Equipo de investigación UVL
El hijo de Margarita Oropeza, trabajó por 30 años para una dependencia gubernamental. Al regresar de sus vacaciones en octubre de 2018, fue detenido, acusado de estafa a la nación por venta fraudulenta de timbres fiscales.
Además del trauma que significaba su detención, se sumaba el calvario que representaba tenerlo tras las rejas. Formaría parte de los 45 mil reclusos que colapsan retenes y centros de detención preventiva, esperando sentencia.
La familia Oropeza ha tenido que pagar “vacunas” para garantizarle la vida y su seguridad mientras se mantiene recluído en la sede del CICPC de Mariño en el estado Aragua. Las coimas han causado daños al patrimonio familiar, pues deben pagar hasta el momento de la entrevista, 10500 bolívares soberanos por la custodia, 2000 BsS semanales para que les permita la entrada de alimentos diariamente, 25.000 Bs para el pago de los abogados y un aproximado de 8000 BsS que la familia debe cancelar en taxis que trasladen al recluso hasta los tribunales las veces que fijan audiencias de presentación.
Todo el proceso se tardó 23 días hábiles y al no encontrarse elementos probatorios, se declaró libertad condicional.
“Pero faltó la firma de la fiscal del Ministerio Público. Dijo que estaba sin vehículo y exigió el pago de 10. OOO soberanos para su traslado ida y vuelta. Nuestra familia ya no tenía como sostener tantos gastos Y la libertad prevista para el 15 de diciembre no se concretó. Mi hijo tendrá que quedarse detenido hasta que en enero esa fiscal firme su liberación y nosotros deberemos cancelar la “vacuna”
“Ahora por no pagar, la mujer firmara en enero, mi pobre hijo se quedara allí, porque ahora no contesta el teléfono. Ya toca pagar de nuevo la vacuna por seguridad en el centro donde está.
En agosto del 2018, el fiscal general de la República impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, dijo que muchas de las causas del retardo procesal en Venezuela “es que los fiscales no asisten a las audiencias”. Esta es una de las tantas razones del retardo procesal y del por qué cientos de reclusos siguen detenidos sin que hayan acudido siquiera a una audiencia preliminar. Los que corren con “suerte” deben pagar.
Un alguacil del Palacio de Justicia nos dijo que podía acelerar el proceso pero que debían “motivar” al personal del tribunal. Esa motivación de la que habla otra de los familiares entrevistadas frente al Centro de detención preventiva Alayón, en Maracay, estado Aragua, va desde dinero, hasta comida en bulto.
“Ya la familia está notificada que para después del 20 de enero de 2019, cuando los tribunales regresen de vacaciones, mi hijo saldrá en libertad, pero para eso debemos pagar una “ayuda” de 1200 dólares que según nos dicen, se los reparten entre fiscales y juez °, dice la madre de un recluso, quien cuenta que los traslados a tribunales corren siempre por cuenta de la familia del detenido.
Aproximadamente, 20 millones era la cifra de causas penales que estaban aún sin resolver luego de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), a mediados de 1999, de acuerdo a un informe de la Fiscalía General de la República del año 2008. Se estima que para entonces existían entre 6 y 10 millones de casos correspondiente al extinto Código de Enjuiciamiento Criminal.
“Se puso en marcha un Régimen Procesal Transitorio, con la finalidad de resolver el número considerable de causas pendientes. No obstante, en diez año que han transcurrido, muchos de estos casos aún no han sido concluidos y, por supuesto, el sistema de justicia ha colapsado”, comenta un ex fiscal del estado Aragua que prefiere la reserva de su identidad.
Para este ex funcionario del Ministerio Público, la falta de personal, los muy bajos salarios que perciben, la falta de automatización de los procesos y últimamente la diáspora, han incidido en que el retardo procesal siga siendo la principal causa para que miles de reclusos se mantengan por años esperando tras las rejas, ser procesados.
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