Estos cuatro hombres que permanecían detenidos en el Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de San Carlos de Zulia, murieron por tuberculosis y desnutrición, pocos días después de denunciar a través de esta fotografía sus padecimientos de salud
Jéssika Ferrer, UVL/ Zulia
Una habitación sin muebles, paredes percudidas, sin más ventilación ni iluminación que la que se cuela por la puerta principal de la celda. Ahí, en colchonetas y sábanas sobre el piso Juan Carlos García Pineda (39), Euclides de Jesús Otero Herrera (33), José Saúl Cruz Parra (49) y Jesús David Martínez Parra, colombiano de 33 años, se aferraron a la única esperanza que tenían para salir con vida del Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de San Carlos de Zulia, en el municipio Colón en el Sur del Lago de Maracaibo.
Todos sufrían tuberculosis y su condición se complicaba con retención de líquido y desnutrición. Los cuatro reclusos permitieron fotografiar su espacio, retratarse de manera grupal con la esperanza que su condición de salud moviera sensibilidades y les otorgaran una medida humanitaria que les permitiera volver a sus casas. Pero esa imagen captada, el 4 de agosto de 2020, se convirtió en la última fotografía en vida de los compañeros de celda.
Cinco días después, el 9 de agosto de 2020, se reportó el deceso del extranjero. A García lo sacaron, el 17 de septiembre de 2020, en estado crítico. Apenas podía caminar, sus riñones ya no funcionaban bien. Murió horas después en el Hospital General de Santa Bárbara. El temor creció entre los sobrevivientes. Tampoco encontraron alternativas para adquirir el tratamiento y se reportó, el 2 de octubre de 2020, el deceso de José. “Su última atención médica la recibió el 24 de septiembre. Unos voluntarios le consiguieron el tratamiento, pero la ayuda llegó tarde y cuando empezó su tratamiento ya tenía dificultad para respirar y murió”, detalló un funcionario.
Tres historias que concluyeron en muerte y que reflejan la apatía de las autoridades frente a enfermedades que comprometen la vida de los privados de libertad y de las limitaciones de los familiares para apoyar a sus detenidos. Esa realidad se repite en al menos 200 centros de detención preventiva del estado Zulia. El penalista Simón Arrieta asegura que la ley es clara ante la situación de salud de los privados de libertad. “Si está en juicio, detención domiciliaria. Pero si es condenado, medida humanitaria”.
La jurista Yenny González explica que el proceso es lento, pero el principal elemento a tomar en cuenta es el apoyo de los familiares. Son quienes deben diligenciar todo en las instituciones con el apoyo del abogado privado o público. “El proceso se inicia con la solicitud de revisión médica, permiso ante el tribunal para el traslado del privado de libertad a un centro de salud, luego la validación de los resultados ante el médico forense, quien valora la gravedad de la condición y recomienda al juez una decisión. Finalmente es el tribunal el que decide si otorga o no la medida”.
La familia pieza clave
El Sistema Regional de Salud, adscrito a la Gobernación del Estado, y el Ministerio de Salud son los responsables directos, a través de las áreas de epidemiología de los hospitales, Centros de Diagnóstico Integral y Ambulatorio, de la distribución de los medicamentos para el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas. Sonia, hermana de un privado de libertad del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas, explica que a su hermano, recluido en el pabellón A, le diagnosticaron tuberculosis. Tras la certificación de los resultados médicos por un neumonólogo privado comenzó a retirar el tratamiento en el Hospital General del Sur Dr. Pedro Iturbe, en Maracaibo; y lo entregaba a los custodios, estos a su vez lo hacían pasar a su hermano.
Tras denuncias de familiares de que los tratamientos no llegaban a los enfermos, la directiva del retén de Cabimas suspendió, a finales de 2019, el ingreso de tratamiento para los tuberculosos. “Ellos saben lo que pasa adentro. Los pranes comenzaron a amenazar de muerte a unos enfermos, les quitaban los tratamientos y los revendían a gente del mismo patio”, explicó, bajo anonimato un funcionario.
En el Ambulatorio Francisco Gómez Padrón, en el sector El Tránsito de Maracaibo, funciona el Programa Regional de VIH. Ahí debe ir cada persona con los resultados médicos que indiquen que resultó positivo de VIH, el médico especialista recetará el tratamiento antirretroviral y lo ingresa a una data, completamente confidencial, para incluirlo en la lista de pacientes a recibir el tratamiento cuando estos lleguen. En el caso de los privados de libertad, si no fue diagnosticado antes de ingresar al centro de reclusión, el tratamiento y todas las gestiones del paciente las debe realizar un pariente con su abogado, el tribunal que lleva su causa y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf- Zulia).
En el año 2020, se conjugaron la pandemia del coronavirus con la precariedad económica de los venezolanos y en los centros de detención se redujo exponencialmente el número de familiares que visita o sustenta a los internos. Eso incrementó la población vulnerable. El retén de Cabimas se perfila como uno con mayor población de enfermos de tuberculosis en la región. Hasta noviembre de 2020 el deceso de una veintena de reclusos por tuberculosis motivó a Alida Crespo, directora de la Fundación Cristiana Dios de Paz, a buscar ayuda para costear los medicamentos. El primer inconveniente para que el sistema público de salud proveyera el tratamiento fue que de unos 150 casos sospechosos en el penal, ninguno tenía exámenes médicos, radiografías o análisis de sangre que constatara realmente su condición.
Crespo explica que necesita al menos 35 dólares por privado de libertad, para conocer la condición real de sus pulmones. Hasta ahora solo se ha podido diagnosticar nueve positivos y cinco con otras patologías diferentes a la tuberculosis. “Hemos conseguido los traslados para la clínica, pero ahora falta que esos resultados los valide un neumólogo. Estamos en ese proceso, lo importante es que el tratamiento es gratuito en el Hospital General de Cabimas”.
La fundación trabaja con los reclusos del pabellón A. Ésta trabaja con el apoyo de la mamá de uno de los internos para gestionar permisos de traslados, buscar presupuestos en clínicas y hospitales públicos y gestionar la validación de los resultados médicos. “Es un apoyo, la familia debe involucrase, pero cuando esto no ocurre, la vida del privado de libertad queda en manos de Dios”.
Foto: Cortesía
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