Las primeras décadas del siglo XXI venezolano se recordarán como el período en el que el hacinamiento carcelario y la reducción de sus infraestructuras, colapsó a los retenes policiales para convertirlos en los mayores centros de violación de los derechos fundamentales de los presos venezolanos. Quedará pendiente la respuesta a ¿Qué pasó con los proyectos de ampliación, recuperación, dotación y construcción de edificaciones penitenciarias? Y seremos testigos de un nuevo proceso de desconcentración acelerada carcelaria.
Las primeras décadas del siglo XXI venezolano se recordarán como el período en el que el hacinamiento de los Centros de Detención Preventiva colapsó a los retenes policiales para convertirlos en los mayores centros de violación de los derechos fundamentales de los presos venezolanos. Quedará pendiente la respuesta a ¿Qué pasó con los proyectos de ampliación, recuperación, dotación y construcción de edificaciones penitenciarias? También seremos testigos de un proceso de desocupación acelerada de calabozos.
Según la únicas dos cifras oficiales ofrecidas en los últimos 5 años sobre la población retenida en Centros de Detención Preventiva (CDP), observamos que esta aumentó en un 170% durante ese período. En mayo de 2016, el Defensor del Pueblo para la época, Tarek William Saab, informó que la población privada de libertad en las estaciones de policía ascendía a 22 mil 759 en todo el país, según nota de prensa publicada en 800 Noticias del 19/5/2016. El 10 de junio de 2021, el presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, diputado Pedro Carreño indicó que hay 38.736 detenidos en Centros de Prevención, ante la Asamblea Nacional, para anunciar la implementación del Plan de Sistema de Justicia Social Carabobo 2000 para atender a los privados de libertad con retardo en sus procesos judiciales.
Durante este tiempo de opacidad oficial, en Una Ventana a la Libertad monitoreamos, documentamos y denunciamos sistemáticamente cómo la permanencia prolongada de los presos en los retenes policiales venezolanos no se ajusta a la legislación nacional ni a los instrumentos internacionales aceptados por el Estado. Cómo se violan los derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela durante la detención preventiva y la presentación ante los tribunales. Cómo Malviven los detenidos apiñados, sedientos, hambrientos, enfermos, sin asepsia, con sus necesidades fisiológicas a cuestas y la mayoría en oscuridad.
Durante el pasado mes de junio sorprendió que todo el alto gobierno reconociera el hacinamiento, la corrupción y las condiciones adversas en que viven los presos dentro de los CDP, y que el 21 de junio, Nicolás Maduro anunciara una reforma del Poder Judicial en Venezuela y nombrara una comisión que deberá solucionar en un plazo de 60 días el hacinamiento en los centros de detención preventiva y garantizar el paso de los de reclusos de estos centros a las cárceles. Maduro expresó que hay un “mercado judicial” que debe ser erradicado, pero “eso debe empezar desde la cabeza del poder Judicial pasando por una voluntad política general del Estado, por políticas públicas que faciliten eso…” La Comisión Especial para la Revolución del Sistema de Justicia está encabezada por Cilia Flores, Primera Dama de la República, Diosdado Cabello, Vicepresidente del PSUV y la magistrada Lourdes Suárez Anderson, presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Para darle seguimiento al proceso de desocupación de los calabozos, en esta Ventana Informativa 28, denominada 30 días de Revolución Judicial, escogimos los 9 estados –Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Caracas, Falcón, Lara, Nueva Esparta, Yaracuy Zulia- que presentan las sedes policiales con mayor hacinamiento, según lo monitoreado por Una Ventana a la Libertad, para explorar el funcionamiento de dicha comisión, sus particularidades, cuestionamientos y recomendaciones.
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