María Eugenia Hermoso
El Plan para el Descongestionamiento de Salas de Retención Preventiva y Centros Penitenciarios aplicado a nivel nacional, dio un respiro al hacinamiento generado en las celdas y calabozos de los improvisados centros de detención en el Estado Aragua, permitiendo así un mayor control y disposición para incorporar al esquema de vacunación contra la COVID 19 a los hombres y mujeres privados de libertad.
Hasta el 30 de noviembre, un 65% de la población detenida recibió al menos la primera dosis de la vacuna, números que corresponden a los centros de coordinación dependientes de la Policía Estadal de Aragua y el gobierno regional, pues en los centros de detención preventiva del CICPC o Guardia Nacional, muchos de los detenidos no han recibido inmunización alguna.
La denuncia la dan a conocer familiares de los privados de libertad, argumentando que muchos de ellos recibieron la dosis y padecieron las reacciones sin tener a la mano antipiréticos o analgésicos para hacerle frente al virus inoculado. La gran preocupación radica en la falta de una supervisión médica que indique si es positivo o no la aplicación de la dosis tomando en cuenta el cuadro clínico de muchos de los detenidos, principalmente desnutrición, diabetes, alergias, escabiosis y más.
Vencer la aglomeración ya una batalla ganada pero las fallas en el suministro de agua potable, y en muchos casos la insalubridad generada por la deposición de excrementos afecta el cumplimiento de medidas básicas contra el virus como lavado de manos constante
Pese a la preocupación de los familiares, infectólogos aragüeños insisten en que la segunda dosis se debe recibir entre los 21 y 28 días después de la primera. Sin embargo, no hay problema en caso de que sea mayor el tiempo de espera.
La ausencia de vitaminas y una buena alimentación hace vulnerable a los que están tras las rejas, el grito de auxilio de los familiares exclama la necesidad de permitir el acceso a las medicinas que les ayude a minimizar el impacto de la vacuna
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