Sin novedades habían transcurrido los últimos 12 meses en los calabozos policiales de los municipios Plaza y Zamora y en los seis de la región Barlovento, en este estado Miranda. Hasta inicios de este mes de junio cuando todos los centros de detención preventiva (CDP) se unieron a la huelga de hambre penitenciaria nacional
Equipo UVL Miranda
Guarenas.- Una huelga penitenciaria que se desarrollara a nivel nacional era algo impensable hace unos meses, o tal vez años atrás, toda vez que el gobierno nacional, desde 2021, inició una serie de procedimientos judiciales para el descongestionamiento de las cárceles y los centros de detención preventiva (CDP) en toda Venezuela.
Sin embargo, los planes cayapa, de revolución judicial y de abordaje integral, entre otros nombres, si bien es cierto que han permitido realizar traslados y medianamente han contribuido en disminuir las cifras de hacinamiento, no han podido garantizar la celeridad en los procesos judiciales, en los tiempos establecidos en las leyes vigentes, ni la atención que requieren los casos de salud de patologías crónicas.
Esos fueron los motivos que llevaron a los privados de libertad de todo el país a iniciar una huelga de hambre, el pasado domingo 9 de junio.
¿Cómo se vivió la huelga en Guarenas-Guatire y Barlovento?
Durante la tarde del domingo 9 de junio el Internado Judicial Rodeo 3 se unió a la huelga de hambre y al amanecer del lunes 10 de junio. En la noche se sumó Rodeo 2 y para el lunes a primera hora los calabozos policiales también se habían sumado.
Por su parte, los familiares organizaron una protesta en el Circuito Judicial Penal del Estado Miranda Extensión Barlovento, ubicado en Guarenas, donde se llevan las causas de todo este eje.
Desde varios centros de detención preventiva (CDP) llegaban audios o mensajes de textos al equipo de Una Venta a la Libertad, en los que se informaba de abuso de autoridad o poder de funcionarios policiales, y casos graves de salud que, como llevaban días sin comer, comenzaban a presentar síntomas de empeoramiento.
Las exigencias eran las mismas en todo el ámbito nacional: pedir celeridad procesal ante el retardo que impera al llevar un proceso penal en Venezuela. Los privados de libertad también exigían el otorgamiento de medidas sustitutivas de libertad a quienes hayan cumplido el 75% y el 50% de la pena impuesta, que se les reste el tiempo relacionado con las redenciones. Otra petición especial era que se garantice la atención médica a los casos de salud con patologías crónicas.
Hablan los protagonistas
John, nombre ficticio para resguardar su identidad, está recluido en la Delegación Municipal Guarena del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Está a punto de cumplir dos años allí detenido. Aún no se ha dado su audiencia preliminar que, según las leyes vigentes, debe darse 45 días después de que se le dictara privativa de libertad.
“Mis 45 días están a punto de convertirse en dos años. Cada vez que me trasladan al circuito para la audiencia, pasa algo, falta el fiscal, removieron a la jueza, se va la luz, o cualquier cosa. Lo cierto es que ha sido diferida varias veces y no la pasan para el día siguiente, sino para mes y medio o dos meses después”, contó John en un audio con un tono de voz afectado por la frustración de la espera.
Para John, los días son eternos, porque no tiene nada que hacer. “A uno deberían darle clases, enseñarnos a hacer algo para cuando uno salga poder trabajar, deberían permitirnos hacer deporte, pero nada de eso. Nosotros somos nada, aquí encerrados en la celda sin hacer nada.
John asegura que todo eso que ha vivido en su encierro, fueron motivos suficientes para sumarse a la huelga de hambre nacional. “El domingo cuando nos llegan las noticias lo conversamos enseguida entre nosotros, porque desde hace tiempo queremos hacer algo así, pero nadie se atrevía, o no todos querían participar, pero como esto era nacional nos teníamos que sumar todos y así lo hicimos”, relató.
Otro caso contactado por Una Ventana a la Libertad fue el de José (nombre ficticio por medidas de seguridad). Él está detenido en la Policía Municipal de Zamora, desde hace tres años. Su situación no es diferente. Sus 45 días se convirtieron en un año y 10 meses. Desde que fue presentado en tribunales, dos días después de su detención, le fue ordenada la reclusión en la cárcel de El Rodeo, allí mismo en Guatire. Todavía espera que se cumpla ese traslado.
“Estar preso no es cómodo ni fácil, pero aquí donde estamos no hay condiciones para tenernos aquí. No hay baño, uno come aquí en la celda, aquí mismo uno hace sus necesidades, aquí mismo duerme. No hay una mini ventana por donde entre una corriente de aire. No hay nada. Por eso a mí sí me gustaría que me trasladaran al Rodeo, porque allá hay áreas, para cada cosa y de vez en cuando uno puede ver el sol, el cielo. Eso es necesario. Por eso fue que nosotros nos unimos a la huelga, porque era para exigir condiciones dignas”, refirió José.
José también detalla que estando en la cárcel su mamá no tendría que ir todos los días a llevarle la comida. “Eso sería un alivio también para ella”, enfatizó.
Familiares apoyaron a sus presos
El miércoles 12 de junio, los familiares de los privados de libertad tomaron las afueras del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda Extensión Barlovento con pancartas, para apoyar a sus detenidos en la huelga.
“Nosotros hicimos acto de presencia varios días, pero el día de mayor concurrencia fue el miércoles para acompañar la huelga de nuestros muchachos, porque lo que allí ocurre es dantesco. Hay tres tribunales de juicios sin jueces asignados. Cada vez que cambian un juez hay que empezar de cero. Cada vez que cambian a un abogado de defensa pública hay que empezar de cero. Para cualquier cosa piden dólares. Esto es horroroso”, mencionó María, la mamá de un privado de libertad recluido en la Policía Municipal de Brion, en Higuerote.
María aseguró que hay reos que llevan hasta 12 años detenidos, y aún no han iniciado juicio. “Son muchos vicios. ¿Cómo no va a haber retardo procesal si las cosas funcionan así?”, se preguntó.
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