Según relatan familiares de los reclusos de las dos cárceles ubicadas en el estado Sucre, a los reos les quitan las visitas de familiares y de recibir representantes religiosos cuando están en contra de alguna medida tomada por la dirección del penal
Por: Equipo UVL Sucre
Cumaná- Diana, es madre de un privado de libertad recluido en los calabozos del Internado Judicial de Cumaná en el estado Sucre, quien fue trasladado desde el estado Carabobo cuando en septiembre de 2023 inició la intervención de los penales en el país.
Desde allí, la angustia que lleva por estar su hijo detenido aumentó porque ahora no sólo debe pagar por los beneficios mínimos dentro de la cárcel sino también para trasladarse a otro estado en el cual no cuenta con amigos ni familiares.
“Cuando tomaron las cárceles trasladaron a nuestros familiares sin consultarnos y ahora debemos pagar mucho más dinero para poderlos ver. Yo no puedo viajar constantemente porque lo transfirieron. Le mando para que compre lo más urgente y goce de algunos beneficios”.
Así lo dice con voz preocupada la mujer de unos 50 años, quien prefirió que se le cambiará la identificación por temor a que su hijo pueda sufrir las consecuencias. Durante el contacto telefónico con el equipo de Una Ventana a la Libertad (UVL) también detalló que la población penal se unió a la huelga de hambre cansados de esperar los traslados y la agilización de causas.
“Ellos se unieron a la huelga de hambre nacional porque quieren redención y traslados a sus lugares de origen. No están pidiendo comida ni jornadas de salud, pero decidieron levantarla porque las autoridades prometieron cumplir con sus peticiones”.
La huelga de hambre que iniciaron los reclusos de distintas cárceles a nivel nacional el pasado domingo 9 de junio y que culminaron el jueves 13, justamente fue para pedir beneficios procesales. Aquí no sólo se sumó la población penal de la Cárcel de Cumaná sino también la del Centro de Formación Hombres Nuevo Carúpano.
Justamente, allí unos 400 reos mantuvieron la huelga de hambre pacífica porque solicitan reducir la pena en 50%. Un preso en contacto telefónico con UVL manifestó que estaban cansados de falsas promesas.
“Después de la huelga se empezaron a mover algunos casos esperemos los agilicen porque hay personas que ya cumplieron sus penas y aún siguen tras las rejas. Estamos cansados que nos soliciten papeles para trámites de liberaciones y después la jurídica no hace nada”.
Según relatan familiares de los reclusos de las dos cárceles ubicadas en el estado Sucre, los reos les quitan las visitas de familiares y de recibir representantes religiosos cuando están en contra de alguna medida tomada por la dirección del penal
Hacinamiento
No sólo las cárceles participaron en la huelga de hambre pacífica nacional, en la entidad sucrense también se unieron reos de Centros de Detención Preventiva (CDP) en Carúpano, municipio Bermúdez.
El primero de ellos fue el Centro de Coordinación Policial “José Francisco Bermúdez”, donde 33 privados de libertad entre ellos una embarazada pidieron agilización de causas y mejoras en los dos calabozos con los que cuentan.
“Mi hijo está detenido en un calabozo y conviven uno encima de otro porque no tienen espacio ni para caminar. Además, cuentan con un solo baño fuera de los calabozos y no tienen una zona adecuada para los detenidos”.
Así lo describe Andreina, la madre de un joven detenido en el lugar, quien denunció que en el recinto carcelario no se agilizan los procesos por lo que existen retardos procesales y en consecuencia hacinamiento.
Otros en sumarse a la protesta nacional son los reclusos de la Guardia Nacional (GN) 532, quienes están en un calabozo pequeño y demandan mejoras en las instalaciones, así como agilización de causas.
Después de la protesta realizada por los detenidos siguen esperando en los calabozos les den las autoridades respuestas a sus peticiones principales: traslados, liberaciones y redención de penas.
Así mismo, los organismos de seguridad y prevención, Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores Justicia y Paz (Mpprijp), Gobernación del estado Sucre, entre otras instituciones mantienen desde el pasado 10 de junio activada una sala situacional de control, monitoreo y atención para privados de libertad en la entidad.
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