Nadeska Noriega | UVL Vargas
Tener un diagnóstico de VIH en un Centro de Detención Preventiva (CDP) en el estado Vargas, no implica la aplicación de un protocolo especial, o medidas de permanencia, medicación o alimentación dirigidas a brindar atención especializada al privado o privada de libertad, con dicha condición médica.
«No se cuenta con ninguna estructura especial para hacer frente a los casos de VIH. Si se confirma algún caso, se le avisa a la familia para que ellos vean cómo canalizar el tratamiento y se lo traiga hasta el retén. Cuando se conoce de algún caso, se pasan a otra celda para que no haya problemas con los otros detenidos. Aunque no hay protocolo, hay una certeza a los enfermos con VIH o tuberculosis, o cáncer, pues se les busca un traslado para ver si los tribunales le dan algún beneficio, una vez que son llevados a otros centros de reclusión», refiere una fuente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que tienen bajo su custodia el Retén de Caraballeda, al este del estado Vargas.
La verdad es, que en los ocho centros de detención preventiva que funcionan en el litoral central venezolano, los protocolos para tratar a presos con VIH son inexistentes. Una especie de deuda que se mantiene con esta población.
La afirmación se desprende del monitoreo de estos Centros de Detención Preventiva (CDP), realizados por el equipo de Una Ventana a la Libertad (UVL), en e estado Vargas, durante el periodo comprendido entre el 22 de enero al 22 de febrero de 2022.
Estos ocho Centros de Detención Preventiva (CDP) son: CDP para hombres bajo la custodia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), con sede en el Retén de Caraballeda; CDP para Mujeres y Adolescentes bajo la custodia de la Policía Regional de Vargas, con sede en el Retén de Caraballeda, el CDP de la Policía Municipal de Vargas en Macuto, el CDP para hombres Retén de Macuto bajo la custodia de la Policía Regional de Vargas, el CDP de Cicpc en La Guaira, el CDP del Destacamento Antidrogas de la Guardia Nacional, el CDP del Comando 452 de la Guardia Nacional y el CDP ubicado en el comando regional de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Estos Centros de Detención Preventiva tienen una capacidad estimada para albergar a 220 personas, pero durante el lapso monitoreado, se contabilizó una población promedio de 370 privados de libertad. De esta cifra, solo un detenido ha sido diagnosticado con VIH, de acuerdo a lo que informan sus propios custodios.
De hecho, el caso fue reportado en una de las jornadas realizadas por Una Ventana a la Libertad y la organización no gubernamental Proyecto Once Trece, cuando se realizó un despistaje de VIH durante el 2021.
«Esa es una de las grandes debilidades que se tienen. Aquí no les hacen exámenes o pruebas a los presos. Aquí la gente tiene fiebre o tos y no se puede saber si es COVID-19, porque no hay pruebas. Con el VIH y la tuberculosis es igual. A veces los policías le dicen a uno, si el familiar no come o está más delgado, o si se siente mal, pero sin seguridad de ningún diagnóstico», comenta Camila Pérez, madre de un privado de libertad en el Retén de Macuto.
Al consultar a custodios del centro de detención preventiva donde está recluido el único privado de libertad con diagnóstico de VIH, encontramos que la realidad para enfrentar estos casos, recae de manera absoluta en los familiares.
«Este privado de libertad recibe medicamentos, a través de su familia y la Dirección Regional de Salud. Lo mismo con la alimentación, ellos son los que le deben traer comida. A veces vienen y a veces no. Entonces es muy difícil decir que está siendo atendido, porque aquí no tenemos ningún plan o norma que cumplir, para garantizar algún tipo de atención especial», refiere un custodio, que solicita el resguardo de su identidad, pues no está autorizado para declarar y para resguardar la posible identidad del privado de libertad con VIH.
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