Reclusos con VIH en calabozos de Caracas sobreviven ante el olvido del Estado

Entre enero y febrero de 2022 Una Ventana a la Libertad confirmó seis casos de internos, que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana

Angélica Lugo, UVL Caracas

La población reclusa con VIH detenida en los calabozos policiales ubicados en el Área Metropolitana de Caracas vive una especie de doble condena en estos espacios de reclusión transitorios. Por un lado, se enfrentan al retardo procesal y al hacinamiento, mientras que por otro sufren las consecuencias del olvido del Estado.

Las autoridades encargadas de la custodia en los Centros de Detención Preventiva (CDP) no han ejecutado planes para descartar o tratar la enfermedad y, por lo general, los familiares de estos reclusos deben atravesar un camino de obstáculos para garantizarles los medicamentos.

Entre enero y febrero de 2022 Una Ventana a la Libertad confirmó los casos de seis privados de libertad, detenidos en distintos CDP, que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana. Cuatro de estos seis casos fueron detectados en jornadas médicas organizadas por UVL en  alianza con la ONG Proyecto  Once Trece.

Aunque es probable que la cifra de casos positivos de VIH sea superior, la falta de diagnósticos deja el tema en el limbo[1]. Lo más común es encontrar testimonios de policías y de familiares de los privados de libertad que refiera que no hay casos de VIH en estos espacios de detención transitorios.

La madre de un detenido en uno de los 26 calabozos policiales monitoreados en Caracas explicó que aunque su hijo tiene VIH desde hace 15 años. Él le pidió que no comentara nada a los policías de la comisaría en la que está detenido que tiene la enfermedad. Su temor es ser discriminado, e incluso, humillado por el resto de la población penitenciaria.

Obtener el testimonio de la mujer no fue fácil. Ella, al igual que su hijo, tiene miedo. Sin embargo, confesó que para garantizar la salud de su hijo, le pasa periódicamente los antirretrovirales cuando le lleva la comida al calabozo policial.

“En una oportunidad estuve en el Hospital Vargas para ver si le encontraba un informe médico, porque él es tratado en ese hospital y allí tiene su control. Hace un poco más de 14 años él empezó a recibir los antirretrovirales en ese centro de salud (…) Fui allí a buscar un informe médico. Pero no me lo dieron porque no hay médicos y porque alegaron muchas cosas. Cuando mi hijo no toma los medicamentos empieza a tener erupciones en la piel, empieza con muchas consecuencias negativas. Pero cuando hay requisas le botan todo, las pastillas, las sábanas y hasta el jabón y la pasta de diente”, explicó la mujer.

“Yo creo que no es recomendable decirle a los policías porque ellos no son de confiar, entonces ellos se lo dirían al resto de la población y ese es el temor que siempre hay en ese tipo de pacientes: a ser discriminados, señalados, que no quieran compartir con él. Muchas cosas y siempre me pide que no diga nada. Yo cuando le paso sus medicamentos, se los paso escondidos diciendo que son vitaminas y otras cosas. Se los paso en una bolsita, porque si no, me toca entregar un informe médico”.

Hasta finales de febrero de 2022 en 26 calabozos policiales ubicados en el Área Metropolitana de Caracas había 2.007 internos distribuidos en espacios que tienen la capacidad de albergar a 974 personas por un lapso de 48 horas. Estas cifras, que son un subregistro de Una Ventana a la Libertad, indican que el hacinamiento actual en los CDP monitoreados en el Área Metropolitana de Caracas es de 206 %.

Aunque entre enero y febrero no se registraron muertes de reclusos por VIH, sí se confirmaron nuevos casos de internos que padecen esta enfermedad. Además de la falta de acceso a antirretrovirales y la discriminación a la que se pueden exponer los reclusos con VIH, la mala alimentación[2] que puedan tener, los hace aún más vulnerables.


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