Mujeres privadas han perdido a sus hijos por el retardo procesal

Mujeres privadas han perdido a sus hijos por el retardo procesal

Giovanna Pellicani / UVL Anzoátegui

Emelina Mota recuerda la última vez que pudo acariciar el rostro de su pequeño Juan Simón, el tercer hijo que tuvo junto a Simón Contreras antes de ser arrestadas por funcionarios de Polisotillo en el sector El Amparo de Puerto La Cruz, zona norte del estado Anzoátegui.

Esta joven de 27 años de edad fue detenida el 17 de julio de 2017 por supuestamente  ocultar sustancia estupefacientes que, al parecer, comercializaba su hermano. Ella asegura que es inocente de lo que se le acusa.

Mota tenía tres meses de gestación cuando fue llevada a los calabozos de la policía municipal de Sotillo, donde permanece desde entonces a la espera de ser absuelta o condenada por el Juez correspondiente del Tribunal en el estado Anzoátegui.

Sus audiencias han sido pospuestas en cuatro oportunidad y hace más de tres meses no es traslada a Tribunales para su presentación, pero mientras esto ocurría su pequeño de tan solo siete meses de edad presentaba un cuadro de desnutrición aguda y tuvo que ser trasladado a la sala de urgencias del hospital Luis Razetti en Barcelona, dos semanas más tarde falleció.

Evelinda Mota es la madre de esta joven y asegura que solicitó en más de una oportunidad que le diera los beneficios que le correspondían a su hija para atender a su bebé, pero sus súplicas no fueron tomadas en cuenta.

“Cuando nos pusimos intensos protestando y solicitando beneficios ordenaron el traslado de mi hija para la cárcel de La Pica, en el estado Monagas y fue entonces cuando el bebé empeoró. Ya mi hija no podía mandar la leche que lograba sacar de su pecho para alimentarlo a diario”.

Su retorno a los calabozos de Polisotillo lo obtuvieron después de haberse registrado la muerte del infante, cuya acta de defunción revelaba que había fallecido por desnutrición severa.

“Los otros dos niños están bien, pero necesitan la atención de su madre. Ella siempre trabajaba y junto a su esposo trataban de garantizar las comidas a los pequeños, pero ahora solos no podemos porque yo no puedo trabajar y Simón está desempleado. Nos ayudamos con lo poco que pueden aportar sus hermanos”.

Se agudiza

Una historia similar ocurre en un calabozo de la Policía del Estado Anzoátegui (Polianzoátegui), ubicado en el municipio Urbaneja de la entidad, donde una de las internas, quien pidió mantener su nombre en anonimato por temor, ha solicitado beneficios o casa por cárcel para atender a sus dos hijos de cuatro meses y cinco años, pero aún no se ha oficializado el requerimiento realizado por la mujer.

José Santoyo es defensor de los Derechos Humanos en la entidad y asegura que ha denunciado ante el Ministerio Público, muchas de las irregularidades y atropellos a los que han sido expuestas las mujeres privadas en la zona norte de Anzoátegui.

“Estas mujeres pernoctan  en celdas de espacios reducidos, donde en muchas oportunidades tienen que dormir sentadas por falta de espacio, no están siendo llevadas a Tribunales y en ocasiones hasta las visitas las restringen”.

Santoyo mencionó que no existe ningún tipo de selección o privilegio para quienes están en período de gestación o en el proceso de lactancia.

Por su parte, algunos de los familiares que a diario acuden a los calabozos de Polisotillo a llevar alimentos a las mujeres privadas denuncian que han comenzado a cobrar vacunas para poder hacer traslados a los Tribunales, pues de lo contrario les indican que no cuentan con vehículos para ello.

Actualmente 19 mujeres se encuentran privadas en este Centro de Coordinación Policial y todas están en un calabozo, a diferencia de Polianzoátegui donde 31 femeninas comparten dos celdas con reducido espacio.

La historia se repite

Según información aportada por el defensor de los Derechos Humanos en la entidad, José Santoyo, en lo que va de 2018 se han reportado tres muertes de lactantes que no pudieron estar con sus madres y sus familiares no tenían los recursos para atenderlos.

“Esto sin contar, al menos, dos embarazos que no tuvieron un feliz término porque las privadas no tenían una buena alimentación y los bebés nacían con muy bajo peso y prematuros, lo que les ocasionaba la muerte”.

Santoyo aseguró que es necesario que se les garantice el respeto a los derechos que le corresponden  a todas las privadas del estado Anzoátegui, en especial a las madres solteras.

“Estas mujeres están severamente afectadas emocionalmente porque ven cómo sus hijos requieren de su atención y además han denunciado hasta abusos sexuales cometidos por los uniformados de turno”.

Clamor

La mayor cantidad de denuncia la realizan familiares de las privadas que están en los calabozos de Polisotillo, donde según indican han tenido que hacer maromas para garantizar la alimentación de estas mujeres a diario.

Uno de los parientes cuenta que los alimentos que llevan dos veces por semana no llegan completos y muchas veces tienen  que llevarles alimentos adicionales para que algo le llegue a su familiar.

“Nosotros no tenemos a veces, ni que comer en la casa. Hacemos el sacrificios para traerle a nuestras mujeres y vienen los policías y se quedan con una parte”.

Supuestamente existen uniformados que cobran a los parientes de las privadas para garantizar que los alimentos lleguen completos a sus manos.

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