
Esta Ventana Informativa 35, recoge voces vinculadas a la detención preventiva en los estados Bolívar, La Guaira, Cojedes, Lara, Nueva Esparta y Zulia para indagar cuáles son los mayores desafíos que se le plantea a las autoridades en el manejo de los Cdp en este 2023 y qué se está haciendo en esta materia en otros países de la región para agilizar procesos y revertir los impactos que acarrea el retardo judicial en los detenidos y sus familiares.
Deseamos que la nueva Ministra para el Servicio Penitenciario del país, la vicealmirante Celsa Bautista, logre mejorar las condiciones de vida de los privados de libertad y sea garante del artículo 272 de la Constitución Nacional: “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias…”
Lo que perseguimos es que la Comisión de la Revolución de la Justicia, promueva la documentación y levantamiento de expedientes, de forma continua, ante la Inspectoría General de Tribunales; y que con la mejora de los servicios penitenciarios se logre reducir los abusos de funcionarios que cobran vacunas para cumplir con su deber. Igualmente seguimos confiando en que más pronto que tarde, se materialice un plan de acción dirigido a que los tribunales sean más expeditos y transparentes de forma que los venezolanos podamos contar con un aparato judicial que cumpla los objetivos que le dicta la Constitución y las leyes de forma rápida, efectiva e imparcial. En definitiva lo que esperamos es que nuestro sistema de Centros de Detención Preventiva se adecue a lo que dicta la ley y que el sistema de Justicia Venezolano avance en la línea de acción que están aplicando otros países de la región. No con medidas paliativas sino con procesos innovadores que nos permitan lograr cambios y mantener resultados en el tiempo en beneficio de la sociedad y los privados de libertad.
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