“Situación de las Mujeres Privadas de Libertad en Venezuela” (Una narrativa desde las vivencias)

“Situación de las Mujeres Privadas de Libertad en Venezuela” (Una narrativa desde las vivencias)

El Informe que ahora presentamos recoge un trabajo de investigación con metodología cualitativa con perspectiva de género, que fue elaborado por el equipo de Una Ventana a la Libertad bajo la Coordinación de la Profesora Magaly Huggins, a fin de hacer visible la situación que viven las mujeres reclusas en su vida cotidiana dentro de los diferentes Centros de Detención Preventiva a nivel nacional, los Anexos Femeninos de las prisiones para hombres delincuentes y las instituciones de mujeres para que las reclusas cumplan sus condenas en nuestro país.

Partiendo de una lista de indicadores se entrevistaron más de doce mujeres ex reclusas y reclusas, algunas de las cuales estaban cumpliendo su condena. Además, se realizó una historia de vida a una mujer venezolana que vivió lo que ella llama su vía crucis, en el Anexo Femenino del Centro Penitenciario de Aragua, más conocido como Tocorón.

El objetivo del trabajo se centró en escuchar sus voces a través de las entrevistas realizadas ¿Quiénes son ellas? No buscamos datos cuantitativos, ya sabemos que las mujeres son aproximadamente el 6% del total de la población reclusa en Venezuela, con lo cual nacional e internacionalmente se ha justificado la poca información en torno a ellas. Hoy son sus voces las que dicen lo que significa la vida en prisión, el incumplimiento de las Normas y Reglas que las protegen, las cuales a pesar de ser elaboradas por la Organización de Naciones Unidas no son de obligatorio cumplimiento de parte de los países que integran la organización. Utilizamos como orientación en el análisis y las reflexiones finales, las Reglas de Bangkok.

 Nuevamente encontramos el incumplimiento del debido proceso como una constante en el caso de las mujeres detenidas al igual que en el caso de los hombres. Esto es más evidente desde que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario emitiera la orden de prohibir los traslados de personas detenidas a los centros de reclusión. El hacinamiento en los llamados CDP que dependen de los municipios, las gobernaciones de estado, la Policía Nacional Bolivariana o del Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. A esta realidad se suman los retrasos en las presentaciones a la fiscalía, tribunales y la demora de años para dictar una sentencia. En estos casos las 48 horas máximas de permanencia de las detenidas en estos centros, pueden convertirse en años.

Uno de los aspectos más resaltante de este trabajo es constatar que, si en algún espacio de la sociedad venezolana estamos próximos a alcanzar un grado de igualdad, es en las cárceles y prisiones venezolanas. Especialmente ahora cuando se militarizan estas instituciones a fin de «reeducar» a las y los prisionera/os, al mejor estilo de los años de la Revolución Rusa y los centros de reeducación de menores de Makarenko. La opinión de las reclusas y ex reclusas no es concluyente al respecto; las que si opinaron por un lado, consideran que ha sido positivo para disminuir la violencia interior, otras se sienten agredidas por el orden militar que no les permite libertad de acción y movimiento, usar su ropa sino uniformes todo el tiempo, les despoja de sus instrumentos para cocinar, alimentos, entre otros y, lo que más rechazan es que se limitan las visitas en número de días permitidas, el tiempo de duración de las mismas y, solamente entran las personas que están en una lista previamente elaborada.

También resalta la contradicción existente en cuanto a las mujeres embarazadas o con hijos y la forma en que se viven estas relaciones durante su estadía en las instituciones de reclusión, y lo que está establecido en las Normas y Reglas sobre el tema. Después de revisar estas últimas y compararlas con las entrevistas de las mujeres, pudimos constatar que, a pesar de ser una exigencia cultural puesto que la mujer es definida como madre por encima de todas sus identidades posibles, este derecho a ser atendidas con seguridad y en buenas condiciones sanitarias cuando están embarazadas o, cuando sus hijos nacen y luego conviven hasta los 3 años con ellas, no se cumple en la mayoría de las instituciones en donde las mujeres viven su proceso de detención, juicio y cumplimiento de sentencia. También es evidente cómo los embarazos de estas mujeres que suceden durante su vida en prisión, encubren violencia de género de distintas formas, especialmente si recordamos que la vida sexual de ellas está prohibida en todos los espacios de reclusión.

Una frase de una reclusa nos impactó desde el comienzo, «Un hombre cae preso y las mujeres los visitamos. La mujer cae presa y la familia se olvida de ella»[1]. Una constante en las entrevistas fue las dificultades que encuentran las visitas en todas las instituciones de reclusión de mujeres. Si bien algunas de ellas no informan a su familia de su detención para que no sepan lo sucedido, la mayoría afirma que la familia vive lejos del centro de reclusión lo cual impide las visitas. Casi todas refieren las malas condiciones de los lugares de reclusión para recibir a sus familiares, particularmente a sus hijos. Otras señalaron que algunos CDP sólo permiten la visita de adolescentes y adultos, pero no niños; otros no permiten la entrada de hombres. Es decir, cada quien hace lo que mejor le parece de acuerdo a creencias o estereotipos sociales, sobre lo que es una mujer que delinque. Culpable sin juicio por ser entre las malas mujeres una de las peores. Esto sucede desde el momento de la detención. Evidentemente, así no hay justicia posible.

Finalmente, en nuestras reflexiones finales planteamos la necesidad de que estas mujeres sean reconocidas como ciudadanas con derechos humanos que deben ser respetadas como tal y, además, ser rehabilitadas. Para ello se requiere que se den las oportunidades de formación educativa y tecnológica, además de formación ciudadana, para su futura reinserción en la vida en sociedad, con mayor probabilidad de éxito.


[1] Entrevista a reclusa en el anexo de Tocorón. 28 años de edad, realizada en 2018.

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