En la plazoleta del Palacio de Justicia, en el centro de Maracaibo, Carmen Matos se lamenta. Es la tercera vez que acude al organismo para solicitar y agilizar un permiso de traslado médico de su hijo, quien permanece en los calabozos del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas con hepatitis. Todas sus visitan han sido infructuosas, el tribunal que lleva la causa de su hijo no trabajo y hora no sabe a quién acudir para que se agilice la revisión médica. La inactividad del órgano judicial inició, el 7 de marzo de 2019, con el primer apagón general en Venezuela y se agudizó por lar largas horas de racionamientos en Zulia.
UVL Zulia
“Con ayuda de una enfermera amiga pude sacarle la sangre y confirmar que tenía hepatitis. Pero no ha podido verlo el médico. En esta ida y venida por el oficio del traslado al hospital llevamos casi tres meses”, acotó Matos.
El ama de casa no es la única que perdió su viaje a tribunales. Abogados, exreclusos en régimen de presentación, familiares de detenidos, víctimas, testigos y oficiales han tenido que regresar por la inactividad del órgano. “Desde el primer apagón la fiscalía no ha tenido sistema el procesamiento oportuno de las actuaciones”, le explica un jurista a su cliente.
El abogado Carlos Daniel Henriquez acotó que después del último apagón en la región, los primeros días de abril de 2019; solo trabajaron los tribunales de guardia trabajaron. “Hicieron todos los decretos a manos, eso quiere decir que todas esas audiencias se refijaron. Eso ocasiona un retardo: Además de que no hay certeza ni claridad de cómo se están planificando, eso está acarreando problemas en la salida del oficio para el traslado, impresiones de sentencias y oficios, retraso en la salida de la boleta de notificación para las partes de la audiencia”.
En una posición más crítica, el jurista Carlos González asegura que desde comienzos de 2019 “todos los procedimientos han sido un desastre. Están funcionando a media vida, y cuando lo hacen, solo trabajan las dos o tres horas que pueda haber luz y después no hacen más nada”.
Desde marzo la situación se complicó “solo están trabajando los tribunales de guardia y deben hacer su trabajo a oscuras haciendo todo a mano, se firma una hoja en blanco con el compromiso después de verificar que la decisión, cuando salga, sea la que se habló el día de la audiencia”. En ese proceso rudimentario quedan fuera de atención quienes están con expediente abierto y quienes esperan audiencias de juicios. “Esas personas no lo han podido hacer nada en dos meses”.
La situación se repite en todos los órganos judiciales en la región, la abogada Milagni González indicó que la falta de planta eléctrica en los tribunales de la Costa Oriental del Lago incrementó el diferimiento de las audiencias.
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