Los vínculos afectivos entre los privados de libertad y sus hijos básicamente son inexistentes en Nueva Esparta. La mayoría de los detenidos, unos 1.500 aproximadamente, están recluidos en los 18 centros de detención preventiva que hay en el estado, que no cuentan con la infraestructura necesaria para retenerlos por más de 48 horas, sin embargo, allí sobreviven por más de tres años en algunos casos. Esta realidad los mantiene no solo en una grave condición de hacinamiento, sino que los limita en el recibimiento de visitas y les impide mantener una relación medianamente cercana con sus hijos.
En estos reducidos espacios conviven sin derechos humanos: en un ambiente totalmente insalubre, sin medicamentos, agua y hasta sin la capacidad para moverse en determinadas bases policiales; lo que hace que las visitas de los niños y adolescentes, si bien no estén prohibidas, representen un riesgo para los mismos y se hayan reducido a sola una vez por semana.
Debido a las múltiples enfermedades que los afectan actualmente, especialmente de la piel como escabiosis y otras altamente contagiosas como la tuberculosis, muchos de los padres privados de libertad ahora viven sus visitas sin poder abrazar a sus hijos para evitar contagiarlos. Algunos confiesan que aunque los extrañan preferirían no verlos en estas condiciones y dudan sobre qué es lo más correcto. Otros se preocupan por darles un mal ejemplo al mezclarlos “con tanto delincuente”, dicen.
“Uno extraña a sus chamos, pero lo más sano es no verlos así. Yo tengo dos y cada vez que su mamá los trae me molesto. Le he dicho que este no es lugar para ellos. Aquí no se soporta ni el olor, sabes lo que es que vengan y tengan que respirar el sudor y las enfermedades de todos. Es estúpido”, comentó Juan “Pescao”.
Los otros 2.000 detenidos neoespartanos que fueron trasladados a otros estados hace dos años y tres meses, tras el cierre del Internado Judicial de San Antonio, ubicado en el municipio García, están igualmente limitados, pues la mayoría de sus familiares (sobre todo madres y esposas) no tienen recursos para viajar a otros estados y menos con los niños.
Al igual que sucede en los calabozos de los centros policiales, solo unos pocos que consiguen con qué pagarles a los líderes (comida, dinero, cigarros y hasta drogas) pueden comunicarse vía telefónica. El resto debe esperar las visitas regulares… si llegan. En casi todos los centros se estila que los familiares adultos puedan ver a los reclusos los martes y jueves, pero los niños solo pueden hacerlo (si se mantiene una conducta adecuada en la semana, si asean un poco el lugar y pagan, en ciertos casos) los sábados. Para muchos es la visita más esperada y por ello suele haber cierta presión por parte de autoridades y pranes para que estas se den.
“Si les pagas a los jefes y a los policías puedes meter un teléfono si tienes quien te lo lleve; y si no tienes puedes pagarle una llamada al pran. Si no tienes plata, no tienes nada. La vaina está muy jodida ahorita y el poco efectivo que pueda llevarte tu familia lo usas para pagar algo de comida a los otros presos, no la gastas en llamadas por más que quieras hablar con tus chamos. Uno tiene que sobrevivir y esperar a ver si algún día sale de esta vaina”, contó un privado que prefirió el anonimato.
Las visitas
Como los centros de detención preventiva no cuentan con las condiciones adecuadas para mantener tantos reclusos y no tienen espacios acordes para que entren más personas, los privados reciben las visitas de sus allegados todos juntos. Unos al lado de otros. Incluso las visitas conyugales se hacen en el mismo espacio donde están las madres, hermanas, esposas e hijos de los demás. Lo único que los separa es una cortina que arman con sábanas en un área pequeña que logran aprovechar y que nadie irrespeta.
“Aquí la ley es que la visita se respeta. Nadie alza la voz, nadie puede pelear. Nosotros mismos castigamos a quienes incumplen y también los pacos nos restringen la visita si pasa algo. Por eso es sagrada”, dijo un detenido de Polimariño.
En un lapso de dos o tres horas pueden sentarse con sus niños a hablar, no hay mucho más que puedan hacer por estar “apretados”. Tratan de tenerlos cerca para que no se mezclen con los demás y un poco más separados los que están enfermos. Hablan de pocas cosas. El colegio, sus amigos. No hay mucho trato en algunos casos. Otros son más cariñosos. Los Consejos de Protección del Niño, Niña y Adolescente en determinadas y esporádicas fechas organizan actividades controladas para que los infantes compartan con sus padres y madres.
En bases como Polimariño exigen que los adultos ingresen con un jean, camisa blanca y zapatos cerrados, pero los pequeños, sea cual sea su edad, pueden ingresar con ropa normal. En otros calabozos como los de Los Cocos, municipio Mariño, y Pampatar, en Maneiro, los familiares pueden ingresar con la ropa que deseen, igual que los niños.
Fuentes policiales informaron que en los recintos más pequeños tratan de cuadrar las visitas por horas. Un grupo primero, otro después. En muchos casos los sacan de los espacios de los calabozos para que los niños pequeños no entren y los reciban afuera, pero en la misma sede policial. Los que no tienen esa oportunidad, por la infraestructura del lugar, comparten en el único espacio que tienen. Los baños tampoco están acordes para que los infantes los usen.
Padres violentados
No solo los detenidos padecen la violación de derechos humanos y el trauma de separarse de sus familias. Lo mismo sucede con los padres, que aun en libertad, tienen a sus hijos presos, pasan por cientos de preocupaciones y problemas, como llevarles comida, pagar pasajes y sobornos y luchar por su libertad, con todas las complicaciones que eso tiene en este contexto. Aun cuando es desde otra perspectiva y en otras condiciones, viven los encierros.
Cristian cuenta que su hijo hace turnos con otros detenidos para dormir en el calabozo en el que están. No tienen la seguridad de que van a pasar la noche. Nunca saben si les pasará algo o no porque allí no mandan los policías sino los presos, asegura. “Eso es algo que los mantienen angustiados a ellos y a nosotros los padres”.
Romer piensa igual. Comentó que cuando ocurrió la fuga de los 58 privados del Centro de Reclusión de Los Cocos, el 16 de marzo de 2018, su hijo de 18 años recién cumplidos tuvo que escaparse obligado. “Era eso o morir porque los estaban amenazando con una granada o con cortarles el brazo. En muchas fugas pasa así, someten a los más tranquilos para que se vayan también y así sea más difícil la captura del que lo organizó. Y uno dice entonces ¿cómo tienen ellos una granada allá adentro? ¿Quién se las dio o dejó que la pasaran? No hay seguridad de ningún tipo. Uno teme por sus vidas cada día”.
A esto se suma el retardo procesal que hace impensable su salida. El joven tiene nueve meses detenido y desde que lo sentenciaron no ha ido a tribunales. Le dieron tres años. Cuando fue capturado tenía 17 años y aunque le correspondía ser llevado al Centro de Internamiento de Los Cocos, con el resto de los adolescentes, allí no lo recibieron “por falta de espacio y dinero para pagar el cupo”.
“Tenía un defensor público que no hacía nada. No le han hecho análisis, no lo han metido en cómputo. Ya debería estar en la calle y por toda la ineficiencia judicial uno no sabe cuándo va a salir. Quizás no salga nunca aunque asumió su culpa y cuando se escapó por las amenazas de Los Cocos se entregó nuevamente. Es una injusticia que padecemos como padres y reclamamos cada vez que podemos. Obviamente uno no puede estar contento cuando ellos hacen mal y por eso está pagando, lo convencimos de que así lo hiciera. Pero tampoco podemos aceptar que todo el sistema esté tan jodido. No funciona como debería, las leyes no se cumplen, sus derechos tampoco y sigue siendo una persona, es mi hijo”, expresó Romer.
Ninguno de los consultados, padres libres y padres detenidos, dice tener algo que celebrar para este Día del Padre. Para la mayoría, el mejor regalo sería que las cosas funcionen como tiene que ser y que “por lo menos” los traten como seres humanos.
“Yo sé que todo cuesta plata, pero ¿qué tan difícil puede ser abrir nuevamente la cárcel de San Antonio? Si hicieran eso ya no estaríamos hacinados, pagaríamos nuestras penas y hasta seríamos mejores personas, cosa que aquí encerrados no podemos ser”, dijo otro recluso.
Humanización
Aunque a la fecha no existe el territorio insular alguna organización que les brinde apoyo a los hijos de los privados de libertad, la Red de Defensores de Derechos Humanos de Nueva Esparta está levantando información desde hace un mes, construyendo una especie de ficha familiar para posteriormente gestionar ayudas y atención ante los Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado.
Su coordinadora Tatiana Aguilar confirmó que los centros de detención no están dadas las condiciones para las visitas de los niños. Dijo que no hay relaciones sentimentales entre ellos porque tanto los presos hombres, como las mujeres, están enfermos.
“El lazo no se puede dar porque no hay condiciones ni físicas ni de salud. Ahorita hay enfermedades graves como tuberculosis, gonorrea, paludismo, hepatitis, no pueden recibir visitas. No son lugares aptos para eso. El familiar que va trata de compartir y el mismo sitio no te lo permite. Ahora, en el caso del Internamiento de Los Cocos, donde están recluidos los adolescentes, los padres sí pueden visitar a sus hijos, es diferente, las visitas pueden darse”, explicó.
Aguilar comentó que en el levantamiento que están haciendo han constatado el hacinamiento que existe por el retardo procesal. Han visto toda clase de enfermedades y desnutrición de hasta 70% en el caso del centro de detención de mujeres de Los Robles, municipio Maneiro, porque no tienen a ningún allegado que les lleve nada de comida: algunas porque no son de la isla y otras porque o le dan de comer a la familia en casa o a la que tienen privada de libertad; y si logran reunir algo de alimento para los detenidos se complica por el tema del transporte y lo que les cuesta llevárselos.
Para el momento están organizando jornadas para tratar de apoyarlos un día a la semana con alimentos y así ayudar a que salgan del grado de desnutrición crítica en el que se encuentran. Además, están agilizando traslados médicos y trabajando para humanizar los centros de reclusión con la entrega de materiales.
A juicio de la abogada defensora de derechos humanos en Nueva Esparta lo que hay que hacer es humanizar los centros de detención. Utilizarlos para lo que corresponde y no permitir que los reclusos pasen más tiempo del que corresponde en ellos: 48 horas. La solución, asegura, es reactivar y apresurar los trabajos en el Internado Judicial de San Antonio porque eso es lo único que garantizaría que los lazos entre los privados de libertad y sus hijos puedan estrecharse.
Texto: Johanna Bozo, Equipo UVL
Fotos: Sebastián Guido
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