A raíz de las sentencias 155 y 156 que emitió el Tribunal Supremo de Justicia, el pasado 29 de marzo, contra la Asamblea Nacional, que suprimió, después que la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz denunciara que dichas sentencias evidenciaban una violación del orden constitucional y desconocían el modelo de Estado consagrado en la Constitución, las protestas en todo el país contra el gobierno de Nicolás Maduro no han cesado.
La coalición opositora ha ratificado que mantendrá acciones de calle hasta que se logren elecciones generales, se abra un canal humanitario, se libere a los presos políticos y se respete a la Asamblea Nacional. Los venezolanos han tomado las calles, bloqueado avenidas, se han realizado marchas y contramarchas. Tampoco los actos vandálicos han faltado.
Los meses de abril y mayo plasman una dantesca e ininterrumpida violación de los Derechos Humanos de la ciudadanía opositora al Jefe de Estado, amparada con la puesta en marcha del Plan de Seguridad Cívico Militar Zamora 200, que se ha traducido en detenciones masivas, en acusaciones por delitos militares como la rebelión y en la aplicación de la justicia militar a civiles.
La feroz represión que han ejercido contra la protesta pacífica los órganos de seguridad del Estado y los grupos armados afectos al gobierno, han dejado en 55 días de protestas más de 50 muertos y de 13.000 heridos a nivel nacional.
Del primero de abril hasta el 16 mayo de 2017, el Foro Penal Venezolano FPV reportó 2.371 arrestos a nivel nacional. De ese total la organización informó que 730 personas permanecían aún detenidas y que la mayoría de esas aprehensiones eran a su juicio arbitrarias. Hasta el 18 de mayo, la organización contabilizó al menos 295 casos de civiles que fueron presentados ante tribunales penales militares.
En este contexto, el equipo de investigación de Una Ventana a la Libertad UVL, realizó un sondeo para apreciar cómo las protestas y la represión del Estado venezolano han afectado a los privados de libertad en los centros de detención preventiva que monitorea en la Gran Caracas, Carabobo, Falcón, Lara, Monagas, Zulia y Táchira.
En esta Ventana informativa que hemos denominado Centros de detención preventiva entre protestas y represión describiremos cómo los gases lacrimógenos, el hambre, el hacinamiento, la dificultad de traslado de los privados de libertad por motivos de salud o trámites procesales se han visto agravados, a propósito de la coyuntura, en este sobrepoblado sistema penitenciario paralelo.
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