familiares de dos privados de libertad con tuberculosis han denunciado a Una Ventana a la Libertad presunta extorsión por parte de los funcionarios policiales, para poder ir a retirar los antibióticos.
“En una oportunidad me dijeron que las patrullas no existían para eso, que apenas tenían cuatro patrullas operativas y no podían desviar una para retirar las medicinas destinadas para un delincuente. Que si quería que mi hijo tuviera su tratamiento debía pagar 50 dólares”, este fue el testimonio de la madre de un privado de libertad recluido en la Policía Municipal de Zamora, en Guatire, estado Miranda, quien pidió resguardar su identidad por temor a represalias contra su hijo.
El tratamiento para la tuberculosis también requiere de ciertos cuidados rigurosos para hacer frente a la enfermedad, con los cuales los privados de libertad no cuentan. Duchas calientes, ingesta de sopas y comidas calientes, exposición diaria al sol, ventilación natural, entre otras recomendaciones médicas, son consideradas utopías por parte de los familiares de los detenidos.
Ante estos casos, también hay que tener en cuenta las dificultades de traslado en medio de la pandemia y la situación crítica de la gasolina en Venezuela. Familiares de los privados de libertad afectados por tuberculosis han revelado que la falta de dinero en efectivo, los altos costos de los pasajes y la poca disponibilidad de transporte público les ha obligado a caminar largos trayectos para poder garantizar la alimentación a sus detenidos, así como para hacer las diligencias médicas o ante los tribunales.
Foto: Lidk Rodelo: Calabozos de Polizamora / Fotografía tomada durante jornada médica realizada por el Grupo Once Trece y Una Ventana a la Libertad en Polizamora, el 30 de enero de 2020
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