Equipo UVL Lara
Las distintas dificultades que existen en el poder judicial son la piedra de tranca para muchos privados de libertad que se debaten entre la vida y la muerte
En marzo de 2022 Andreina Carolina Rodríguez estuvo detenida en el Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) ubicado en la avenida 20 con 34 de la ciudad de Barquisimeto. La mujer de 24 años sufrió de problemas renales y dificultades respiratorias que pusieron en riesgo su vida.
Su padre, Antonio Rodríguez, era el único que se encargaba de alimentarla, llevarle la medicina que mitigaba el malestar y hacía todas las gestiones para que la privada de libertad asistiera a médicos que la trataran adecuadamente. El señor, con los pocos recursos que le generaban sus pequeñas siembras de Sanare, municipio Andrés Eloy Blanco, alternaba sus días entre visitas al Cicpc, a la sede del Circuito Judicial Penal de Lara y un Centro Diagnóstico Integral (CDI) para lograr que su hija pudiera salir del estado de salud grave en el que se encontraba.
Hoy Andreina se encuentra recluida en el Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana, luego de que fuera trasladada y su estado de salud ha mejorado, pero no al 100%. Su padre lleva meses y meses haciendo gestiones para que le otorguen una medida humanitaria que le permita ser atendida como se debe y así lograr su recuperación total, pero no lo ha logrado.
Este caso estuvo monitoreado por la Fundación Las Mercedes que se encarga de velar por el cumplimiento de los derechos humanos de los privados de libertad de la región centroccidental además de apoyar a los familiares de presos en sus gestiones judiciales con tribunales y carcelarias. Precisamente esta organización no gubernamental, teniendo como ejemplo la situación de Andreina y de muchos otros, exhorta al Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Ministerio para el Servicio Penitenciario, Defensoría del Pueblo y Defensa Pública que en este 2023 acaben con los impedimentos que influyen en el retardo procesal y en la atención de la salud de los presos y presas.
Nayibe López, directora y Raiza Palencia, coordinadora de Las Mercedes explican que en el caso de Andreina estuvieron acompañando al padre en cada paso y gestión que necesitaba, pero que mensualmente atienden aproximadamente de 60 a 70 casos de solicitud de gestión de ayuda para la atención de presos con graves problemas de salud, lo que evidencia la carencia de eficientes soluciones que existen en el poder judicial.
“Gestionar una carta libre (orden judicial que otorga un tribunal a un preso enfermo para que pueda ser trasladado desde su recinto penitenciario a asistencias médicas) es un proceso con muchos obstáculos y uno de los retos que puede tener tanto tribunales como fiscalía y los mismos funcionarios que custodian a los presos. El reto es para que todo funcione eficazmente y los impedimentos como la falta de carros o funcionarios para traslados, fallas en el sistema, inasistencia de jueces o fiscales por distintos motivos entre otras cosas no afecten la salud del privado de libertad. La mayoría de los casos sucede que cuando se pide un orden de ese tipo, se dura meses y meses para que sea otorgada” es lo que explica Palencia cuando se le pregunta sobre las expectativas de solución que tiene para este año que recién inicia.
De las 60 a 70 asistencias que brindan en Las Mercedes, la mayoría llevan escritas exigencias de traslados de reos para medicatura forense, hospitales públicos, anticancerosos y medidas humanitarias entre otros beneficios. Predominan las solicitudes de salud para atención inmediata de enfermedades como tuberculosis, Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y psoriasis.
Las solicitudes para que reos sean trasladados a médicos que atiendan la tuberculosis coincide con la estadística que recopiló Una Ventana a la Libertad en Lara durante 2022 que indica que dos mujeres y 19 hombres presos murieron el año pasado y el 90% de este total perdieron la vida a causa de tuberculosis, la insuficiencia respiratoria y la desnutrición que son los padecimientos más comunes y letales.
Señala Palencia que en algunos CDP y en las dos cárceles que se encuentran al norte de Barquisimeto existen muchos presos enfermos y que no reciben atención médica inmediata y las órdenes de traslado para centros de salud se retrasan increíblemente “porque no hay carro, no hay sistema. Algunos (funcionarios de tribunales, ministerio y policiales) se atreven de pedir dólares para el pago de gasolina de las unidades que trasladan a los presos” relata. La experiencia de esta coordinadora la hace expresar que no cree que esa situación cambie en 2023.
Acotó también que una de las dificultades que existe en el Circuito Judicial es que los jueces, específicamente el cuarto de ejecución, supuestamente está de reposo desde diciembre de 2022 y las solicitudes de familiares se acumulan y nadie resuelve. “Se trata de buscar solución por distintas vías. Acudiendo a Defensoría del Pueblo, los familiares tratan de dialogar con el presidente del Circuito Judicial sobre esa situación del juez cuatro, pero no hay atención ni solución”.
Atienden a Pata ‘e Palo
Un primer paso para una posible solución en este 2023 lo comenzaron a realizar funcionarios de Defensa Pública, diputados del Consejo Legislativo de Lara y autoridades de la Policía Nacional Bolivariana específicamente del centro de detención preventiva Pata ‘e Palo que desde hace aproximadamente 5 años se ha convertido en los calabozos policiales más conflictivos del estado.
Atención médica y agilización de causas de presos con tuberculosis, retención de líquido, abscesos entre otros padecimientos han realizado los funcionarios en los primeros 25 días que suma este 2023. Fuentes internas de estos organismos han informado que también están ejecutando traslados a centros penitenciarios para descongestionar el recinto pues hay más de 200 reclusos allí.
Además de estas labores, están en constante asistencia jurídica gratuita al resto de la población carcelaria de Pata ‘e Palo para agilizar sus causas.
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