Presentación

En esta Venta Informativa N° 29 hemos elegido como tema a investigar la vuelta a casa de los ex presos en Centros de Detención Preventiva CDP que obtuvieron medidas de excarcelación por La Comisión Especial para la Revolución del Sistema de Justicia.  ¿Qué desafíos se les plantea a los excarcelados para no reincidir en actos delictivos?, ¿qué podemos esperar  cómo sociedad de la intensión de una desconcentración masiva de calabozos policiales huérfana de apoyo psicológico y de una iniciativa laboral-educativa de acompañamiento? 

Según el informe especial  de Una Ventana a la Libertad titulado  60 DÍAS DE LA COMISIÓN PARA LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL ¿ACABAR EL HACINAMIENTO?, difundido este 20 de septiembre, 7.614 presos que representan  solo el 19,66% del total de detenidos en CDP recibieron una medida de libertad o traslado a un centro penitenciario por la acción de dicha comisión.  Al ver a los excarcelados – en su mayoría jóvenes que salen desnutridos, con enfermedades, heridas emocionales y con un prontuario que les dificulta conseguir empleo- urge como sociedad responderles de manera inteligente y humanitaria.

Reconocemos el esfuerzo desplegado para descongestionar en alguna medida los calabozos policiales, pero eso no borra la responsabilidad del estado venezolano para con quienes han tenido que sufrir un retardo criminal del proceso bajo arresto preventivo y sobrevivir a su abandono y a la violación de todas las reglas nacionales e internacionales relativas al tratamiento de los reclusos.  No basta descongestionar los CDP con juicios express para acelerar boletas de excarcelación sin un  plan de reinserción a la sociedad para  los excarcelados. 

Esta Ventana Informativa  indaga qué impactos ha tenido en el  núcleo familiar y en el vecindario la  vuelta a casa de algunos beneficiados de los estados Bolívar, Miranda (Altos Mirandinos), Aragua, Anzoátegui,  Yaracuy, Trujillo, Barinas y Lara.  Es imperativo definir políticas en cada estado del país que permitan crear un plan de apoyo post excarcelaciones en Centros de Detención Preventivas,  que facilite ejecutar programas de inclusión social y prevención del delito en las comunidades.