La situación política del país parece no importarle a los privados de libertad aunque hay quienes no opinan por temor a represalias.
Equipo UVAL
En opinión de Ángel Colina, coordinador de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Falcón, los privados de libertad que se encuentran en los calabozos de la comandancia de Polifalcón, situada en Coro, hablan poco acerca de la situación que vive el país.
-Más pendiente están de pedirle a uno una colaboración y comida, eso es lo que hacen cuando lo ven a uno llegar –aseguró. Aunque admite que no les ha planteado el tema abiertamente, cree que ellos y sus familiares están bien enterados de lo que acontece en el país, pero se eximen de opinar por temor a represalias.
Todo parece indicar que son otros sus intereses. Constatar esta realidad para la prensa es difícil porque las autoridades no ofrecen declaraciones ni permiten el ingreso de periodistas por no estar autorizados por sus superiores.En las afueras de la mencionada Comandancia, donde a diario hacen fila para llevarles alimentos, los familiares de los más de 400 detenidos, prefieren no hablar de política.
Personas como Aurora Medina, admiten que la situación está difícil para obtener los alimentos. “¿Pero qué se va a hacer? Hay que conseguirlos”, indica con cara de resignación y da por terminado el diálogo.
Emily, es hija de Yadira Silva Cuatro, una de las dos mujeres que formaban parte del grupo de presos por supuestamente alterar el orden público el pasado 19-A. Aseguró que su mamá no estaba protestando, sólo pasaba por el lugar donde algunas personas quemaban cauchos. “Llegó la policía y comenzó a detener a algunos muchachos que estaban viendo la escena. Ellos le pidieron auxilio y ella, por instinto maternal, fue a ayudarlos. En eso un policía intentó llevársela y ella le dijo que la dejara tranquila, que ella no estaba protestando y que la respetara porque era un hombre. Entonces llegó una mujer policía, la tomó del brazo y la metió en la patrulla”, explicó. Silva Cuatro se dedica al comercio y nunca había tenido problemas con la justicia.
La madre de dos jóvenes detenidos en Cumarebo, situado unos 40 kilómetros al este de Coro, admitió que ellos sí estaban quemando cauchos. Para ella, protestar es un derecho y, por eso, no le parece mal que sus hijos estuvieran ejerciéndolo. Aunque su rostro lucía cansado al llegar con el almuerzo para ellos, mantenía la esperanza de que pronto estuvieran libres, de nuevo en casa.
Se agrava el hacinamiento
Una fuente policial aseguró que la situación de hacinamiento hace que el ambiente esté permanentemente violento. Si no es por la comida, pelean por un lugar donde dormir o simplemente estar, ya que no cuentan con sitios de esparcimiento y la visita solo se permite los domingos. De manera que el ocio, para algunos, solo se ve interrumpido cuando cuentan con material para hacer algunas artesanías que venden entre los visitantes.
Tanto abogados como parientes, coinciden en afirmar que el mencionado Centro de Detención es una “bomba de tiempo” por la situación de aglomeración que allí se vive. Muestra de ello son las continuas fugas así como las riñas. En 2017, 20 reclusos han escapado de los calabozos mientras que dos fueron asesinados y dos murieron por desnutrición aunada a otras dolencias como tuberculosis.
Todas las semanas se suscitan riñas por el control del recinto. Tal y como ocurrió el lunes16 de abril cuando fue pactada una riña tipo “coliseo romano” en la que un reo murió y seis fueron heridos por arma blanca. A raíz de este altercado, la visita fue suspendida y con ella el paso de alimentos, según contaron los familiares. “Solo dejan pasar azúcar y agua”, aseguró una mujer que prefirió el anonimato.
La situación caldeó los ánimos al extremo de declararse en huelga de hambre el jueves 20, en momentos en que la comandancia se encontraba más hacinada que siempre por la detención de 21 personas por presuntamente haber participado en actos vandálicos y alteración del orden público. La sede de la policía regional debió cerrarse al público debido a que la falta de espacio ameritó que el patio central fuera habilitado para albergar a los nuevos detenidos.En horas del mediodía del viernes 21 de abril, los reos se alzaron contra los policías. En la reyerta, tres policías y cuatro privados de libertad quedaron politraumatizados.
Yuly Peña y Aracelis Martínez alzaron su voz para exigir que la visita sea nuevamente permitida. Además, denunciaron que sus parientes son maltratados por sus cuidadores y que hay dilación procesal.
Detenidos en protestas
Durante al menos 20 días, los CDP de Falcón se vieron afectados por la detención de 41 personas a propósito de las protestas contra el gobierno.
En el CDP de Coro, 19 estudiantes detenidos el 19 de abril, permanecieron allí durante diez días. Posteriormente fueron aprehendidos 12 más que fueron enviados a la Zona Naval de Punto Fijo, para su enjuiciamiento por parte de tribunales militares, horas después. En el DESUR permanecieron por diez días cuatro detenidos el 19 de abril. Unos y otros fueron dejados en libertad con medidas cautelares.
En Punto Fijo, seis estudiantes permanecieron por 20 días en el CDP de Polifalcón hasta que fueron dejados en libertad. Policarirubana, que es el órgano policial de la alcaldía de Punto Fijo, también mantuvo seis personas bajo su custodia hasta que fueron pasados a tribunales. Todos quedaron en libertad con medidas cautelares.
Otros que no corrieron con igual suerte fueron 23 personas detenidas los días 4 y 9 de mayo. A todos, aunque son civiles, se les fue envió a un tribunal militar y se les violó el derecho a elegir sus defensores al imponérseles defensores públicos sin el consentimiento de sus familiares. Esto como consecuencia de la implantación del denominado Plan Zamora por parte del ministerio de la Defensa.
El ministro del despacho, Vladimir Padrino, justificó el pase de civiles a tribunales militares y aseguró que están «enmarcados en la ley». «Cuando hay una agresión sobre el centinela, o sobre un efectivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, perfectamente se incurre en un delito militar y puede conocer la jurisdicción militar», dijo Padrino.
Luego de las audiencias, de un total de 41 detenidos, 23 fueron enviados a la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda, mientras que cuatro quedaron recluidos en la Comunidad Penitenciaria de Coro, y 11 con medida de arresto domiciliario. La decisión la adoptó el Tribunal Militar 9° de Control instalado en la Base Naval Mariscal Juan Crisóstomo Falcón, de Punto Fijo.
Entre los detenidos destaca el director de la Orquesta Sinfónica Infantil de San Luis (municipio Bolivar), Jesús David Noguera, así como un integrante de la Orquesta Sinfónica de Coro, Alexis Hernández, quienes fueron apresados junto a Jacobo Castillo Penso en momentos en que circulaban en un vehículo por el sector Tres Platos, de Coro. Se les imputaron los delitos de ataque al centinela, ultraje al centinela y ataque a la Fuerza Armada, siendo parte de las evidencias presentadas en su contra: tres bombas molotov, 25 botellas de vidrio, pintura, cascos, guantes, así como varios teléfonos celulares, entre otras.
El abogado Harold Guerrero, integrante del equipo de abogados defensores de los detenidos, aseguró que al imputárseles el cargo de ultraje al centinela es errado pues centinelas son quienes se encuentran resguardando una instalación militar y éste no es el caso de los jóvenes detenidos, quienes supuestamente agredieron a efectivos que se encontraban en la calle y que eso está tipificado en el código penal como ultraje a funcionarios públicos. Agregó que para que el Tribunal pueda imputar este delito, tiene que demostrar una serie de pruebas, un examen médico forense del funcionario lesionado, entre otras cosas evidencias.
También es importante resaltar, el caso de Isleiker Moreno, de 19 años de edad, quien según sus padres nació con diversidad funcional. Sin embargo, fue pasado al tribunal militar y enviado a Ramo Verde.
Entre las 41personas, también estaban 12 que fueron presentadas por el Cicpc por supuestamente estar incursas en acciones de saqueo a varios locales comerciales en sector Cruz Verde, de Coro. Se les imputaron delitos comunes y solo cuatro de ellos fueron privados de libertad. Se les fijó como sitio de reclusión la Comunidad Penitenciaria de Coro. El resto salió en libertad con medida de arresto domiciliario.
Esta decisión pone en evidencia que a quienes protestaban se les enjuició como políticos mientras que quienes supuestamente delinquían les fue aplicada la justicia ordinaria y en su mayoría dejados en libertad.
Foto: www.primeranoticia.com.ve
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