En los casi tres años de monitoreo que Una Ventana a la Libertad (UVL) viene realizado en los Centros de Detención Preventiva (CDP) a nivel nacional, hemos determinado que en estos espacios no se aplica ningún protocolo que garantice el respeto de los DDHH a los reclusos pertenecientes a la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transexual, Intersexuales (LGBTI) en los calabozos policiales, ni se impulsa ningún tipo de políticas públicas para garantizar sus derechos humanos.
El hacinamiento, aunado a la subcultura de los presos, que obliga a los internos a asumir conductas machistas violentas para ganarse el respeto de sus compañeros y asegurar la supervivencia, hacen que callar la identidad sexual sea el antídoto para prevenir la tortura psicológica y corporal a la que son sometidos quienes se declaran LGBT. Se desconoce cuántas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales viven en las cárceles y Centros de Detención Preventiva venezolanos. También carecemos de estadísticas que reflejen la dimensión de la violencia por prejuicio que se desata dentro de esos espacios.
Cónsono con la filosofía de trabajo de UVL, a todos los privados de libertad se le deben garantizar sus DDHH, pues ser el responsable o presunto responsable de un delito, no le resta dignidad humana, desde mayo de 2017, hemos documentado casos de violación de DDHH de presos LGBTI. En el informe que UVL realizó durante 2018 en 174 centros de detención preventiva, determinamos que el 99% de los calabozos no cuenta con áreas especiales para la población LGBTI.
Por lo complejo que resulta abordar el mundo íntimo de los privados de libertad, esta Ventana Informativa N°18 titulada los prejuicios que pagan los presos por su identidad sexual está dedicada a visibilizar la ignorancia, los prejuicios, la tortura, el trato patológico y las extorsiones de parte de presos y funcionarios que reciben los reos de la comunidad LGTB dentro de los centros de detención Preventiva, como una llamado de atención pública y de humanidad… El Estado venezolano está en mora por no adoptar una ley de identidad de género ni investigar con debida diligencia los delitos cometidos contra personas LGBT.
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