Han transcurrido casi 10 meses del inicio de las medidas de confinamiento, por la llegada de la pandemia COVID-19 a Venezuela. Las dificultades que ha impuesto la contingencia mundial han limitado la posibilidad de desplazamiento de los familiares de privados de libertad, para poder llevar agua, alimentos, medicinas y ropa limpia a sus parientes detenidos.
Los privados de libertad que padecen de enfermedades infecciosas, para las que ameritan tratamientos prolongados, o los que padecen enfermedades crónicas para los que requieren medicamentos de forma permanente, han estado en situación de mayor vulnerabilidad debido a las dificultades para tramitar, trasladar y garantizar la entrega de los tratamientos de alto costo que deben ser suministrados por instituciones del Estado.
En los siguientes trabajos, realizados por nuestros investigadores del Área Metropolitana de Caracas y de los estados Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Zulia, revelamos las innumerables trabas y dificultades que deben afrontar los privados de libertad y sus familiares, para garantizar el acceso a los medicamentos que requieren los detenidos, en especial los que padecen VHI/SIDA, tuberculosis, COVID-19 u otras enfermedades crónicas o infecto contagiosas.
La odisea que deben vivir los privados de libertad y sus familiares pasa por contar con un informe médico que confirmen la condición de salud de la persona detenida, que los medicamentos requeridos estén disponibles, lograr la búsqueda de los mismos por parte de las autoridades y garantizar que sean entregados y suministrados a sus familiares.
En algunos casos los familiares deben pagar montos en divisas para garantizar que los medicamentos sean entregados a sus seres queridos privados de libertad y en otros casos deben pagarlos a sobre precio en el mercado negro debido a que estos insumos, por lo general, escasean en las instituciones públicas encargadas de suministrarlos.
No todos los internos e internas tienen la oportunidad de recibir tratamiento médico adecuado o al menos una pastilla para aliviar un dolor o detener una diarrea, mucho menos un medicamento de alto costo para atender los efectos de la tuberculosis o el VIH/SIDA.
Las instituciones del Estado, que tienen la obligación de velar por estos casos, ya no suministran los fármacos y para colmo, la corrupción le abre las puertas al soborno e impide la entrega a tiempo o los familiares ya no cuentan con recursos económicos o fuerza de voluntad para asumir el arduo camino de hacer la diligencia.
Lamentablemente muchos pierden la vida tras las rejas esperando justicia y sin recibir una medida humanitaria o un arresto domiciliario que les permita morir dignamente en el seno familiar.
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