En los calabozos policiales ubicados en el Área Metropolitana de Caracas no hay operativos especiales de cara a las elecciones presidenciales para garantizar el derecho al voto
Angélica Lugo, Una Ventana a la Libertad Caracas
A una semana de la contienda electoral en la que Nicolás Maduro optará por la reelección y se medirá con su principal contrincante, el candidato unitario de la oposición, Edmundo González, parte de la población penitenciaria de los centros de detención preventiva ubicados en el Área Metropolitana de Caracas lamenta que no podrá participar en los comicios, pues no habilitarán centros electorales en estos espacios.
Uno de los casi 400 reclusos que están detenidos en la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara, quisiera participar en las elecciones presidenciales, pero en los casi cuatro años que tiene en esa sede policial, no ha podido ejercer el derecho al sufragio porque en esa comisaría, como en todas las que albergan internos, no habilitan centros electorales, ni trasladan a las personas para votar.
“Yo tengo tres años y siete meses preso y no sé por qué, pero nunca he votado. Dicen que ningún privado de libertad puede votar y ahorita con las elecciones todos queremos votar (…) Si dependiera de nosotros, votáramos. En este lugar nada más hay 400 detenidos y eso que esto es un centro de resguardo, imagínate cómo sería en los lugares donde hay 500, 1.000 y hasta 2.000 detenidos, al final, todos deberían tener el derecho de votar”, manifestó el interno a Una Ventana a la Libertad (UVL).
El abogado y coordinador general de UVL, Carlos Nieto Palma, explicó que los privados de libertad, como todos los ciudadanos, tienen derecho al voto con excepción de los que ya están condenados y en la sentencia les suspenden sus derechos políticos.
“Los procesados tienen derecho a votar, pero no hay centros del Consejo Nacional Electoral (CNE) en ningún calabozo policial (…) El gobierno sólo habilitará 21 mesas en 21 cárceles. No hay centros de detención preventiva en esa lista”, precisó.
El abogado penalista y defensor de derechos humanos, José Gregorio Beria, agregó que históricamente en Venezuela se ha garantizado el derecho al sufragio y el derecho político a la población reclusa
“Así una persona esté privada de libertad, no tiene suspendidos estos derechos. De hecho, hay casos en Venezuela en los que las personas que estaban privadas de libertad, fueron electas diputadas o diputados de la Asamblea Nacional, tal es el caso de David Nieves, quien era un dirigente de izquierda revolucionario, que fue electo en 1978 estando preso”.
A juicio de Beria, lo ideal y constitucional es que los detenidos que estén procesados puedan ejercer ese derecho en los sitios donde se encuentren, “bien sea en los centros de detención preventiva o en los centros penitenciarios”.
Desconocimiento de los derechos
En un sondeo que UVL hizo con familiares de detenidos en calabozos policiales y con funcionarios encargados de la custodia de los reclusos, se confirmó que el común denominador es el desconocimiento con respecto al derecho al sufragio que tiene esa población penitenciaria.
Un funcionario de la Policía de Chacao (Polichacao), dijo que los detenidos en los calabozos policiales no votan por medidas de seguridad: “El día de las elecciones, obviamente, se suspenden las visitas de los familiares de los privados de libertad (…) No hay manera de hacer ese acto civil en un centro de coordinación policial porque el traslado de una mesa electoral es muy engorroso (…) Ellos no pueden ejercer el derecho al voto porque es una medida transitoria”.
“Hasta ahora no nos han dicho si ese domingo nos recibirán alimentos o si nos permitirán visitar a nuestros familiares, pero yo no subiré desde Guarenas hasta Caracas porque ese día voy a votar y no sé cómo vaya a funcionar el transporte”
Otro agente de seguridad que trabaja en una de las cinco policías municipales ubicadas en el Área Metropolitana de Caracas, dijo que el escenario de trasladar a reclusos a centros electorales tampoco es viable pues en estos espacios no cuentan con unidades de transporte.
Para la madre de uno de los reclusos de la PNB de Boleíta, también conocida como la antigua Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana, es normal que su hijo no participe en las elecciones, pues no tiene conocimiento que, de acuerdo con la Constitución de Venezuela, la población reclusa que no ha sido condenada tiene el derecho al voto.
“Hasta ahora no nos han dicho si ese domingo nos recibirán alimentos o si nos permitirán visitar a nuestros familiares, pero yo no subiré desde Guarenas hasta Caracas porque ese día voy a votar y no sé cómo vaya a funcionar el transporte”, comentó la madre de uno de los casi mil privados de libertad que están en la PNB de Boleíta.
En el país no hay cifras oficiales de la población reclusa que está detenida en los centros de detención preventiva ubicados en el Área Metropolitana de Caracas. Sin embargo, de acuerdo con un subregistro de Una Ventana a la Libertad que se sustenta con datos policiales y de familiares de reclusos, en 26 comisarías policiales y militares en la actualidad hay 3.236 detenidos, lo que indica que al menos esa cantidad de personas que está en prisión preventiva no participará en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
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