Presentación

Presentación

Desde 2016 Una ventana a la Libertad viene monitoreando la situación de los centros de detención preventiva en varios estados de Venezuela. Con regularidad hemos publicado alertas, notas de prensa, documentos que han dado cuenta de las recurrentes violaciones a las garantías constitucionales que suceden en los centros de detención preventiva de Venezuela. El último informe de UVAL, publicado el pasado 15 de febrero “La muerte y la violencia asedian a los privados de libertad. Situación de los derechos humanos en los centros de detención preventiva en Venezuela 2017”, contiene un diagnóstico exhaustivo sobre la situación de derechos humanos de las 14.525 personas que han permanecido recluidas en 198 centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia, zonas que reúnen el mayor número de población penal del país durante 2017.
Producto del resultado de una investigación realizada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 en 198 centros de detención preventiva, 178 (89,90%) correspondientes a la jurisdicción civil y 20 (10,10%) a la jurisdicción militar, se denuncia un sobrepoblación de un 250,86%. Se pudo corroborar las fallas existentes en la infraestructura de los centros de detención preventiva que vulneran derechos fundamentales, tales como: 96,46% no posee comedor; 62,12% no posee servicios higiénicos; 100% no cuenta con servicio de lavandería; 92,93% no posee áreas recreativas; 86,87% no tiene áreas de visitas; 64,14% no posee servicios de agua potable; 52,02% no ofrece servicio de recolección de basura; 98,48% no cuenta con servicio médico; 61,62% no cuenta con áreas especiales para la población femenina; 100% no cuenta con áreas para mujeres con hijos menores de edad o lactantes; 99,49% no cuenta con áreas especiales para la población menor de edad; 100% no cuenta con áreas especiales para población GLBTI.
Durante más de 500 días nos hemos abocado a visibilizar las condiciones de vida de quienes no deberían pasar más de 48 horas en esos establecimientos. Es por ello que esta Ventana Informativa N° 9 , que hemos titulado Denuncias Vs Soluciones, quisimos explorar en los diferentes estados donde monitoreamos a los CDP cómo las denuncias de las organizaciones de la sociedad civil han impactado el desempeño de los actores responsables de la vida de los privados de libertad a lo interno y a lo externo de los calabozos, qué respuestas se le hadado a las secuelas del hacinamiento .
Urge que las autoridades del Ministerio del Servicio Penitenciario asuman su responsabilidad y deje de ignorar a quienes se encuentran en las bases de los diferentes organismos de seguridad. Las policías no tienen la capacidad para resolver los problemas que viven los privados de libertad dentro de los CDP. Es el Ministerio el que debe, en primer lugar terminar la infraestructura carcelaria prometida y el Gobierno, que debe obligar a las instituciones como el Ministerio Público a actuar efectivamente para que el retardo procesal no siga diezmando vidas.

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